Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 han presentado este miércoles una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario, al denunciar que "pasados seis años todavía no se ha realizado una investigación acorde a la legislación europea". Este nuevo paso de la plataforma de afectados, que desde que se produjo el siniestro en el que murieron 80 personas en la curva de A Grandeira lucha por "la verdad" y por que haya justicia, se produce justo un día antes de que se reúnan con la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

En el escrito remitido a la defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, la asociación expone que ha recibido "diferentes justificaciones por parte de la Comisión, pero la realidad y los hechos es que pasados seis años todavía no se ha realizado una investigación acorde a la legislación europea". En primer lugar, las víctimas dejan claro que "gracias a los diferentes organismos de la Unión Europea", se han sentido "escuchados y tratados como verdaderos ciudadanos".

Enumera a la comisión de peticiones de la Eurocámara, la Agencia Ferroviaria Europea "e incluso, aunque no esté rematando su misión, la Comisión Europea", pues les han tratado "mucho mejor" que el estado español, según valoran. Y también reconocen el trabajo de los eurodiputados y en concreto el de Ana Miranda (BNG), quien les ha "acompañado y ayudado mucho en este duro camino". Por todo ello, esperan que su reclamación por una investigación independiente del accidente "llegue a buen puerto, para que se recupere la confianza de la gente en la Unión Europea".

Reclamación

En su reclamación, la plataforma critica que "se está vulnerando la Directiva 2004/49/CE, el derecho de las víctimas y familiares, y de los ciudadanos europeos a que se lleve esta investigación acorde a la legislación europea, poniendo en riesgo la seguridad de toda la ciudadanía". Recuerda que la Comisión Europea "se escuda en que no puede obligar al estado español a llevar a cabo esta investigación" pero añade que, a su vez, "el estado español se niega, alegando que no puede obligar a la CIAF a investigar, lo cual es rotundamente falso".

En este escenario, "la directiva no se cumple y no se lleva a cabo una investigación tal y como pide el Parlamento Europeo y como exige la normativa". Por eso, solicita una vez más la apertura de "una investigación independiente por el accidente del Alvia para aplicar la decisión del Parlamento Europeo, y garantizar que la legislación de la UE se aplique correctamente, ya que el Estado español se niega a hacerlo".

Además, pide "dar acceso a la Asociación Víctimas Alvia 04155 a los documentos" relativos al expediente abierto a España por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria, ya que la Comisión "se niega en base a una serie de excepciones". Y, por último, agrega que "si la Comisión no puede o no quiere llevar a cabo la investigación, que no cierre el procedimiento de infracción que tiene abierto contra España hasta que no se realice una nueva investigación acorde con la Directiva 49/2004". "Cerrar el expediente sin hacerlo sería una grave dejación de funciones por parte de la Comisión", finaliza.

Reunión con la presidenta de ADIF

En paralelo a esta carta enviada a la institución europea, la plataforma informa de que mantendrá un encuentro con la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en Madrid, este jueves a las 16,00 horas, en su sede de Sor Ángela de la Cruz.Los afectados, que llevan meses solicitando volver a verse con el ministro de Fomento (ahora en funciones), José Luis Ábalos, serán finalmente recibidos por Pardo de Vera.

A ella le preguntarán por la investigación independiente, sobre si piensa cesar al que fuera director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, investigado en la causa penal por el siniestro y acerca de los niveles de cumplimiento de la normativa sobre seguridad a día de hoy en la empresa pública.

Jornadas de Semaf

Por otra parte, el portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, ha mostrado su "sorpresa" por que la actual directora de seguridad en la circulación de Adif, Esther Mateo, "vaya a dar lecciones de cultura de seguridad" a una jornada prevista para la semana que viene y organizada por el sindicato Semaf (que defiende al maquinista del Alvia accidentado en Angrois).

"Esther Mateo realizó un peritaje en enero de 2018 en el que afirma que 'se cumplieron las normas europeas y nacionales y los procedimientos de Adif'. Sin embargo, tanto la Agencia Ferroviaria Europea, como el juez y el fiscal señalan que no es así, ya que no se hizo el preceptivo análisis de riesgos ni al realizar el cambio del proyecto, ni al desconectar el sistema de seguridad, motivo por el cual está imputado ahora mismo el Adif", recuerda Domínguez.

Al respecto, subraya que "el juez ha señalado en su auto que 'ha quedado evidenciado' que, 'siendo preceptivo, no se hizo el análisis de riesgos (...) no ha podido constatarse la existencia de un procedimiento de evaluación de riesgos en la LAV082 que sea respetuoso con las exigencias de la normativa aplicable a tal efecto, concretamente la EN50126 y el Reglamento MCS (...) no consta en autos, pese a la descomunal información documental aportada, constancia alguna de que ADIF haya evaluado esos riesgos (...) según las exigencias de la normativa antes mencionada".

En esa misma jornada organizada por el Semaf, de hecho, está programada también la participación del jefe de la oficina ejecutiva de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, también muy crítico con cómo actuaron tanto Adif como Renfe en la línea de Angrois. Carr, como Mateo, intervino en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, donde mantuvo una posición contraria a la de la representante de la empresa pública, al advertir de los fallos de seguridad en Angrois. Esa comisión terminó sin conclusiones al disolverse la Cámara Baja.

La audiencia aún no tiene los recursos

En este contexto, y a algo más de un mes del sexto aniversario de la tragedia, el cierre de la investigación en el juzgado sigue pendiente de los recursos planteados por las partes a la Audiencia Provincial de A Coruña, que, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), todavía no los había recibido a finales de mayo.

El instructor dio este paso, previo a la apertura de juicio oral, con las imputaciones del maquinista y el exjefe de seguridad de Adif por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave, el primero por circular con un exceso de velocidad y el segundo por deficiencias en el análisis de riesgos.