Los dos estudiantes universitarios y las cuatro personas sin hogar de Sevilla que permanecían en prisión preventiva desde el pasado 17 de febrero han salido en libertad con cargos la mañana de este viernes. Así lo han confirmado a Público fuentes de la defensa, que añaden que ha sido una decisión "totalmente inesperada".

Los conocidos como "los seis de la Macarena" han pasado casi dos meses en prisión provisional sin fianza tras se detenidos durante el desalojo policial de un bloque de viviendas vacías que habían ocupado, situado en la calle Magdalena de la capital andaluza, en el mismo edificio que, años atrás, había albergado el Centro Social Okupado Casas Viejas, símbolo del movimiento okupa y por el derecho a la vivienda de Andalucía durante la pasada década.

Este viernes, el juez ha aceptado la petición de sus abogados y les ha dejado en libertad después de que dejaran consignados en el juzgado 500 euros cada uno. En total son 3.000 euros que los acusados han entregado, aunque no se trata de una fianza, sino de una señal de buena voluntad para hacer frente a una posible condena por daños, han explicado fuentes de la defensa.

A los acusados, miembros de la llamada Corrala Dignidad, se les imputan los delitos de usurpación, atentado a la autoridad, desórdenes públicos, coacciones, seis delitos de lesiones y daños en una de las viviendas que okuparon, aunque no todos tienen imputados los mismos delitos. Sin embargo, aún no hay fecha para el juicio. Este viernes estaba prevista su declaración en sede judicial, pero no ha sido necesaria finalmente.

La decisión de dejan consignados en el juzgado 3.000 euros ha sido una medida de la defensa para generar circunstancias novedosas con las que poder solicitar nuevamente su libertad con cargos. Tras su detención, el juez Álvaro Martín, magistrado del Juzgado de Instrucción Número 4 de Sevilla, decretó prisión provisional sin fianza. Una medida que su defensa y diversas organizaciones y partidos políticos consideraron "totalmente desproporcionada" teniendo en cuenta que los acusados tenían arraigo —dos de ellos son estudiantes universitarios y los otros cuatro personas sin hogar con familia e hijos a cargo— y no existía riesgo de fuga.

Pese a los recursos de sus abogados, el juez mantuvo la medida cautelar, dejando a estas personas privadas de libertad "sin estar acusados de ningún delito grave", critican los abogados. Sin embargo, ante el depósito de 3.000 euros, ni la Fiscalía ni los abogados de la acusación se han opuesto a la petición de libertad de los detenidos, por el que el juez les ha dejado salir casi dos meses en prisión.