Una carta enviada hoy a la Fiscalía General del Estado y firmada por 36 organizaciones y destacadas feministas que forman la recientemente creada Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, pide al Ministerio Fiscal que actúe de oficio y suspenda cautelarmente un evento que tiene previsto celebrarse en Madrid el próximo 6 y 7 de marzo para promocionar e intermediar en contratos de gestación por sustitución o subrogada.

Este evento que se promociona con nombre de 'Surrofair' se anuncia como "unas jornadas informativas que reúne a los mejores profesionales y clínicas de reproducción asistida para informar y discutir sobre las diferentes posibilidades en gestación subrogada".

Para las firmantes esta feria "supone una vulneración de la legalidad vigente y del interés público tutelado por al ley", tal como viene recogido en el artículo 124 de la Constitución, que prevé la acción de la fiscalía para actuar de oficio en dichos supuestos.

El escrito afirma que la celebración de esta feria vulnera al menos dos leyes. Por un lado el artículo 10 de la ley de técnicas de reproducción humana asistida (14/2006) y por otro el artículo 221 del Código penal.

La primera de ellas prohíbe de forma expresa la gestación subrogada o vientres de alquiler, afirmando que "será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un contratante o de un tercero" y añade que "la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto". 

La segunda ley vulnerada, según las firmantes, es el artículo 221 del Código Penal que castiga la entrega a otra persona de un hijo descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco eludiendo los procedimientos legales mediando compensación económica"

Según el escrito presentado hoy ante la fiscalía, son también conducta criminal las tareas de intermediación, especificándose que se trata de una conducta delictiva aunque esta se realice en el extranjero.

Para las redactoras y firmantes del escrito, está claro que Surrofair es un evento en el que participan empresas (24) en cuyos stands se ofrece información y la posibilidad de contratar a las empresas intermediarias en la búsqueda de madres gestantes, para lo que disponen incluso de catálogos, en los que las clasifican por raza, edad, etc, y cuyo objetivo es realizar contratos para intermediar entre las personas interesadas en nuestro país y mujeres que se encuentran en países en los que se permite realizar esta práctica. 

Por ello solicitan al Ministerio Fiscal que tras los trámites oportunos, suspenda el evento. 

Paralelamente, organizaciones feministas y personas contrarias a la gestación subrogada han organizado una movilización para el próximo 6 de marzo, día del inicio de la feria a las 12 de la mañana frente al hotel en el que tendrá lugar la feria.

No es la primera polémica que se genera en torno a Surrofair. Hace unos días, el Hotel Meliá Avenida América, donde se había anunciado inicialmente su celebración, se desmarcó del evento aduciendo que los organizadores no habían confirmado oficialmente el espacio y que el hotel no disponía de instalaciones para albergarla.

La organización, en la que participa Babygest, una revista digital de la que está detrás la empresa DCIP Consulting, SL (según denuncian sus detractores), tuvieron que reservar otro espacio alternativo a marchas forzadas, y ahora tendrá lugar en el Hotel  Weare Chamartín en Madrid. En la página web de la Surrofair hay un aviso anunciando que "la organización tomará las medidas legales que considere oportunas contra el Hotel Meliá Avenida América por la cancelación del acuerdo". La web del evento también advierte de que "se ha procedido a la denuncia contra las personas que han amenazado y coaccionado para evitar que se realice la Surrofair". Y añade: "Entendemos que cualquier grupo u organización tiene derecho a expresar libremente sus opiniones (a favor o en contra), si bien no se pueden tolerar bajo ningún concepto amenazas y coacciones o incitar a otras personas a que las hagan".

Entre las organizaciones firmantes del escrito a la fiscalía figuran, entre otras: Fundación Mujeres, el Partido Feminista de España, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Enclave Feminista, el Movimiento Democrático de Mujeres Hipatia, la Tertulia Feminista Les Comadres, el Colectivo de Mujeres por la Salud "Nielda", la Asociación E-mujeres, la Asociación Internacional de Mujeres artistas EmPoderArte, la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias, la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán o personalidades como la filósofa Alicia Miyares Fernández o la socióloga y política Soledad Murillo.