El calvario de Ernesto Vigoa, de 27 años, comenzó en octubre del año pasado, dos meses después de llegar a Madrid procedente de Cuba. Su intención era establecerse en España y conseguir su permiso de residencia, al que tiene derecho por la ascendencia familiar de su madre. Poco después que él, llegaría su familia y vivirían en la casa que él se iba a encargar de alquilar. Pero una presunta estafa inmobiliaria le ha torcido los planes, le ha dejado sin 6.400 euros, sin casa y residiendo temporalmente en el piso de unos amigos en el barrio de San Blas, en Madrid.

"Ya no puedo fiarme de nadie", asegura a Público en el humilde salón donde recibe a los periodistas. Entre el enfado y la vergüenza, Vigoa reconoce que fue víctima de un presunto engaño en el que se vio inmerso por "desesperación". "Nadie quería alquilarme un piso si no tenía los papeles, de eso se aprovecharon", sostiene.

Después de una búsqueda de meses, Vigoa encontró un piso en Madrid por 950 euros al mes. Tras adelantar esa cantidad y firmar el precontrato, la mujer con la que había tratado acabó devolviéndole el dinero. "Me dijo que los inquilinos habían decidido renovar el contrato", explica el afectado. Aquello le dio confianza en su interlocutora, que enseguida le habló de otro inmueble por 800 euros al mes. La mujer se identificó como trabajadora de la empresa inmobiliaria Andrómeda Cost S.L., cuyas oficinas estaban en la lujosa calle Serrano de Madrid, en un workcenter de aspecto nada sospechoso.

Nunca le mostraron el piso salvo en fotos y le pidieron el pago de la fianza y de varios meses por adelantado, "también porque no tenía papeles y dijeron que era la única forma de poder alquilar. Ya no podía seguir viviendo en casas de conocidos", sostiene el joven. Así fue como acabó pagando 6.400 euros en efectivo y firmando un contrato que de nada serviría.

Cuando el 31 de octubre acudió al piso que había alquilado, en la calle Antonio López de Madrid, "estaba la puerta reventada y precintada, como si hubieran sacado a unos okupas a la fuerza. Todo el piso destruido y sucio y ni siquiera era el mismo que me habían mostrado en las fotos", relata Vigoa. "Allí no se podía vivir. Cerré la puerta y me fui a casa de un amigo", resume.

Pasó un mes intentando resolver la situación con la supuesta trabajadora de la inmobiliaria y trató de localizar al administrador que firmaba su contrato, Benjamín Ebola Bote Kobolo —que figura en el registro mercantil como administrador único de la sociedad desde 2018—, pero fue en vano.

Desesperado, decidió volver al piso que ya había pagado y arreglarlo para hacerlo habitable. Pero su sorpresa fue mayúscula. "Cuando llegué, había allí viviendo una familia colombiana", relata.

Le explicaron que ellos habían alquilado el piso a su propietario, de quien le facilitaron el contacto. Este le explicó que no tenía ninguna relación con la inmobiliaria Andrómeda, aunque Vigoa también tiene dudas de que este sea el propietario real.

Siete meses sin noticias de la investigación policial

El joven ha puesto ya seis denuncias. En los juzgados, en varias comisarías de Policía, por lo civil y por lo penal, gracias a la ayuda desinteresada de un bufete de abogados. Quiere recuperar su dinero y que se condene a los presuntos estafadores, pero han pasado siete meses y no tiene noticias de la investigación, "nadie ha contactado conmigo", lamenta.

"Desde que se pone la denuncia hasta que hay una intervención pasa mucho tiempo. Puede que pase un año hasta que se cita a declarar a los denunciados, si es que se les localiza, porque no suelen ser las personas que figuran en los documentos. Todo esto dificulta cualquier investigación", explica a Público Antonio Maroto, letrado del afectado, que apunta a un delito de estafa y de suplantación de la identidad, como mínimo, aunque sea difícil de probar.

Por desgracia, añade, este tipo de presuntas estafas son "habituales y sencillas", casi siempre dirigidas a un perfil "en clara situación de vulnerabilidad" que creen que están desprotegidos ante la justicia por no tener permisos de residencia, "aunque no es así", matiza el abogado.

El problema es que "los medios para investigarlas, tanto en las unidades policiales como en los juzgados, son muy limitados" y, al no ser delitos violentos, "como bandas organizadas de ladrones que roban con fuerza en chalés", la atención que se le presta "es muy diferente", apunta Maroto.

El abogado cree que, con los datos, nombres y teléfonos que han facilitado a los investigadores "no sería muy difícil dar con los responsables", pero lamenta que "esta es la realidad de España también: juzgados saturados y comisarías que no dan abasto, así es difícil investigar asuntos sin tanta entidad pero que dejan a muchas personas en situaciones desesperadas".

Vigoa alerta de que meses después ha vuelto a ver el mismo piso que le ofrecieron anunciado en otras plataformas. "El número de teléfono era el mismo al que yo llamé. Es evidente que siguen repitiendo lo mismo, pero no entiendo que la Policía tarde tanto en hacer algo", se queja.

En el workcenter de Serrano ya no está la oficina de la inmobiliaria Andrómeda, de la que figuran domicilios en varias direcciones de la Comunidad de Madrid. La mujer con la que contactó Vigoa para alquilar el piso afirma que ya no trabaja para la empresa, y el presunto estafado no tiene ni casa ni dinero para solucionar su situación ni mucha fe en la justicia española.