"No se pueden poner en marcha políticas de salud pública para controlar una pandemia teniendo miles de excluidos del sistema que están durmiendo en la calle", decía a Público hace casi dos meses Blanca Garcés, investigadora del CIDOB experta en migraciones. Se refería, sobre todo, a las imágenes de cientos de temporeros durmiendo en las calles de Lleida y alrededores, donde se concentra ahora el principal foco de infección por coronavirus desde que acabó el estado de alarma. Los sanitarios confirman ahora esta advertencia, cuando los evitable ya ha sucedido, cuando el rebrote es una bomba de relojería que amenaza a todo el país.

Son muchas las voces que aseguran que el confinamiento de la comarca del Segrià anunciado por la Generalitat de Catalunya era más que previsible. Y se debe, fundamentalmente, a las condiciones en las que los temporeros se ven obligados a y trabajar y a vivir durante la campaña de recogida de la fruta en la zona, algo que también afecta a la vecina provincia de Huesca. Este lunes, Aragón decretó la vuelta a una fase 2 "flexibilizada" en Zaragoza, Huesca y cuatro comarcas orientales, al tiempo que se localizaba un nuevo brote en un asentamiento de temporeros en un almacén abandonado en Albalate de Cinca, una de las comarcas oscenses limítrofes con Lleida.

Con los datos del pasado viernes ya se podía hablar en Lleida de trasmisión comunitaria descontrolada del virus en la zona, con 338 nuevos positivos solo ese día y 84 personas hospitalizadas, a pesar de llevar casi una semana de confinamiento perimetral en los 38 municipios del Segrià, incluida la capital leridana. Un 28% de los hospitalizados eran trabajadores del sector de la fruta, explicó a EFE el responsable de Covid del Hospital Arnau de Vilanova, José Luis Morales, que hablaba de situación "crítica".

Doce de los 20 brotes de la región están localizados en empresas hortofrutícolas. "No es criminalizar al temporero, sino que las condiciones en las que viven hacen difícil las medidas de contención", ha precisado este mismo lunes. El especialista ha afirmado que el sistema de salud está preparado para las personas que están empadronadas pero el alud de temporeros, sin un domicilio concreto y en situaciones de hacinamiento en ocasiones, ha dificultado el seguimiento de estos enfermos.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Lleida, Ramon Mur, ha reprochado la falta de coordinación de las instituciones y la improvisación, ya que en mayo se alertó de este riesgo al Gobierno central y al autonómico debido al "gran número de personas" que estaban llegando sin contrato a la zona buscando empleo en la temporada.

"El problema de los temporeros durmiendo en las calles o en infraviviendas y hacinados no es nuevo, ocurre todos los años y mucha responsabilidad es de las empresas, que tienen que garantizar la vivienda a gran parte de los trabajadores", apunta a Público Gemma Casal, miembro de la plataforma Fruita amb Justícia Social, que lleva años denunciado la vulneración de derechos "tanto laborales como fundamentales y humanos" de los trabajadores agrícolas, una gran parte migrantes y en situación irregular.

El modelo de negocio de la agroindustria conduce inexorablemente, entre otros problemas, a que una pandemia sea incontrolable, sentencia la activista. "Requiere del uso y abuso de recursos naturales y de una enorme cantidad mano de obra hiper precarizada sin la que no había fruta que exportar a precios bajos", asegura. "No solo se utiliza a personas en situación irregular, también a personas con papeles en empresas que no cumplen los convenios, que no dan alojamiento decente o que no toman medidas de seguridad, ni en el campo ni en las centrales de envasado de fruta", argumenta. Lugares que, como los mataderos, están siendo un foco de infección por sus condiciones de temperatura, humedad y poca distancia social.

Efecto llamada de la patronal de la fruta

A esto hay que sumar un "efecto llamada" del que los sindicatos y esta plataforma culpan a la patronal, Afrucat, que durante el confinamiento alertó de la necesidad de entre 35.000 y 40.000 trabajadores para la campaña de la fruta de hueso. El cierre de fronteras dejó fuera de la ecuación a los habituales trabajadores provenientes de Marruecos, Colombia y otros países, lo que ponía en riesgo la recogida. "Su preocupación era lógica, pero se priorizó la economía sobre la situación sanitaria con números que no eran reales. Si me preguntas a mí, con 8.000 trabajadores había valido, y eso es lo que defendimos en las mesas sectoriales hace meses", afirma a Público Ventura Campos, responsable de CCOO d'Indústria en Lleida.

Según este sindicalista, el rebrote "no ha sido un accidente, se veía venir porque no se hacen las cosas bien. No se hacen ningún año, pero este era muy diferente al resto", sentencia. Denuncia que, "cuando todos estábamos en casa sin poder salir, había empresas de trabajo temporal (ETT) repartiendo salvoconductos indiscriminadamente para que temporeros que estaban en cualquier parte de España pudieran llegar a Lleida, sin siquiera tener contrato" y que la patronal y "algunos alcaldes" insinuaban que se facilitarían papeles temporales a estos trabajadores. "Eso preparó el camino hacia un desplazamiento que ha desbordado las capacidades", dice.

Para Gemma Casal, las ETT son una parte fundamental del problema, ya que garantizan una bolsa de trabajo constante de la que obtienen beneficios, "pero no están facilitando vivienda en muchos casos, no hay vivienda suficiente para todos los trabajadores que mueven", apunta. También aseguran un flujo constante de empleados en caso de que el virus obligue a pasar cuarentena a un grupo determinado. "Es mercantilización pura de la gente más vulnerable", añade.

"Se sabía desde hace meses que iban a llegar temporeros, con papeles y sin papales, que iban a tener que dormir en la calle, en almacenes, en pisos hacinados o sitios abandonados y en pabellones. La contención no se ha hecho bien", denuncia Ventura, que destaca que los alojamientos facilitados por los empresarios "no son gratuitos, sino que se descuenta un 10% del salario y muchos ni siquiera tienen agua potable".

Miedo a la baja o al despido

La falta de medidas de seguridad, apuntan Casal y Campos, no pasan solo por la falta de gel hidroalcohólico y de mascarillas en el campo, sino también en los almacenes, en los transportes hasta las fincas, en la falta de test y pruebas PCR. "Muchos trabajadores nos trasladan que antes del brote de hace 15 días solo tenían una mascarilla para la semana, que no había mamparas entre trabajadores y que se han empezado a hacer pruebas cuando ha empezado a haber muchos casos", sostiene Casal. Ventura asegura que se han hecho test, "pero es imposible decir si son muchos o pocos, no hay referencia ni precedentes para saber eso".

Esto se une a las bolsas de irregularidad, muchos asintomáticos, totalmente al margen de controles y que ni saben ni quieren saber si están infectados. "Vienen a trabajar, necesitan ganar dinero para sobrevivir, aguantan cualquier situación para ello y no pueden permitirse perder 15 días confinados en un pabellón", argumenta la activista. Campos considera, además, que ocurre lo mismo con trabajadores con contrato. "Hay que ponerse en su piel. Recorren 500 kilómetros y encuentran un trabajo, ¿cómo le van a decir al empresario que tienen fiebre si automáticamente se les confina y se les da de baja mínimo 15 días?", ilustra.

Por la misma razón, los empleados no denuncian la falta de EPIs, las horas extra no pagadas o que hayan cotizado al final de la campaña menos de la mitad de los días que han trabajado, apuntan. Por eso piden más presencia de la Inspección de Trabajo. "Hemos denunciado casos de malas prácticas, pero muchas de los casos que nos llegan no podemos acreditarlos ni denunciarlos", dice Ventura.

La campaña de la fruta continúa

Y el problema no termina con la campaña de fruta de hueso. Después llegará la vendimia en La Rioja y el Penedès, la manzana y la pera, los cítricos en Valencia, la aceituna en Andalucía y vuelta a los frutos rojos en Huelva. "Esta es la campaña que más gente moviliza, pero los trabajadores van a seguir desplazándose a donde haya trabajo, un trabajo esencial, que no va a parar", apunta Casal, pero que se realizan en una precariedad que va más allá de lo laboral. "Es por esas condiciones de explotación por los que no hay población local ni española trabajando en el sector desde hace décadas", insiste Casal.

"Si no hay previsión y el descontrol es el mismo que en la campaña de Lleida, ya hemos visto cuáles son las consecuencias", sostiene Ventura. Mientras tanto, el clima de racismo, xenofobia y aporofobia aumenta a medida que el número de casos positivos crece. "Mirar hacia otro lado, negar el problema, culpar a las víctimas no es el camino para solucionar una situación endémica", sostiene Fruita amb Justícia Social, que pide a los ciudadanos que señalen a los "verdaderos culpables: patronal y administración".