Este martes se cumplen diez años de una de las mayores tragedias migratorias sufridas por nuestro país: la muerte de 15 migrantes subsaharianos, según las resoluciones judiciales, cuando pretendían entrar en Ceuta a nado a través del espigón fronterizo del Tarajal.

Todavía permanece en el recuerdo aquella mañana cuando más de 250 migrantes subsaharianos se lanzaron al agua para intentar entrar en Ceuta a través de la frontera sur. Un episodio por el que dieciséis guardias civiles fueron investigados en una causa que se archivó y que ahora está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional. De esta forma, una década después, las víctimas y sus familiares siguen buscando justicia.

Según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, en septiembre de 2019, los guardias "dispararon pelotas de goma y botes de humo con propósito disuasorio desde la playa ceutí del Tarajal al mar en el que una serie de personas intentaban alcanzar Ceuta a nado y que fueron obligadas a volver a Marruecos".

"No obstante, no todas consiguieron volver nadando y se ahogaron quince personas, resultando otras lesionadas", según añade el auto. Asimismo, 23 de los supervivientes que lograron llegar a tierra fueron expulsados mediante las llamadas "devoluciones en caliente".

La causa llega al Constitucional

Ante el recurso de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, ese mismo juzgado archivó la causa. La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ratificó esa decisión al afirmar que el uso del material antidisturbios empleado ese día por los guardias civiles fue "adecuado y proporcional" a las circunstancias y a lo permitido, un fallo que respaldó más tarde el Supremo.

La Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) recurrieron en amparo al Constitucional, que en junio del año pasado acordó revisar el caso.

Así lo hizo, explicó, porque "afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal" y porque "el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna".

El fiscal se ha adherido a la petición de estas organizaciones al cuestionar que se hayan cumplido los cánones de la protección del derecho a la vida reconocido en la Constitución española.

Está pendiente de admisión otro recurso interpuesto por las familias de cinco de los fallecidos, que plantean "que se ha violado el derecho a la vida de sus familiares y su propio derecho a comparecer en sede judicial, así como que también se violó su libertad religiosa por no ser enterrados los cuerpos por sus preceptos religiosos".

"En los tribunales no se nos trató como seres humanos"

Desde el primer momento, las resoluciones judiciales han dicho que 15 personas murieron esa madrugada: diez están identificadas formalmente, tres se sabe quiénes son gracias a la labor de esas ONG aunque no se han practicado pruebas de ADN, y hay una persona cuya identidad se desconoce.

Las víctimas cuyos nombres se conocen son Jeannot, Armand, Samba, Daouda, Luc, Yves, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Omarou, Blaise y Roger Chimie, según Caminando Fronteras, una de las organizaciones más implicadas en la identificación de los fallecidos.

Los nueve fallecidos identificados están en Marruecos, mientras que cuatro de los cinco cuerpos hallados en España siguen sin identificar. "A lo largo de estos diez años el Estado español se ha negado a identificar los cuerpos de cuatro de las cinco víctimas enterradas en España", han denunciado varias ONG en un comunicado conjunto, en el que añaden que "los familiares no han tenido posibilidad real y efectiva de ser parte en el procedimiento. Los consulados han denegado la toma de muestras de ADN y rechazó en varias ocasiones la petición de visados para que las familias pudiesen visitar el lugar de la muerte de sus hijos y sus sepulturas".

Por otro lado, hace una semana, una de las víctimas de esta tragedia, Ludovic N., presentó una queja ante el Comité contra la Tortura de la ONU por los malos tratos sufridos, su expulsión y la falta de investigación pronta e imparcial de su caso, ya que asegura que se le impidió testificar durante toda la investigación, antes de que la causa fuera finalmente archivada.

"Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como seres humanos", afirmó Ludovic N.

Las organizaciones denunciantes han puesto el foco este martes en la "inacción" de las autoridades españolas durante estos diez años. También lo ha hecho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha lamentado que no haya existido justicia ni reparación para las víctimas ni existe garantía de que no se repita un hecho similar.

Las ONG han celebrado un homenaje a primera hora de la mañana de este martes frente al Congreso y han convocado una concentración a las 19.30 horas en la madrileña plaza de Lavapiés. El pasado sábado, al igual que ha venido ocurriendo todos los años, se celebró en Ceuta la "Marcha por la Dignidad", en la que colectivos y asociaciones exigieron que las víctimas no queden en el olvido.