Miles de familias perdieron a seres queridos durante la pandemia. Algunos enfermos ni siquiera lograron salir adelante tras ingresar en los hospitales. Pero hubo a quienes directamente se les negó la posibilidad de ser atendidos por sanitarios, tras una orden emitida desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ahora, frente a la "inacción de las instituciones", una comisión ciudadana investigará lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid entre marzo y abril de 2020.

Durante este período, murieron 9.468 personas que vivían en centros de mayores (el 18% ) y de ellas, cerca del 80% lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Estas cifras suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo el país durante la primera ola de la covid. 

Las familias han intentado por todos los medios que los hechos se esclarezcan y se depuren responsabilidades. Pero ni los políticos, ni la Fiscalía, ni los juzgados parecen afrontarlo de cara. "Es como si hicieran como que no ha pasado nada", critican. 

El 6 de julio de 2020 se constituyó en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación. Sin embargo, tas haber realizado ocho sesiones, quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021. Aunque Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron su reapertura, esta fue denegada por el PP y Vox.

Dos años después, cansados del "abandono" de la Administración, la sociedad civil, agrupada en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha constituido una comisión ciudadana por la verdad con el objetivo de elaborar un gran informe que abra la puerta a futuros procesos judiciales sobre las muertes de 7.291 personas, que fallecieron sin recibir atención médica.

Incluso Amnistía Internacional en un informe titulado Abandonados a su suerte considera que "se ha hecho evidente que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia, en particular en Catalunya y Madrid, han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores". En concreto, la organización hace referencia al derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación.

Las familias reprochan que después de tanta muerte, tanto sufrimiento y tanta soledad "nada ha cambiado en estos centros": ni la dotación de medios, ni el número de trabajadoras y trabajadores, ni el tamaño de los centros, ni el alto número de centros privados, ni el modelo de atención, ni los responsables de dirigirlas.

"Sabemos que la sociedad civil tiene suficientes recursos y conocimientos para no quedarse de brazos cruzados y buscar la reparación para las víctimas", aseguran.

Expertos en Derecho y Sanidad

Los miembros que compondrán la comisión son personas de reconocido prestigio profesional. En este sentido, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín será el presidente y trabajará con figuras como la epidemióloga por la Universidad de California María Victoria Zunzunegui o Fernando Lamata, experto en Gestión y Administración Sanitaria.

También, la escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba Anna Freixas, el director del Instituto de Derechos Humanos y profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores, la socióloga Cristina Monge y el abogado Eduardo Ranz.