La activista Helena Maleno, los tres bomberos sevillanos de Proem Aid y los miembros de Proactiva Open Arms  han pasado de héroes a villanos. Parece una locura, pero todos estos cooperantes españoles, que se dedican a evitar las muertes de quienes huyen de sus países para llegar a Europa, están siendo investigados o juzgados por presunta vinculación con el tráfico de personas. Son tres casos diferentes en tres países distintos (Marruecos, Grecia e Italia, respectivamente), pero con el denominador común de la frontera sur europea y de la defensa de los derechos de las personas migrantes.

En Europa, no ayudar a alguien cuya vida corre peligro puede suponer un delito por omisión del deber de socorro. El derecho marítimo internacional obliga a asistir a cualquier embarcación cuando está en apuros. Pero en las aguas del Mediterráneo, cumplir con la ley y también con el sentido común puede llevarte al banquillo de los acusados. Los Estados europeos y, ahora, sus tribunales están dándole la vuelta la tortilla mediante una “criminalización progresiva de los que rescatan”, explica Blanca Garcés, doctora en Sociología e investigadora sobre migraciones del Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (CIDOB).

Esta experta ve una clara y preocupante evolución de las políticas europeas en cuanto a las migraciones y el control de fronteras en la que los derechos de las personas han quedado supeditados al control migratorio y, ahora, “quienes se preocupan de esas personas consideradas ilegales están también en el punto de mira”, añade. “Lo vimos claramente cuando los Estados dejaron de estar presentes en las operaciones de rescate, como puso de manifiesto la cancelación de la Operación Mare Nostrum, del Gobierno italiano, en 2014”, afirma.

De rescatar a controlar las fronteras

Mare Nostrum fue la respuesta de Italia al creciente naufragio de barcas con centenares de personas que partían del norte de África hacia la isla italiana de Lampedusa. De Mare Nostrum, una operación puramente de salvamento, se pasó a Tritón, un operativo europeo con muchos menos fondos y recursos que, además, pretendía controlar las fronteras. Ahora le da el relevo Themis, cuyo único objetivo pasa a ser el control de las fronteras y no el rescate de migrantes, combinada con la operación militar Sohpia, también de la UE, dedicada a perseguir a las mafias del tráfico de personas.

Sin ningún Estado que se preocupara de salvar vidas, el Mediterráneo empezó a llenarse de barcos de organizaciones humanitarias para cubrir ese agujero que se ha tragado las vidas de más de 15.000 migrantes y refugiados que han muerto y desparecido en el mar en los últimos cuatro años. Llegó a haber más de diez barcos diferentes haciendo labores humanitarias, pero ahora apenas quedan dos.

"Los argumentos que dan los políticos europeos es que la ayuda y el rescate en alta mar facilitan las llegadas a territorio europeo y que eso genera un efecto llamada”, apunta Garcés, quien añade que, además, Europa ha contratado a terceros países para que controlen los flujos migratorios, “países donde no se respetan los derechos humanos, es decir, que pueden actuar con la impunidad que, en teoría no puede la UE para frenar las llegadas”, advierte la experta.

En 2016, cuando fueron detenidos los bomberos sevillanos en Lesbos, los Estados de la UE depositaban en Turquía la responsabilidad de frenar a los refugiados que llegaban a Grecia desde allí. “Nosotros siempre estuvimos en coordinación con los guardacostas griegos cuando estuvimos rescatando a refugiados”, recuerda Manuel Blanco, uno de los tres bomberos sevillanos que será juzgado el Grecia el día 7 de mayo. “Una noche nos detuvieron cuando íbamos a un rescate y ahora nos acusan de intentar introducir en Grecia a inmigrantes de forma irregular, con una pena de hasta diez años de cárcel. Es claramente un aviso a navegantes, un intento de criminalizar la ayuda humanitaria, algo que no se hace cuando vamos a ayudar en un terremoto como el de Haití. No veo la diferencia entre una cosa y otra, estamos salvando vidas en ambos casos”, justifica a Público el bombero, voluntario a Proem Aid.

Un año más tarde, la UE e Italia convertían a Libia en el perro guardián del Mediterráneo, entregando fondos y entrenando a sus guardacostas. “Fue en ese momento cuando empezamos a tener problemas, cuando notamos un cambio en nuestra relación con las autoridades italianas”, afirma Gerard Canals, jefe de operaciones de Proactiva Open Arms y uno de los tres miembros de esta organización encausados por Italia por facilitar el tráfico de personas. El detonante de la investigación contra ellos fue desobedecer la orden de Italia para que devolvieran a los guardacostas libios a más de 200 personas que había rescatado.

“Primero se nos acusó de ser una organización criminal para favorecer la inmigración ilegal y se nos confiscó el barco de rescate. La pasada semana el juez ordenó liberar el barco, pero la investigación y la acusación de las fiscalía siguen adelante, y se contemplan penas de varios años de cárcel y una multa para la organización”, explica Canals.

"Está claro que siempre hemos sido molestos para las autoridades. No es por los rescates solo, sino porque somos testigos de malas prácticas, como las devoluciones de migrantes a Libia cuando ya están en aguas europeas”, denuncia Canals, que incide en que, desde los acuerdos con Libia, en el Mediterráneo ya solo quedan dos barcos de ONGs rescatando a personas, cuando llegó a haber más de diez.

Como ellos, el barco Iuventa, de la ONG alemana Jugend Rettet, lleva confiscado en un puerto de Sicila desde agosto. “Nuestra labor también es de denuncia y lo hemos hecho, porque quieren externalizar las fronteras y que nadie se entere de lo que se hace con los migrantes”, apunta el cooperante de Proactiva Open Arms.

Frontex vinculó a las ONGs con las mafias

Quizás el inicio de esta tendencia criminalizadora la abrió la agencia europea de fronteras (Frontex). En 2016 se filtró un informe interno de la agencia en la que vinculaba a las ONG con las mafias de la inmigración ilegal. El discurso fue adoptado por todos los ministros de Interior europeos, incluido el español, Juan Ignacio Zoido, que tuvo que pedir disculpas a las ONGs por esas declaraciones. Sin embargo, el mensaje de Frontex ha calado en la Justicia y el resultado son casos como los expuestos.

Igual que se ha hecho recientemente con Libia y con Turquía, España utiliza a Marruecos como freno a la inmigración desde los años 90. "Somos pioneros, el laboratorio de las políticas de control migratorio de Europa”, apunta la experta Garcés, que recuerda que las diferentes crisis migratorias en España se han atajado con acuerdos con países africanos como Marruecos, Argelia o Mauritania. “Se vio que era mucho más efectivo evitar que los migrantes salieran que evitar que llegaran. Y eso se explica fácilmente viendo cómo se evita: arrasando campamentos de migrantes en los montes cercanos a la frontera, deportándolos a mitad del desierto o reteniéndolos en campos de detención inhumanos. Son prácticas que estos Estados pueden hacer con total impunidad y que en Europa no están permitidos”, añade Garcés.

Maleno podría enfrentarse a cadena perpetua

En ese escenario se enmarca el caso de Helena Maleno, experta en migraciones y defensora de los derechos de los migrantes. Un española residente en Tánger que está siendo investigada en Marruecos por sus alertas a Salvamento Marítimo cada vez que hay una patera a la deriva en el Estrecho. Según los responsables de Salvamento Marítimo, es la personas que, con sus llamadas, más vidas ha salvado en la frontera sur española. Sin embargo, se encuentra a la espera de si el tribunal de Tánger abre juicio contra ella por favorecer la inmigración ilegal. En el peor de los casos, podría ser condenada a cadena perpetua sólo por dar la voz de alarma.

"Lo peor de mi caso es que es la propia Policía, el Estado Español, quien entrega a Marruecos una investigación por la que la Justicia española no apreció ningún delito”, destaca la activista, que enmarca esta persecución contra ella y otros defensores de derechos humanos en un contexto de “guerra de fronteras”. “Lo que vemos en EEUU y México, con el muro de Trump, por ejemplo, son políticas de seguridad que mueven un negocio millonario. Y Europa ya empezó hace tiempo a invertir en seguridad en las fronteras y a agitar el miedo al diferente para crear una sensación de inseguridad frente al extranjero”, asegura.

Al final, dice, las mismas empresas que provocan las guerras y tensiones en el sur acaban vendiendo los sistemas y equipamientos de seguridad en las fronteras de la UE. “Europa está empeorando la situación de las personas migrantes, está poniendo en entredicho el derecho a la vida de miles de personas y, como efecto colateral, está afectando a los que defendemos a esas personas”, sentencia Maleno, que recuerda que el relator especial de la ONU ya ha advertido a Europa sobre la ofensiva contra defensores de derechos humanos.

"Buscar casos ejemplarizantes, como el mío, se ha hecho en otros estados del mundo que Europa diría que no son democráticos. Quieren asustarnos. Es una estrategia de acoso y derribo, pero hay que visibilizar la situación ahora más nunca", afirma la activista. "Mucho me temo que vamos a ir a peor”, advierte Maleno, ya que es difícil frenar el discurso del racismo y la xenofobia cuando éste se ha convertido en puro negocio, lamenta. "Y una condena a un proceso judicial

Para representar de forma gráfica este cambio de actitud, en el que la defensa de las fronteras está por encima del derecho a la vida en Europa, tanto Maleno como Garcés recurren a la sentencia que ha absuelto a los policías de la tragedia del Tarajal, en Ceuta en 2014. “Que un juez vea adecuado emplear material antidisturbios contra personas que están ahogándose para que no crucen a nado la frontera es una clara muestra de hacia dónde estamos yendo”, concluye Garcés.