El 5 de abril de 2012, Íñigo Cabacas, de 28 años, había acudido al estadio de San Mamés para ver el partido entre en el Athletic de Bilbao y el Schalke 04. Poco después, en un operativo de la Ertzaintza injustificado e inadecuado según el juez, una pelota de goma disparada por un agente aún desconocido le impactó en el cráneo. Cuatro días después, Cabacas falleció en el hospital. La policía vasca no ha vuelto disparar uno solo de estos proyectiles desde entonces. Cinco agentes se sentaron en el banquillo, solo uno fue condenado a dos años de cárcel por homicidio imprudente, el mando de mayor rango presente en el operativo, que nunca entró en prisión. Nadie, salvo Cabacas y su familia, ha pagado por aquella tragedia.

Cuando un agente dispara una bala de goma durante una intervención policial pueden pasar muchas cosas. Ninguna es inocua, tal y como revela el último y extenso informe (casi 150 páginas) sobre este polémico e impredecible material antidisturbios que este miércoles han presentado en Madrid los colectivos de derechos humanos catalanes Irídia y Novact.

Cabacas es la única víctima mortal registrada desde al año 2000 por el impacto directo de una pelota de goma, pero los investigadores no se olvidan de las 14 (otras fuentes hablan de 15) personas migrantes que perdieron la vida en la tragedia del Tarajal, en Ceuta, en 2014. Murieron ahogadas mientras intentaban cruzar a nado el famoso espigón fronterizo con Marruecos. La Guardia Civil también les disparó hasta 145 pelotas de goma, y tampoco ha habido ningún condenado por estos hechos tras un largo, tortuoso y estéril recorrido judicial.

Además de estas muertes impunes, 13 personas recibieron un pelotazo en un ojo, ya fuera en una carga policial durante protestas sociales, eventos futbolísticos o en la frontera, donde suelen usarse estos proyectiles. De ellas, 11 perdieron la visión; siete, el ojo completo. Es la lesión más habitual provocada por esta munición "no letal", según costa en el informe Stop balas de goma.

Le ocurrió a Ester Quintana durante una huelga general en noviembre de 2012, en Barcelona. Desde entonces ha peleado, con el colectivo Ojo con tu ojo para que no haya más casos como el suyo, aunque no lo ha logrado aún. "Ya no puedo ver como vosotros, y vosotros ya no me veis como era antes", dijo meses después de su mutilación, en la comisión del Parlament de Catalunya donde se debatía un nuevo modelo de intervención policial. "Aceptarlo fue difícil. Truncó mi vida. Tuve que reconstruir todo, lo emocional, lo laboral, lo social...", ha recordado Quintana durante la presentación, en la que ha pedido una vez más su prohibición en todo el Estado español.

Además de en Euskadi y en Navarra, esta munición también fue prohibida en Catalunya en 2014. Solo volvieron a dispararse allí durante las cargas de la Policía Nacional enviada el 1 de octubre de 2017. También mutilaron el ojo a otro hombre, Roger Español.

Hace tiempo que los Mossos d'Esquadra usan balas de foam, más precisas en teoría, pero también peligrosas. Hay constancia de al menos dos víctimas que han perdido un ojo tras el impacto de estos proyectiles. La última, una joven durante las protestas y disturbios por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel.

"Son armas incontrolables, altamente peligrosas y obsoletas, del siglo pasado. ¿Cómo puede ser que estén permitidas si se sabe que cuando dan en un cuerpo humano producen graves lesiones?", se ha preguntado Anaïs Franquesa, abogada de Irídia, que ha recordado que, pese a esto, "su uso es cotidiano" y su objetivo suele ser "la ciudadanía". "Sobran motivos para su prohibición", ha resaltado.

Costillas, vértebras y un testículo destrozados

Pero la lista de estragos por el uso policial de esta munición es larga. El informe detalla, además del que mató a Cabacas, otro traumatismo craneoencefálico, la mutilación de un testículo, una oreja destrozada y un impacto en la nariz que necesitó diez puntos de sutura. En el torso, los pelotazos han roto vértebras y costillas, han destrozado dos bazos, y han provocado afectaciones cardiacas severas.

Pese a todo, el Estado español no cuenta con estudios médicos propios que analicen y evalúen los daños de un material antidisturbios que lleva utilizándose desde 1976 y ha provocado directa o indirectamente 23 fallecidos y 44 heridos graves. No en vano, las pelotas que se disparan son esferas de caucho natural vulcanizado, de 35 milímetros de diámetro, pesan entre 80 y 85 gramos y sus rebotes contra el suelo u otras superficies llenan de arbitrariedad cada disparo. Los proyectiles se achatan cuando salen de la escopeta y, al golpear, tienen una parte más puntiaguda, con mayor capacidad de penetración en partes del cuerpo delicadas.

Falta de investigación y reparación a las víctimas

Tampoco llevan ningún distintivo que las diferencie o que permita identificar qué agente las disparó y en qué momento. Es otro de los aspectos que aborda el informe: las escasas condenas y la pobres investigaciones policiales y judiciales a los agentes u operativos que han empleado este material de forma inadecuada.

De los 40 casos estudiados en las últimas dos décadas, ninguno ha concluido con una condena al autor material del disparo. De hecho, solo en el caso de Roger Español se ha identificado (gracias a Irídia) al policía que apretó el gatillo. "Sin embargo, a pesar de tener individualizado el agente y el momento concreto del disparo, ni los mandos policiales ni los agentes presentes en el lugar identificaron al autor. Tampoco lo hizo el Cuerpo Nacional de Policía. Esta es una dinámica recurrente y reiterada en todos los casos de violencia policial", denuncian los autores.

"Hablamos de la inutilización de un órgano vital, es un delito grave con penas de hasta 12 años de prisión", ha remarcado la abogada Anaís Franquesa. Para ella y para su colectivo, el principal problema del país en este sentido no es tanto el tipo de arma ni de munición (que también), sino la escasa o nula "fiscalización y control de las Fuerzas de Seguridad del Estado" y la "gran impunidad" con la que actúan, como ha recordado el Tribunal de Derechos Humanos en hasta 12 sentencias contra España por falta de investigación en actuaciones de las fuerzas de seguridad.

Al mismo tiempo, el informe señala la falta de una reparación efectiva para los lesionados. La Administración no ha desarrollado ningún mecanismo que trabaje activamente en ello cuando tiene constancia de que hay un herido consecuencia de una actuación policial cuestionable. Tampoco hay registros oficiales.

Según recoge el informe, 13 de las 40 víctimas reseñadas pidieron una reparación patrimonial, pero solo ocho la han recibido. Cuatro han sido denegadas, y una se encuentran todavía en proceso. Hay cuatro casos de los que no ha posible conocer el resultado.