El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha denunciado a través de un comunicado que el fondo de inversión Blackstone, el mayor casero de España, está maniobrando para desahuciar a unas 60 familias de dos bloques de viviendas de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en pleno estado de alarma por la emergencia del coronavirus.

Se trata concretamente de los vecinos de 50 viviendas del número 7 de la calle Francisco Salzillo y otra decena del número 4 de la calle Juan Gris de Torrejón, dos de los bloques del barrio del Soto del Henares que en origen fueron construidos como viviendas de protección pública y que en 2015 fueron vendidos por el ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por el PP, al fondo de inversión Blackstone. 

Según el Sindicato de Inquilinos, el arrendador, Fidere —filial en España del fondo de inversión Blackstone—, pretende "generar una falsa situación de impago para así interponer demandas judiciales" con el fin de agilizar los desahucios. 

Los inquilinos de estos dos edificios de Torrejón de Ardoz se negaron el año pasado a firmar los nuevos contratos de alquiler por considerar "abusiva" la subida de sus alquileres.

En su comunicado, el Sindicato de Inquilinos ha señalado que Blackstone ha devuelto "de una sola vez todas las cuotas ingresadas desde agosto", que los arrendatarios ingresaban mediante transferencia bancaria.

Indican que "la maniobra, habitual en los procesos especulativos de los últimos años, facilitaría la expulsión" de los inquilinos de unas viviendas, "a las que accedieron con protección pública".

Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos, ha asegurado que los vecinos de los dos bloques de Torrejón se hallan "fuera de contrato pero con absolutamente todas las mensualidades de alquiler abonadas, lo que demuestra que hay intención de pago pero no de firmar unos contratos abusivos".

Gil señala que la devolución de los alquileres es "una medida de Blackstone para meter miedo y más presión para que así firmen los contratos", y que, en su opinión, "no hay ninguna duda" de que el siguiente paso por parte del fondo de inversión será demandar a los arrendatarios.

Añade también que la devolución de las cuotas se ha realizado "aprovechando la situación generada por la pandemia de la covid-19", ya que el estado de alarma impide que los inquilinos depositen sus rentas en el juzgado como muestra de que continúa existiendo "intención de pago".

Versión de Blackstone

Fuentes de Blackstone, en concreto de la inmobiliaria Testa que gestiona estos pisos, señalan a Efe que el contrato se terminó el pasado mes de diciembre y que 180 de 250 inquilinos firmaron un nuevo contrato por período de 7 años, el plazo cuando el arrendador es un gran tenedor de vivienda.

Testa añade que los que no lo hicieron siguieron pagando los recibos con el precio del contrato ya finalizado y ahora se les devuelven estos pagos, según la inmobiliaria, cumpliendo con la legalidad.

La compañía señala que están "cumpliendo escrupulosamente las leyes" y que "están trabajando muy de cerca con los inquilinos porque su intención es llegar a un acuerdo extrajudicial", además de negar que la devolución de los recibos esté relacionada con la pandemia.

Las mismas fuentes recuerdan asimismo que estos pisos dejaron de tener precio protegido en 2016, cuando se dio la opción de compra o un alquiler con precio libre.