"No es bonito que te pongan una pistola en la cara cuando vas caminando por tu barrio. No es bonito pensar que tus hijos están en casa y, de repente, se puedan quedar sin madre. No es bonito vivir con el miedo a que una pandilla reclute a tus hijos". Miriam (nombre ficticio) resume en estas frases los motivos por los que un buen día de hace ahora dos años cogió a sus dos hijos, montó en un avión y aterrizó en el aeropuerto de Barajas. El día después de esta entrevista, Miriam perdió su permiso de trabajo. Pero ella no fue despedida ni terminó su contrato. Ha sido la irregularidad sobrevenida la que ha dado al traste momentáneamente con su proyecto de vida lejos de la violencia de su país.

Vino de San Salvador, la capital de El Salvador, uno de los tres países que conforman el llamado triángulo de la muerte en Centroamérica —junto a Honduras y Guatemala—, y que ha ido escupiendo ciudadanos hacia el norte, hacia EEUU, cada vez de forma más visible, dejando atrás la clandestinidad, en caravanas humanas que han recorrido a pie miles de kilómetros para toparse con el cierre de fronteras de Donal Trump y su ahora socio antiinmigración Juan Manuel López Obrador, presidente de México.

El padre de sus hijos también huyó la de violencia incontrolable de las maras o pandillas después de que asesinaran a su hermano, relata Miriam, pero él está en la vecina Guatemala. "Allí no puedes decidir. O te unes a la pandilla o te matan. O les das el dinero que piden o te matan. No puedes ir tranquila por la calle si tienes un celular en el bolsillo. A las chicas jóvenes nos siguen constantemente y a muchas las violan. La pandillas son la causa general por la que huimos. Eso y la falta de un futuro digno", resume.

Ella no quiere dar su nombre real para evitar posibles problemas en sus trámites de asilo y también por miedo a quién pueda identificarla allá, pero accede a narrar su situación, con la mediación de la Asociación de Mujeres de Guatemala, para visibilizar la exclusión a las que las leyes de Extranjería someten a los migrantes.

A diferencia de otros compatriotas, Miriam decidió que sería mejor probar suerte en España, algo más fácil que jugársela en una misión casi imposible hacia el norte americano. "Tenía conocidos, familias enteras que intentaron llegar a pie a EEUU y nunca más se supo de ellos. Es muy peligroso", explica.

Miriam pudo pagar un billete de avión y cruzar el Atlántico cómodamente. "Aquí no pedían visado para entrar. Elegí este país por eso y porque siempre me gustó España", comenta al otro lado del teléfono.

Tiene 28 años, pero le valieron unos pocos meses en Madrid para tener clara una cosa: "No pienso volver. Ni aunque ahora me haya quedado en situación irregular y vaya a perder mi trabajo. Hasta vivir aquí sin derechos es mejor que regresar a un país donde hay diez asesinatos al día. No quería eso para mis hijos cuando vine y sigo pensando lo mismo", sentencia.

Esta joven era una de los 6.095 salvadoreños que tenían una solicitud de protección internacional pendiente de resolver por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) española el pasado año. Antes de la pandemia, las peticiones de asilo habían batido un récord histórico. En 2019, más de 118.000 personas pidieron refugio en España, el doble que el año anterior, el triple que en 2017. Un crecimiento exponencial de llegadas sin interrupción desde 2013 que han convertido al aeropuerto de Barajas en la principal puerta de entrada de personas migrantes, sobre todo de Venezuela y Colombia, aunque cada vez más de Centroamérica, un éxodo empujado por la inseguridad provocada por las maras y el narcotráfico y por la pobreza endémica de estos Estados frágiles y corruptos.

El desborde del sistema de acogida español llegó pronto y se dejó notar sobre todo en Madrid, con solicitantes de asilo durmiendo en las calles, junto a las rejas del Samur Social, alojados de urgencia en casas de vecinos y compatriotas, en colchones en el suelo de parroquias de barrio, en albergues para personas sin hogar o en la estación de Atocha. Mirian y sus hijos pudieron esquivar este drama. Una tía suya les acogió en su casa los primeros meses y le recomendó que comenzara cuanto antes sus trámites de asilo. "Yo no tenía ni idea de lo que tenía o podía hacer. A mi tía le costó diez años conseguir sus papeles, lo pasó realmente mal y me explicó que pedir asilo era mi mejor opción", afirma.

El asilo, único refugio ante la irregularidad

Así lo hizo. Buscó en internet los pasos que tenía que seguir, hizo tortuosos trámites, pasó días y días esperando para conseguir cita en la comisaría de Policía de Aluche, entrevistas que nunca llegaban, reuniendo documentación, consultando a abogados. Lo logró y su solicitud fue admitida a trámite. Ya tenía la tarjeta de la tranquilidad, la que podía mostrar a la Policía si la paraban por la calle y le pedían la documentación; tenía un número de identidad con el que poder abrir una cuenta, contratar el suministro de luz, de agua, de gas; alquilar una casa. Ya era oficialmente una solicitante de asilo.

A los seis meses, como su solicitud aún estaba sin resolver, pudo ampliar su permiso de residencia y ya obtener también el de trabajo, como marca el itinerario del solicitante de asilo. No tardó en encontrar empleo como teleoperadora en un call center. Con dificultades, alquiló un piso y escolarizó a sus hijos. "Ya no tienen casi acento, hablan con palabras vuestras que yo no sé lo que significan y sacan buenas calificaciones en la escuela", subraya entre risas. "España me estaba tratando bien, estoy muy agradecida", dice. Pero todo el camino andado desemboca ahora en un precipicio: la irregularidad. Así es la nueva y dura normalidad de Miriam y otras miles de personas en su situación.

El cierre de fronteras por la pandemia frenó en seco las llegadas de solicitantes de asilo, lo que ha dado margen de tiempo a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior para resolver miles de expedientes atrasados que, en su inmensa mayoría, acaban rechazados. El de Miriam es uno de ellos, igual que el de casi todos los que vienen del El Salvador, algo menos de 5.000 el pasado año. Tan solo 245 salvadoreños consiguieron el estatuto de refugiado, solo 22 obtuvieron un permiso especial de residencia por razones humanitarias, ninguno recibió la protección subsidiaria de las 2.058 solicitudes de este colectivo que fueron resueltas en 2019, según datos del Ministerio de Interior.

Aunque la normativa da seis meses de plazo máximo para resolver una solicitud de protección internacional, la de Miriam ha tardado casi dos años, algo normal en una oficina de asilo que, hasta hace poco más de un año, estaba obsoleta, según el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este retraso, unido a la falta de otras vías legales de migración, ha convertido la protección internacional en España, en muchísimos casos, en una mera fórmula para ganar tiempo a la irregularidad administrativa.

No es que Miriam no tuviera derecho a pedir asilo, ni siquiera está claro que no tenga derecho a ninguna medida de protección internacional, a juzgar por su relato, lleno de asaltos a mano armada, amenazas y riesgo de muerte. Según numerosas ONG y abogados especialistas en Extranjería, hay un sesgo geográfico que inclina la balanza de la OAR hacia la denegación del asilo para ciudadanos de países cuyos conflictos no son un guerra al uso o que sufren persecución por razones políticas, religiosas, raciales o de orientación sexual. No parece importar que cada día se mate a más gente en El Salvador que en Siria.

"¿Qué hacer sin trabajo y dos bocas que alimentar?"

"Mañana se me caduca mi permiso de trabajo. Aún no he comentado nada en mi empresa, pero es obvio que perderé el empleo. Todavía no lo he asimilado del todo", confiesa la joven, que no se esperaba este desenlace. Según la Ley de Asilo, una vez que la solicitud es denegada, el demandante debe abandonar el país en los siguientes 15 días. "Puedo recurrir y mi abogado ya está trabajando en ello pero, mientras se vuelve a estudiar y a decidir, estoy en situación irregular y sin permiso de trabajo. No sé qué voy a hacer ahora con dos bocas que alimentar y un alquiler que pagar", describe Miriam.

No conoce las leyes de Extranjería y le parece un sinsentido que una persona integrada, con un empleo a jornada completa que apuntaba a convertirse en indefinido se encuentre, de la noche a la mañana, sin todo lo que ha logrado construir. "He consultado con varios abogados y todos me dicen lo mismo. Con el asilo rechazado, para conseguir otra vez los papeles tengo pasar tres años en el país para solicitar la autorización de residencia por la vía del arraigo social. Después necesitaré encontrar un trabajo indefinido de 40 horas semanales. No parece muy fácil, pero volver a mi país, llevar de vuelta a mis hijos a esa situación de violencia no es una opción", asegura.

Desde su perspectiva, solo tiene que aguantar un año más en situación irregular para conseguir de nuevo los papeles. "Tendré buscar un trabajo sin contrato. La gente de mi país es trabajadora y luchadora, allí sobrevivimos día a día. Aquí también podré hacerlo", señala.

Aunque considera que tener que pasar tres años así, "con miedo a que te pare la Policía, sin tener derecho a muchas cosas" es "demasiado". "Creo que el Gobierno debería plantearse estos cambios, hacerlo más fácil. Los inmigrantes hacemos aquí el trabajo que no quieren muchos españoles, pero es un trabajo importante. Nosotros no queremos ser una carga, queremos aportar al país que nos da una oportunidad. Solo teniendo papeles podemos aportar a este país", dice.

Por el momento, cuenta con ahorros para algunos meses, "mientras pienso bien las decisiones que voy a tomar", explica. "A mis hijos no les he dicho nada, no tienen que sufrir por problemas de los que no tienen la culpa", añade. Su futuro inmediato parece apuntar a empleos en el servicio doméstico o los cuidados, "sé que ahí es fácil encontrar trabajo en negro", dice, aunque las historias que ha escuchado a familiares y conocidos la dejan intranquila.

"Mi prima tuvo una experiencia horrible en la casa donde servía y limpiaba, también aquí en Madrid. Aguantó por necesidad, pero acabó yéndose y ahora intenta conseguir sus papeles por arraigo", dice. Miriam preferiría trabajar en otra cosa, "pero si no me queda otro remedio tendré que buscar trabajo ahí para sobrevivir, aunque sea durante el tiempo que me queda para poder pedir los papeles", se resigna. "Fíjate cómo tiene que ser la situación de mi país para preferir estar desprotegida, irregular, en una casa donde se te maltrata", alega. "Al final, es una suerte el lugar en el que nace uno", zanja. Le queda al menos un año de odisea.