El consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto Ley (RDL) de medidas urgentes para garantizar la protección, información y asistencia a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. La mayoría ya figuraban en el plan de  contingencia puesto en marcha por el ministerio que dirige Irene Montero el pasado 17 de marzo y habían sido consensuadas con las diversas comunidades autónomas. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la protección de un "colectivo de personas especialmente vulnerables que deben ser objeto de protección por parte del Gobierno", tal como afirma una nota emitida por Igualdad.

El decreto considera como esenciales diversos servicios de protección a las víctimas, lo que significa que el Estado deberá garantizar su pleno funcionamiento en todo el territorio nacional durante el estado de alarma motivado por la emergencia del coronavirus.

Entre las medidas incluidas en el Real Decreto Ley figuran el número telefónico de asistencia 016, con algunas nuevas prestaciones puestas en marcha en los últimos días, como un consultorio de atención jurídica de urgencia al que tendrán acceso las víctimas de este tipo de violencia. Otra de las medidas puestas en marcha ha sido un servicio de atención psicológico de urgencia a través de Whatsapp.

Entre los servicios que se consideran esenciales se incluyen los de la red de servicios de acogida, como los centros de emergencia, las casas de acogida o los pisos tutelados, alojamientos seguros para las víctimas de violencia de género. A estos recursos tendrán acceso, también, las víctimas de otras formas de violencia machista, como la explotación sexual o la trata. 

Una novedad que incorpora el decreto y que había sido adelantada por este diario, es la posibilidad de utilizar alojamientos turísticos (hoteles) para albergar a este tipo de víctimas y a sus hijos e hijas, si existiese escasez de recursos de acogida durante el tiempo que dure la emergencia por coronavirus.

El decreto ley también garantiza el normal funcionamiento de los dispositivos de seguimiento telemático para el cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento en relación a la violencia de género.

Sin fondos adicionales

El Real Decreto Ley no incluye la asignación de fondos adicionales para implementar estas medidas. Lo que sí hace el Ejecutivo es flexibilizar y simplificar los procedimientos para "favorecer la ejecución" de los fondos del pacto de Estado contra la violencia de género. Esto supone que se permite a ayuntamientos y a comunidades autónomas utilizar los remanentes de los fondos no gastados en 2019 y junto a los que se distribuirán en este año, poder destinarlos a "dar respuesta a la violencia contra las mujeres en esta crisis", afirma el comunicado difundido por el ministerio de Igualdad.

El pacto de Estado contra las violencia de género fue aprobado en el Parlamento en septiembre de 2017 con una dotación total de 1.000 millones de euros a lo largo de cinco años. Anualmente las comunidades autónomas recibirían 100 milones de euros, los ayuntamientos se reparten 20 millones y la adminiatración central (ministerios) recibiría 80 millones. Sus fondos debían garantizar el cumplimiento de las más de 200 medidas que contiene el documento. En su momento Unidas Podemos se abstuvo en la votación debido a que consideraba escasas tanto las medidas como la financiación. 

Su puesta en marcha sufrió diversos retrasos y los primeros fondos comenzaron a llegar a las comunidades y ayuntamientos en el verano de 2018. El acuerdo estipulaba que si los entes locales no gastaban los fondos, esa cuantía se deduciría de la percibida al año siguiente. Este mes de abril debía ser evaluada la utilización de los fondos de 2018 y 2019. La medida aprobada por el Gobierno este martes supone que los fondos no gastados podrán asignarse a medidas específicas para proteger a las víctimas durante la actual situación de emergencia sanitaria.