En el hospital de Guadarrama este lunes se juntaron un centenar de personas en la concentración de Sanitarios Necesarios. En los centros de salud y en los hospitales de la Comunidad de Madrid estuvieron vecinos y trabajadores para reclamar la necesidad de fortalecer la sanidad pública, dotándola de mayor presupuesto, y rechazar las privatizaciones. Sin embargo, en este hospital no había ningún trabajador que estuviera en esos momentos en su horario laboral. No pudieron utilizar para esto su tiempo de descanso, como hicieron muchos otros compañeros de la región. 

Según confirman varios trabajadores a Público, la gerente del hospital les dijo a los sanitarios que les sancionaría si acudían a la concentración. "Hace unas semanas ya nos dijo que no estaba de acuerdo con este movimiento. Este lunes a primera hora de la tarde reunió a las compañeras y les dijo que si acudían a la concentración se les sancionaría por abandono de puesto de trabajo, aunque nosotras tenemos derecho a media hora de descanso. Decidimos ceder y que se quedaran en planta haciendo dos minutos de silencio", explica una trabajadora e integrante de la plataforma que está organizando las concentraciones.

Una amenaza puntual y sobre la que la propia gerente reculó cuando pasó la hora de la concentración. "Sobre las nueve de la tarde nos dijo que la habíamos entendido mal, pero fue después de que pasara la concentración que fue un éxito", relata la trabajadora. Pero en realidad la amenaza de las direcciones a los trabajadores no ha sido puntual en esta pandemia. Ni única de Guadarrama.

¿Por qué la mayoría de sanitarios han explicado a los medios de comunicación las condiciones en las que trabajaban sin dar sus nombres? Algunos alegaban que la presión sobre la carga de trabajo era excesiva y querían evitar una exposición mayor. Pero la mayoría explicaban que era por el miedo a represalias. 

"Nunca nos llegaron a amenazar con despedirnos, pero nos decían que era mejor para nosotras que no contáramos lo que ocurría porque teníamos que entender lo complicado que era tener material", recuerda una enfermera del Hospital Severo Ochoa. Otro trabajador comenta que los que han salido en prensa han sido llamados al despacho 'como advertencia'.

"Nos dijeron que no habláramos con los medios de comunicación porque eso iba a complicar aún más la situación. Alguna vez se habló de posibles sanciones, pero nunca llego a más. Al final el miedo se extendía sin tener que llegar a esa situación", relata una limpiadora del Clínico de San Carlos.

En Atención Primaria también ha sucedido. En un artículo en el que Público contó que se habían perdido las pruebas de varias sanitarias, las trabajadoras ni siquiera quisieron que se dijera el centro de salud al que correspondía por miedo a que tomaran represalias con cualquiera que estuviera aislada por sospecha de coronavirus.

Más allá de la Comunidad de Madrid, situaciones similares se han producido en otras regiones. El caso más alarmante fue en Andalucía. A diferencia del resto de sitios, aquí se plasmó por escrito la orden del silencio. Según desveló El Mundo, el director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, envió a los trabajadores una circular en la que prohibió "comunicar datos sobre pacientes de coronavirus" así como "sobre aquellas materias que han sido reservadas, reglamentariamente, en el ámbito del Ministerio de Sanidad".

Los motivos del miedo: precariedad y temporalidad

Detrás de las presiones o de las amenazas está el miedo de los trabajadores a que tomen represalias con ellos e incluso que no les renueven y se queden sin trabajo. Los sindicatos sanitarios, desde Comisiones Obreras (CCOO) al Sindicato de Enfermería (Satse) o al Movimiento Asambleario de Trabajadores (Mats), han reconocido este miedo general de los trabajadores a la hora de denunciar actuaciones de la Comunidad de Madrid como los ceses de los contratos de los trabajadores contratados en la pandemia como refuerzo. 

Pero no son estos los únicos contratos temporales. Es un problema estructural del sector que ya ha llegado hasta a los tribunales (aunque nada haya cambiado). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó ya en 2016 que el encadenamiento de contratos interinos generalizado vulnera la directiva comunitaria que prohíbe el abuso de la temporalidad. La sentencia respondía a las cuestiones prejudiciales presentadas por dos juzgados de Madrid. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2019, el 27,8% de los sanitarios tiene un contrato temporal.