El pasado mes de abril, se constituyó una comisión ciudadana para investigar las muertes de los 7.291 mayores, que perdieron la vida en los centros donde vivían sin recibir atención sanitaria, durante la primera ola de la covid. A petición de familiares de personas fallecidas, agrupados en las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, dicho tribunal aspira a esclarecer la verdad de lo ocurrido.

La comisión está dirigida e integrada por personas de reconocido prestigio profesional como el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, o María Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California. 

Entre marzo y abril de 2020, murieron 9.468 residentes madrileños (el 18% del total) y, de ellos, 7.291 (el 77%) lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Estas cifras suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo el país, durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que esta Comunidad contaba solo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España).

Tal y como ha reconocido el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, las derivaciones a los hospitales se desplomaron a partir del 6 de marzo.

Unos protocolos emitidos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impidieron el traslado de pacientes que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, salvo que la persona tuviese un seguro privado. Es decir, de la gran mayoría de los ancianos que en aquel momento residían en los centros de mayores. Tampoco se medicalizaron las residencias.

Asociaciones de familiares, trabajadores y gente de a pie recriminan que las decisiones de las autoridades "vulneraron el derecho de las personas residentes a la vida privada y a una muerte digna". Lamentan el abandono que sufrieron los mayores y exigen verdad y reparación.

Incluso Amnistía Internacional en un informe titulado Abandonados a su suerte consideró que se habían "vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, y en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación".

Las asociaciones por los derechos de los residentes critican que, sin embargo, hechos tan graves, tres años después, no hayan sido investigados a fondo y no se haya dado ninguna explicación más allá de las confesiones del exconsejero. Hubo un intento para indagar en el caso desde la Asamblea de Madrid pero enseguida fue paralizado por el PP y Vox.

Ahora, la sociedad civil ha puesto en marcha este tribunal ciudadano, el cual, durante los días 15 y 16 de septiembre, entrevistará a personas que sufrieron esta experiencia en primera línea, a profesionales que tienen conocimientos de lo sucedido (periodistas y médicos) y a responsables políticos de aquellos momentos.

Después, la comisión emitirá un informe que se hará llegar a diversas instituciones de la Comunidad, nacionales e internacionales. El objetivo, que se reabran las investigaciones y se depuren responsabilidades.