Según un informe de la investigación abierta por la Universidad a raíz de la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la Universidad admite que las diligencias efectuadas relevan "un funcionamiento gravemente irregular" del instituto respecto al desarrollo del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico y las calificaciones efectuadas en el mismo.

Por todo ello, "y respetando el procedimiento iniciado con la puesta en conocimiento de la Fiscalía de los indicios delictivos por falsificación documental, se procede a tomar medidas que permitan "el control del funcionamiento de dicho instituto para el esclarecimiento de lo sucedido".

El director, ya suspendido de funciones del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Enrique Álvarez Conde, no ha entregado la información requerida por el rector del centro, Javier Ramos, de aportarle la memoria de actividades, gestión y las cuentas del organismo.

Así consta en el informe de conclusiones de la investigación abierta por la Universidad a raíz de la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha presentado Ramos en el Consejo de Gobierno, donde ha avanzado que prosigue la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público y, en particular, en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico "de todas las formas que se consideren oportunas y en todo lo que no interfiera con la denuncia ante la Fiscalía".

En este informe, se recomienda tomar las medidas que "aseguren la obtención de información y de control" del Instituto de Derecho Público en todas sus actuaciones y, en particular, respecto al desarrollo del polémico y de las calificaciones efectuadas en el mismo.

Por otro lado, se realizará una auditoría de todos los institutos y centros propios de la universidad para garantizar que todos los procesos de gestión académica y económica se desarrollaron conforme a la legislación, una decisión que se toma ante los "graves hechos" que ocurrieron con anterioridad a su toma de posesión.

"El objetivo de la misma es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional", expone Ramos en su informe ejecutivo sobre el caso que ha presentado al Consejo.

"Todo ello se enmarca en la política de defensa de la reputación de la institución y de la honorabilidad de todos aquellos que forman parte de la comunidad universitaria. Nuestro compromiso implacable es el de investigar cualquier otra irregularidad o mala praxis de la que se pudiera tener conocimiento con el propósito, siempre, de depurar todas las responsabilidades a las que hubiera lugar", recoge el informe.

Además, asegura que está "fuera de duda la honorabilidad de la inmensa mayoría del profesorado y del personal de administración y servicios de todos los centros de la universidad". "Por ello, este equipo de Gobierno se compromete a erradicar las malas prácticas pasadas y futuras que se pudieran dar en esta universidad".