El Tribunal Supremo ha rebajado la pena que le impuso la Audiencia Provincial de Badajoz a Sara B. B. de cuatro a dos años de cárcel por el supuesto secuestro de sus hijas. En una sentencia emitida el 6 de abril, el alto tribunal rebaja la pena a dos años porque establece que existió un delito de sustracción de menores y no dos. 

Sin embargo, se mantienen los cuatro años de pérdida de la patria potestad de las niñas y el pago de una indemnización de 15.000 euros al padre de la hija mayor y tutor legal de la pequeña por daños morales.

Esta sentencia se conoce pocos días después de que el mismo tribunal confirmase que la detención de Sara en abril de 2019 fue ilegal. La jueza que ordenó el arresto, que ha sido sancionada por el CGPJ, no tenía las competencias para hacerlo.

Un proceso judicial tortuoso

Con esta sentencia del Supremo, prosigue el largo y tortuoso proceso judicial de Sara B. B., que se inició con una denuncia de oficio en febrero de 2016 por parte del Servicio de Salud extremeño por un posible caso de malos tratos por parte de su expareja. Cinco años después, y sin que existan aún medidas definitivas sobre la custodia de las menores, a la madre se le retiró la custodia de sus hijas, fue detenida por la Policía a petición del juzgado de lo civil, fue apartada de sus hijas y condenada por sustraerlas.

El 10 de abril de 2019 fue detenida sin previo aviso cuando acudió al juzgado junto a su hija pequeña para recoger un documento. La Policía la detuvo a la salida del juzgado por orden de una jueza de lo civil, que dictó una orden de detención sobre Sara en contra de los criterios del juzgado de lo penal.

Fue obligada a desnudarse y someterse a un examen de sus partes más íntimas y separada de sus hijas de forma violenta porque su expareja la acusó de haber secuestrado a las niñas y de estar en paradero desconocido (incluso en el extranjero), a pesar de que no se había movido de su casa.

Desde aquel día, Sara estuvo más de dos años sin poder ver a sus hijas ni pudo hablar con ellas, aunque no existía una orden de alejamiento ni prohibición de comunicación. Y en junio de 2021 un juzgado de Zafra otorgó la custodia definitiva a la expareja de Sara; decretó que ésta pudiera ver a las niñas en un punto de encuentro familiar de forma vigilada una hora un día a la semana y la obligaba a someterse a terapia de pareja con su ex, que fue denunciado por violencia de género y por el posible abuso de su hija mayor.

El juzgado otorgó la custodia definitiva al hombre pese a que en dos ocasiones (mayo de 2019 y mayo de 2021) el Registro Civil de Badajoz dejó claro que no existe relación paterno-filial entre la expareja de Sara y su hija menor. No está registrada con sus apellidos ni figura como progenitor porque nunca la reconoció. En los autos emitidos el Registro Civil afirma que "no autoriza el reconocimiento" y que "contra la presente resolución no cabe recurso de clase alguna".

El pasado mes de febrero, el Tribunal Constitucional amparó a Sara por el trato vejatorio que sufrió aquel día en la Comisaría de Badajoz y ordenó que se investigue de forma eficaz y exhaustiva con el fin de esclarecer lo sucedido en la citada comisaría.

La Asociación mujeres libres, mujeres en paz ha creado una campaña bajo el título "Mamá está castigada" para defender los derechos de Sara B. B. y denunciar su caso. Esta asociación, tras conocer la sentencia del Supremo, considera que "se prolonga una tortura judicial que dura ya seis años, llena de irregularidades y violencia institucional, y en la que el bien superior de las menores no ha sido tenido en cuenta". Y observa que la nueva sentencia "abunda en errores e injusticias previas, algunas de las cuales se repiten en otros casos de madres protectoras".