Cada año, la campaña de la fruta hace saltar a los medios la situación de los temporeros en Lleida. Las condiciones laborales y las dificultades para acceder a un alojamiento son los temas candentes, y aunque los agricultores niegan que las personas durmiendo en las calles de Lleida sean temporeros, las entidades sostienen que falta fiscalización para controlar a los que incumplen el convenio y no ofrecen sitio donde dormir. La precarización de las personas migradas, mayoría en el campo, y el racismo institucional complican una realidad social compleja.

La campaña normalmente empieza entre finales de abril y principios de mayo, pero este año lo hará más tarde debido a unas heladas tardías, que provocarán una reducción del 40% en la producción. "Habrá menos trabajo que trabajadores, no podremos emplearlos a todos", advierte Jaume Pedrós, responsable de temporeros del sindicato mayoritario, Unió de Pagesos. Normalmente la campaña mueve alrededor de 30.000 trabajadores —la cifra oscila porque no hay un censo oficial— y este año con 22.000 podría bastar.

Andrés (nombre ficticio) llegó de Guinea Ecuatorial en 2015 y ha trabajado distintos años en la fruta. Ha tenido experiencias mejores y peores en función del empleador. Este año espera poder volver a trabajar: "Si pudiera esquivar la fruta, la esquivaría. Sabes que te sometes a una autoexplotación, pero como no tienes otro remedio, lo tienes que hacer", explica a El Quinze de Público sentado en un banco al lado del río.

Una campaña anómala

El año pasado la campaña estuvo en el foco mediático. La aparición de distintos brotes de covid-19 encendió las alarmas, y en julio el Govern decretó confinamientos perimetrales de los municipios más afectados del Segrià mientras los payeses pedían que no se les criminalizara. La mayor parte de contagios se podrían haber producido en centrales frutícolas, espacios cerrados con circuitos de frío y muchos empleados, alojamientos a veces sobreocupados y el transporte entre campos, señala Alícia Buil, secretaria del sector agroalimentario de la UGT. "Creemos que nos podemos encontrar en un escenario similar al del año pasado en el campo. En las centrales se han tomado medidas", afirma.

Un año después, las empresas se han dotado de protocolos y el Departament de Salut ha anunciado medidas para controlar la situación, como cribados y un mayor seguimiento de las condiciones sanitarias. Los payeses señalan que los primeros interesados en evitar contagios son ellos mismos. Aun así, entidades como Fruita amb Justícia Social dudan de que sean medidas efectivas: "¿De qué sirven los cribados si luego vuelven a dormir en plazas? Hay que aplicar medidas de prevención", apunta uno de sus portavoces, Llibert Rexach. "El problema de fondo es el mismo, no hay mecanismos de acogida para los temporeros", añade Andrés.

La vigilancia epidemiológica se complica en los casos en los que los temporeros no viven en alojamientos establecidos, sostiene Pedrós. Algunos duermen en alojamientos particulares de los payeses, mientras otros lo hacen en albergues municipales que contrata el empleador. Pero también hay sinhogarismo, incluyendo infraviviendas y ocupaciones de pisos. "La mayoría de agricultores lo hacen bien, pero el problema es que el coste de la minoría es muy grande", señala Rexach. Los que duermen en la calle, según los payeses, no trabajan en la fruta o, si lo hacen, es fuera del territorio. "La mejor manera de tener a la gente es en un alojamiento, porque si duermen en la calle, al día siguiente no rendirán", argumenta Pedrós.

No dar alojamiento incumple el convenio, según el cual hay que dar un sitio donde dormir a los trabajadores empadronados a más de 75 kilómetros. Fruita con Justícia Social no es la única que denuncia vulneraciones. UGT insiste en que cada año se incumple el convenio: "No hay un censo de los alojamientos, no hay un control. Es muy grave, porque no es una cosa sobrevenida", señala Buil. El sindicato propone que en los contratos de trabajo sea obligatorio certificar donde residirán los empleados, para que Inspección de Trabajo tenga "una herramienta más".

Los sindicatos de agricultores sostienen que las cosas se hacen bien: "No culpabilicemos a los de la fruta porque la mayoría lo hacemos bien. Y los que no, que se les sancione", afirma Sergi Balué, jefe sectorial de Fruita Dolça del sindicato Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). También lamentan que no se hayan abierto las ayudas de la Generalitat para la construcción de alojamientos que se dieron hasta 2010. Aun así, el Govern ofrecerá una ayuda de 50 euros por trabajador y semana a los empleadores que alojen a temporeros. "Es surrealista que se los premie por cumplir el convenio", lamenta Rexach.

Aunque este año algunos consistorios han abierto nuevas plazas de alojamiento, la mayoría son para que positivos o contactos puedan hacer cuarentena. Es el caso de módulos prefabricados en Aitona o Alcarràs. En Lleida, el 1 de junio se volverá a abrir el pabellón 3 de la Fira de la ciudad para alojar a personas sin hogar.

"Denunciamos que no se ha creado ni una plaza más, aparte de las de Lleida, para aquellos temporeros que no tienen vivienda", afirma Rexach. El activista tilda de "perverso" que se hayan creado sólo para aquellos que ya hayan contraído la covid. "Acojámoslos antes y así prevenimos que enfermen", añade. Hace pocas semanas, el ayuntamiento de Lleida y el Govern firmaron un acuerdo para construir un albergue en la ciudad que podrá acoger a unas 120 personas, pero no estará operativo hasta la próxima campaña.

El caso de las ETT

Josep Cabré tiene una explotación de alrededor de 40 hectáreas en Alpicat (Segrià) y cada año emplea a los mismos siete u ocho trabajadores, la mayoría de Gambia y de Mali, que viven en el pueblo. Tiene una casa arreglada para ellos y señala que esta situación es la mayoritaria. Niega que los que duermen en las calles en Lleida sean temporeros: "La gente que trabaja en los campos no va de Lleida a Alpicat a trabajar y vuelve a Lleida a dormir en la calle". Señala que, como la mayoría, ha establecido unos lazos con sus trabajadores. Pese a esto, señala que "otra cosa es la gente que va a fincas a través de ETT", empresas de trabajo temporal.

"Las ETT trabajan con un flujo de gente que es más difícil saber si tienen todos los papeles. Nosotros no podemos hacer de policía, sólo podemos responder de lo que hacemos nosotros", afirma Pedrós. La contratación a través de ETT la hacen sobre todo explotaciones muy grandes o, en momentos puntuales, los payeses que tienen un pico de trabajo. Mueven un gran volumen de trabajadores, que podrían ser casi la mitad. "Hay un descontrol brutal, y las empresas no se pueden desentender", apunta Buil. Rexach añade que, aunque la mayoría de sindicatos y ayuntamientos tienen bolsas de trabajo, cada vez son menos los agricultores que contratan desde ahí porque las ETT ofrecen un menor coste. "La ETT vulnera los derechos indirectamente, pero no explota. Entre uno y el otro, el payés, no hay un control". "La gente tiene que saber lo que pasa en el campo, porque a veces comen una fruta sin saber lo que hay detrás", concluye Andrés.