Ya han pasado tres años desde que 7.291 personas mayores perdieran su vida en las residencias madrileñas, tras enfermar de covid y que se les negara la posibilidad de ser trasladados a un centro hospitalario donde ser atendidas. Todavía ningún responsable de los llamados "protocolos de la vergüenza" ha sido condenado. Este jueves, se ha vuelto a abrir un pequeño rayo de esperanza para las familias de las víctimas, que aspiran a que "se haga justicia". 

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el exdirector de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, han declarado por segunda vez en un juzgado en relación con esta causa. Ambos exdirigentes ya fueron llamados para compadecer como testigos el pasado 23 de marzo ante el juez de Instrucción número 9 de Madrid, en el marco de una querella de Mareas de Residencias.

"Solo el 10% falleció en los hospitales. Este dato refleja muy bien lo que ocurrió y es algo absolutamente anormal", ha subrayado Reyero al concluir la comparecencia, que apenas ha durado unos quince minutos. En su declaración, el expolítico ha sido interrogado sobre el papel de los geriatras de los hospitales, dado que eran los encargados de autorizar los traslados, y sobre el funcionamiento concreto de los mencionados protocolos.

A preguntas de los abogados, Reyero ha expuesto ante el instructor que "en las residencias se cuida y no se cura". "Esos protocolos suponían que unas personas con unas determinadas características no tuvieran esa posibilidad de recibir asistencia hospitalaria", ha dicho en declaraciones que ha recogido Europa Press.

Además de el exconsejero y Mur, también ha ofrecido su testimonio al juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, la exdirectora de Salud Pública, Yolanda Ramos.

Declaran por segunda vez

Marea de Residencias abrió un litigio contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros exconsejeros madrileños "por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber del socorro y delito de prevaricación". 

Entonces, el exconsejero reconoció que las personas que ocupaban las residencias "quedaron abandonadas a su suerte" durante la primera ola de la pandemia por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica. Reyero insistió en que las directrices fueron "de exclusión" y en virtud de ellos "se impedía el traslado de los mayores en función de su situación de dependencia o discapacidad". Afirmaciones que ya recogió en su libro Murieron de forma indigna.

En este caso, los responsables han sido llamados para declarar en la investigación abierta tras la denuncia interpuesta por la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE), que trata de dilucidar si esos "protocolos de la vergüenza" se firmaron. En concreto, si hay algún tipo de responsabilidad penal en el fallecimiento de siete mayores que vivían en las residencia pública Adolfo Suárez y en la residencia privada con plazas concertadas Amavir Arganzuela.

El abogado de estas familias, Andrés Ollero, ha asegurado que las directoras de ambos centros de mayores madrileños han admitido este miércoles en sede judicial que efectivamente existieron y se aplicaron esos documentos. De hecho, tal y como ha demostrado un informe publicado esta semana, en Madrid murieron por covid más ancianos en residencias que en hospitales.