Este lunes 7 de mayo arranca, en Lesbos, el juicio a los tres bomberos españoles de la ONG ProemAid acusados de "tentativa de tráfico de personas" por sus rescates en el Egeo en el contexto de la llamada "crisis de los refugiados" de mediados de 2015 a mediados de 2016. Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez afrontan, en el tribunal 9 de Mitilene, capital de la isla griega, penas de diez años de cárcel por cada potencial rescatado, más de dos años después de su arresto la noche del 14 de enero de 2016.

En este tiempo han tenido eco en la Comisión y Parlamento europeos, solidaridad de la opinión pública española (el vídeo #CondenadosASalvarVidas es ejemplo reciente) e incluso apoyo institucional del Ayuntamiento de Sevilla y el de Madrid, el Defensor del Pueblo, el Parlamento de Andalucía, la presidenta andaluza, Susana Díaz, y dos ministros del Gobierno español, el de Exteriores, Alfonso Dastis, y el del Interior, Juan Ignacio Zoido. Un respaldo que cristalizará en la presencia en la vista de la consejera de Justicia andaluza, Rosa Aguilar, delegaciones del Parlamento andaluz y el Consistorio sevillano, así como del cónsul de España en Grecia, Juan Sáenz de Heredia, con una traductora de la Embajada en Atenas que velará por la corrección en la sala.

El bombero José Antonio (Onio) Reina explica que del gran éxodo de sirios en 2015 huyendo de la guerra que Bashar Al Assad inició contra la primavera democrática en 2011 le removió ver el cadáver del niño Aylan Kurdi el 3 de septiembre. "Quise poner mis manos para evitar que otros se ahogaran", explica este padre de un niño que, entonces, tenía la edad de Aylan. Tras tantear sin éxito unirse a la ONG de socorristas de Badalona Proactiva, habló con compañeros bomberos. Junto al sargento Manuel Blanco, de la Diputación de Sevilla, y su amigo de la infancia José Manuel Pastor, bombero como él de Mairena del Aljarafe, empezó a preparar su propia ONG y operativo. En un mes nacía ProemAid (Ayuda de Profesionales de Emergencia, en inglés). Lograron que Protección Civil de Santiponce-Castilleja les prestara una lancha, la pusieron a punto con 500 euros y prepararon equipos quincenales.

En vísperas de que se cumplieran dos meses de la muerte de Aylan, Reina arrancaba su Megane ranchera, donde viajaban los bomberos José Amor, Toni Amador y Nacho Montiel, remolcando la lancha por los 4.000 kilómetros de carretera entre España y Grecia. Un trayecto (incluido el final en ferry) que completaron en 58 horas, "por el sistema del volante caliente", relevándose para parar sólo lo preciso: no para comer o dormir, sino para ir al servicio y cambiar ruedas cuando se desgastó el caucho.

El bombero Enrique Rodríguez, uno de los acusados, en el agua, junto a un dinghy en Lesbos, en enero 2016./ Archivo de Julio Latorre

"Llegamos a Lesbos el sábado 3 de diciembre de 2015", evoca Reina. "Lo recuerdo porque el 1, al salir de la guardia, el Telediario contó que la UE pagaría 3.000 millones de euros a Turquía para contener a los refugiados y algunos dijeron 'igual no va a hacer falta que vayáis', pero vaya si la hacía: nada más aterrizar nos metimos al mar". Cuando, dos días después, llegaron en avión Manuel Blanco, José Pastor y Joaquín Álvarez les costó entender que los compañeros aún no tuvieran ni alojamiento.

Eran meses en que llegaban de 3.000 a 5.000 personas al día. Sirios, pero también afganos huyendo de los talibanes, iraquíes, paquistaníes, bangladesíes escapando al DAESH, incluso marroquíes, argelinos, eritreos y subsaharianos. Y era un flujo menor tras el verano con puntas de hasta 30.000 llegadas diarias duplicando la población de Mitilene, capital de la isla de Lesbos que tiene 86.000 habitantes. Aquel año, 800.000 personas entraron, vía Lesbos, rumbo a centro Europa donde, en septiembre, la canciller Angela Merkel suspendió la convención de Dublín —que obliga a pedir asilo en el primer país que se pisa—. Hasta que, el 7 de marzo de 2016, se anunció el pacto UE-Turquía que desde el 20 de marzo preveía blindar la costa otomana y empezar a deportar.

Los bomberos comenzaron a actuar, aquel diciembre de 2015, en el sur de Lesbos, cerca Mitilene, cuando el flujo principal de balsas llegaba por el norte que dista 12 kilómetros, en vez de 25, de Turquía. Allí arriba operaban los rescatadores de Proactiva, como mostró su documental To Kyma (que La Sexta estrenó en febrero de 2016), los daneses de Team Humanity y holandeses de Boat Refugee Foundation. "Hasta que Frontex (agencia europea de control de fronteras) puso dos barcos en ese estrecho y el flujo bajó", explica Onio Reina. Entonces conocieron a Salam Aldeen, fundador de Team Humanity que, como equipo rescatador en la isla, formaba parte del grupo de WhatsApp donde se compartían avisos de naufragio.

Manuel Blanco, Onio Reina, Julio Latorre y Enrique Rodríguez, en el vuelo a Atenas antes del juicio. / María Iglesias

Arresto del tercer equipo de rescate ProemAid

La detención que da pie al actual juicio afectó al tercer equipo de ProemAid en Lesbos y luego la ONG ha mantenido treinta reemplazos más, sin incidencias, coordinados con Salvamento griego. "Yo le ofrecí a Onio", cuenta Enrique Rodríguez, "que contara conmigo para ese tercer turno que era malo, sobre todo para los padres, porque el arranque de enero coincidía con los Reyes Magos". Rodríguez llegó en ferry a Mitilene el día 2 a las 11 de la mañana y un cuarto de hora después ya estaba rescatando a nado. "Tengo clavada la imagen de una abuela, madre e hija, abrazadas en la balsa, porque me tiré a por ellas en vaqueros, sin ponerme el neopreno que, como el uniforme de bombero, es el traje de romano. No llevaba esa coraza protectora y pensé: 'esto no puede ser'".

Diez días estuvieron trabajando en dos grupos que se relevaban, en mar y orilla: uno formado por Enrique Rodríguez, Julio Latorre y Manuel Blanco (con dos hijos y mujer entonces embarazada del tercero) y el otro por Toni Amador, Alejandro Marín y David Galindo. Pero la madrugada del 14 de enero de 2016 los seis efectivos estaban en la playa porque, la tarde previa, los guardacostas griegos revisaron su barco y el de Team Humanity y, tras dar el visto bueno a éste para seguir navegando, a los españoles les hicieron requerimientos técnicos que obligaron a llevar la embarcación a taller.

El bombero Enrique Rodríguez, uno de los acusados, con David Galindo, en la lancha de salvamento ante una de las balsas del Egeo, en enero 2016./ Archivo de Julio Latorre.

Con ese precedente del beneplácito policial a Team Humanity, la experiencia de todo diciembre rescatando en coordinación con Salvamento griego y la enhorabuena la misma tarde del 13 de enero de la médico del puerto por la reanimación de un niño con hipotermia, no podían "prever ninguna acusación" cuando esa noche, ante la emergencia de un bote haciendo agua, Salam (Aldeen) les pidió "acompañarle a rescatarlo", afirma Rodríguez.

Él, Blanco y Latorre fueron con Aldeen y Mohamed Abbassi a buscar el dinghy (como allí se llama a las balsas), pero no lo hallaron. Además, avisaron por teléfono —como solían— a guardacostas griegos, según subraya el abogado de los bomberos, Haris Pétsikos, tanto en el documental Contramarea (estrenado en Canal Sur en agosto de 2016), como en la entrevista a Público este febrero para justificar el veredicto de absolución que espera.

"En países democráticos, como Grecia, no se juzgan intenciones, sino hechos", reitera ahora, en vísperas del juicio. "Y esa noche no encontraron la balsa, ni rescataron a nadie", insiste. Como explica Pétsikos, el de los bomberos es el noveno juicio del lunes 7 de mayo en ese tribunal. "Así que, quizá, o continúe o incluso empiece el miércoles 9, porque los martes se ven otro tipo de casos en el juzgado". Al terminar el juicio, según el letrado, el juez dictará sentencia oral. "Aunque cuenta con dos o tres meses para redactar la argumentación jurídica”.

"Se acerca el día marcado en rojo en el calendario", dice de forma gráfica Manuel Blanco: "La cita quizá más importante de nuestras vidas por la gravedad de lo que nos acusan". Llega en un contexto en la isla marcado por dos hechos. Por un lado, el juicio a 35 subsaharianos del campamento de Moria acusados de violencia por protestar contra su hacinamiento (en julio de 2017) que, pese a condenar a dos años a 32 de ellos por herir a funcionarios, excarcela a todos mientras se tramita su recurso tras 9 meses de prisión preventiva. Y por otro, el ataque de fascistas griegos a 120 afganos el 22 de abril. El abogado Pétsikos descarta la influencia de estas "cuestiones externas" en el proceso.

"Emocionalmente", explica Onio Reina, que asistirá al juicio aunque no está encausado, "yo lo estoy viviendo con gran preocupación, porque me siento responsable como cofundador de ProemAid". "Yo siempre soy el más positivo", afirma Enrique Rodríguez, y Julio Latorre asiente. "Cuando la fragata griega nos puso la proa volviendo a puerto sin hallar la balsa y los policías decían que no estábamos detenidos, hablaba con ellos de Tstartas, un gran futbolista de su selección que estuvo en el Sevilla. Luego, en comisaría, al cambiar todo, les devolví el cartel para posar en la ficha policial en plan 'no es a mí, te equivocas'".

"Pero sí era", interviene Latorre, que recuerda el desvalimiento de Rodríguez como primer confinado en el calabozo y el traslado de los cinco a prisión, donde compartían baño con presos comunes. "En mi caso", dice Latorre, "aunque descarto pena de privación de libertad, sí temo que tras mantener la acusación tanto tiempo sin pruebas, nos quieran salpicar, al menos, con multa".

Los bomberos acusados de ProemAid junto a su abogado unos días antes de que comience el juicio. / María Iglesias

Decisión política de criminalizar la ayuda humanitaria

Sobre el éxodo de refugiados que los llevó a Lesbos, Enrique Rodríguez declara que, en su actual contacto con autoridades, "todos, Susana (Díaz), los ministros… nos han dicho que hicieron lo posible por acogerles, pero no estaba en su mano".

"Yo lo veo diferente", discrepa Latorre tajante. "Nuestra propia detención tiene un componente político enorme: Europa está tomando decisiones vergonzosas y no afronta como merece el problema bestial, sino que aplica políticas ridículas y criminaliza la ayuda humanitaria de quienes hacemos los rescates que deberían hacer los estados y la UE". Y añade: "Nos quieren quitar de en medio para que no haya testigos de la miseria y horror en el mar. ¿Cómo los españoles olvidamos que nuestros abuelos se exiliaron?"

Pese a señalar la estrategia de criminalización (tras el caso ProemAid, llegaron los de la activista Helena Maleno en Marruecos y Proactiva en Italia, pero el británico Institute of Race Relations en su informe Humanitarism: the unacceptable face of solidarity contabiliza 40 en la UE), Latorre descarta implicarse ahora en otra misión, incluso tras una absolución. "Esto nos ha robado mucha energía, agota. Recuperarme es lo primero. Luego veremos", afirma ante un Enrique Rodríguez sí decidido a retomar pronto la tarea.

Los tres encausados coinciden en que "con todo lo malo, pesa más lo positivo". "Para empezar", precisa Blanco, "la satisfacción por los rescatados". "Luego", añade Rodríguez, "la oleada de solidaridad, desde Alejandro Sanz que tuiteó su apoyo cuando aún estábamos detenidos a un matrimonio mayor de mi pueblo [La Algaba] que estos días me decía cuánto rezan por nosotros". "Llegando a los partidos", agrega Latorre, "hasta esos con los que no coincides en nada, pero que en esto respaldan. Y el aprendizaje de empatía", añade, "con esos manteros de la calle que han cruzado en patera el Estrecho para llegar a este país donde tanto cuesta ganarse la vida hasta a los españoles".

Manuel Blanco y Onio Reina, como co-fundadores de ProemAid, han seguido impulsando este tiempo una doble actividad de la ONG: la escuela de verano a niños refugiados en Lesbos donde se les enseña a nadar para reconciliarles con el mar y con los demás, y el proyecto MayDayTerráneo, que ProemAid comparte con la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), y por la que, de septiembre a diciembre de 2017, tuvieron cinco misiones de rescate en el Mediterráneo central, entre Libia e Italia. "Labor que queremos continuar, porque es necesaria", explican, "pero que no podremos seguir sin financiación porque no puede ser sólo de donantes privados, sino que requiere implicación de la Administración". Capítulo en que entrarán de lleno cuando el juicio acabe con esa sentencia que esperan deje patente, negro sobre blanco, su inocencia.