El 24 de julio se cumplen seis años del accidente ferroviario que supuso la muerte de 80 personas y que dejó a 144 heridos en el barrio compostelano de Angrois. El siniestro tuvo lugar al descarrilar un tren Alvia que circulaba con un exceso de velocidad por un despiste del maquinista en una línea que no disponía de un adecuado análisis de riesgos en su tramo final, donde aparece la primera curva tras un trayecto casi rectilíneo desde Ourense.

Las responsabilidades penales siguen sin determinarse cuando ya han pasado casi 2.190 días de la colisión, pero el juez mantiene imputados al maquinista, Francisco Garzón Amo, y al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.

Así, en el ámbito judicial, la causa está pendiente del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre dichos recursos, que son un total de 10: uno de cada una de las defensas de los imputados y ocho en representación de víctimas.

Indignación desde la plataforma de las víctimas

La Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 denuncia a través de una carta la falta de implicación de los gobiernos centrales. "Es extremadamente grave y dice muy poco de nuestras instituciones que aún no se haya puesto en marcha una investigación técnica independiente, tal y como ha solicitado la UE en reiteradas ocasiones, primero al gobierno del PP y después al del PSOE", aseguran.

"En un durísimo informe –prosigue la misiva–, la UE concluyó que el gobierno no cumplió con la obligación de investigar la tragedia (Directiva 2004/49/CE), poniendo de manifiesto la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) al no analizar las causas raíz, precisamente las que afectan a Fomento, Renfe y Adif", declaran.

"Las víctimas y la ciudadanía merecemos saber toda la verdad. No investigar correctamente impide tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles puedan volver a repetirse, uno de los principales objetivos señalados por la normativa", concluyen.

En concreto, la plataforma de víctimas entiende que "también existe responsabilidad penal por parte de Renfe", ya que tenía constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva y "no actuó en consecuencia".

Responsabilidad penal para el maquinista

La investigación acumula miles de folios y el instructor la ha dado por concluida señalando las responsabilidades penales del maquinista, que aquel día tomó la curva de A Grandeira a más velocidad de la debida tras atender una llamada telefónica del interventor, y del exresponsable de seguridad de Adif, por un deficiente análisis de riesgos en la curva. La tesis es que, de haber hecho esa evaluación, Adif habría detectado el peligro y debería haber actuado para minimizarlo.

Mientras Garzón fue relegado a tareas de conservación de trenes, Cortabitarte continúa al frente de un puesto de libre designación en la entidad pública empresarial que a día de hoy preside la gallega Isabel Pardo de Vera.

A no ser que los magistrados de la Audiencia dictaminen lo contrario (y a expensas de que amplíen o no las imputaciones), ambos, Garzón y Cortabitarte, se sentarán en el banquillo de un juzgado de lo penal para responder por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave. De acuerdo con las previsiones del titular del juzgado número 3, habrá que esperar, al menos, hasta el año 2020 para que llegue ese momento.

Actos de aniversario

En este contexto de compás de espera en lo judicial y tras el fiasco en lo político (la comisión de investigación del Congreso de los Diputados terminó sin siquiera comenzar a redactarse las conclusiones debido a la disolución de las Cortes), las víctimas del accidente y sus familiares recordarán lo sucedido y volverán a reclamar "justicia y verdad" el 24 de julio.

En este escenario, los afectados centran sus demandas en la investigación independiente de carácter técnico que Europa le ha instado a realizar a España sin éxito. Esta nueva investigación tendría que sustituir a la que llevó a cabo la CIAF (comisión adscrita a Fomento), que solo responsabiliza de los hechos al maquinista.

No en vano, de manera simbólica, las víctimas han invitado a los actos a la hasta ahora comisaria de Transportes, Violeta Bulc, quien les recibió en varias ocasiones y mostró su compromiso por que haya una investigación independiente sobre lo sucedido.

Un día después, el jueves 25 de julio, Día de Galicia, las familias volverán a reunirse en el denominado 'jardín del recuerdo', en el Pazo do Faramello, en el ayuntamiento vecino de Rois.

Reunión con Pedro Sánchez 

Para la plataforma de víctimas, el PSOE "sigue los pasos del PP, ocultando la verdad y negando una investigación técnica independiente como pide Europa".
Por eso, solicitan una reunión al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "para que ordene realizar una investigación independiente".

También esperan que "en la proxima legislatura se retomen los trabajos" de la comisión de investigación, poder volver a comparecer y que "se tengan en cuenta nuevas informaciones relevantes" como el expediente por infracción abierto por la Unión Europea a España, precisamente por incumplimiento en materia de seguridad ferroviaria.

"Es extremadamente grave y dice muy poco de nuestras instituciones que aún no se haya puesto en marcha una investigación técnica independiente, tal y como ha solicitado la UE en reiteradas ocasiones, primero al gobierno del PP y después al del PSOE", subrayan.

Inciden en que "las víctimas y la ciudadanía merecen saber toda la verdad" y en que "no investigar correctamente impide tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles puedan volver a repetirse".