Contra el Gobierno, la Xunta y la patronal gallega, el movimiento social contra la planta de celulosa que la empresa portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) sigue manteniendo que sus efectos sobre el medio ambiente y la economía de las comarcas afectadas serán devastadores.

Organizaciones ecologistas, vecinales y de mariscadoras, junto a científicos, expertos y alcaldes y concejales de varios municipios, viajaron a Bruselas a mediados de abril invitados por la eurodiputada del BNG Ana Miranda para exponer a la Comisión Europea las razones por la que la fábrica nunca debería construirse donde y tal y como está proyectada, ni mucho menos financiada con dinero de todas.

También las explicaron en el Parlamento Europeo en un acto organizado por el Grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea, cuyo asesor político en materia de derechos civiles, Carlo Diana, advirtió de que se trata de un caso evidente de incumplimiento de la normativa europea susceptible de terminar en un procedimiento de infracción del Ejecutivo comunitario contra España.

Consumo de agua y vertidos contaminantes

Altri prevé extraer 46 millones de litros de agua al día del río Ulla, que nace en Lugo y atraviesa una treintena de municipios de esa provincia y de las de A Coruña y Pontevedra hasta desembocar en la ría de Arousa. Los extraerá en el embalse de Portodemouros, al que devolverá 30 millones de litros a una temperatura de 27 grados. La empresa afirma que no contaminará porque someterá ese líquido a un proceso de depuración para que las sustancias tóxicas que contenga no superen los topes legales. Pero Portodemouros ya padece una severa polución.

"Altri verterá además amonio, nitratos, sulfatos, fosfatos, fósforo total... Y no se han estudiado las reacciones que esos compuestos pueden provocar sobre las sustancias que ya contaminan el embalse", advierte Ana Fernández Santamarina, ingeniera de Montes, doctora en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos y vocal de Agua y Ríos de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega).

Vulneración de las leyes europeas

Fernández advierte de que los vertidos previstos por Altri supondrán una vulneración de la la directiva europea del agua. Zeltia Laya, portavoz de la plataforma Ulloa Viva, asegura que serán siete las directivas infringidas. Las de suelos, nitratos, calidad del aire, evaluación de impacto ambiental, gestión de residuos y daño ambiental.

La planta también producirá benzopirenos cancerígenos como resultado de la quema de madera y masa forestal, y emitirá a la atmósfera, a través de una chimenea de 75 metros de altura, azufre, óxidos de azufre, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, además de cenizas y otras partículas tóxicas.

Destrozo de la economía local

Altri defiende que su proyecto revitalizará la comarca da Ulloa, donde prevé instalar la fábrica, alegando que dará trabajo a 500 personas y que contribuirá a crear otros 2.000 puestos de trabajo indirectos. En A Ulloa, según los últimos datos ofrecidos por la Consellería de Emprego de la Xunta, hay registrados 278 parados, 94 de ellos en Palas de Rei.

"En la comarca hay actividades endógenas que ya funcionan y que proporcionan empleo, y que se verán severamente afectadas", explica Rubén Lois, catedrático Análise Xeográfica Rexional de la Universidade de Santiago y natural de Palas.

"Vamos a destruir empleo en actividades sostenibles a cambio de otra que no lo es, por su contaminación, por el consumo de agua y por la eucaliptización que conlleva para el resto del país", añade Brais Vázquez Lamazares, concejal del BNG en Monterroso. Según la propia empresa, la planta de Altri consumirá 1,2 millones de toneladas de eucaliptos al año.

Vecinos, mentiras y modos de vida

Mónica Cea, representante de Ulloa Viva, vive en A Vacariza, una aldea de Palas de diez habitantes. Tiene una granja de ganado vacuno de leche en explotación intensiva a menos de 500 metros de donde Altri planea instalar su macrocomplejo. "Nos han engañado, la única información que nos han dado es un folleto publicitario que retuerce el lenguaje para ocultar lo que en realidad quieren hacer", dice. "No quiero dejar esta herencia a mis hijos", añade Susanta Tato, edil del BNG en Agolada (Pontevedra).

Manuel Aldán, alcalde del BNG en Santiso (A Coruña), advierte: "Estoy preocupado por la salud de los vecinos, por lo que van a beber, a respirar, a comer...". Asegura que cuando Altri llegó a Galicia diciendo que iba a instalar una "biofábrica textil ecológica", él estaba contento. Pero luego advirtió la mentira: es una fábrica de celulosa. "Nos sentimos engañados e indefensos", sostiene.

Fondos europeos

Altri prevé una inversión de 800 millones de euros, pero ha advertido de que su plan no saldrá adelante si no cuenta con al menos 250 millones de financiación pública a través los fondos Next Generation de la UE. La secretaria de Estado de Industria del Gobierno de Sánchez, Rebeca Torró, aseguró el pasado martes que el Ejecutivo "trabaja con la empresa" para poder presentar "un proyecto bien cerrado" a la Comisión Europea", informa Europa Press, con apoyo de la Xunta de Alfonso Rueda.

"Esos fondos no se destinarían a mejorar la vida de la gente, sino todo lo contrario", alerta Alejandro Fiuza Mosquera, concejal nacionalista en Vila de Cruces (Pontevedra). Curiosamente, la compañía planea presentar su solicitud de ayudas a través de los programas estratégicos de descarbonización, cuando su actividad apenas tendría incidencia en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Espacios Red Natura

Galicia es la comunidad española con menos porcentaje de territorio protegido. Apenas un 12% frente al 41% de la media estatal. La Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento de infracción por ese motivo tras décadas de incumplimiento por parte de la Xunta, y las asociaciones ecologistas atribuyen la situación a una decisión consciente de los gobiernos de Rueda y de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, para allanar el camino a las industrias que quieran instalarse en zonas de riqueza ecológica y paisajística evitando que se sometan a una legislación más estricta. Parte de A Ulloa está entre esos espacios naturales que la Xunta se ha negado a proteger incumpliendo la normativa europea.

"La parcela donde Altri prevé instalarse [más de 366 hectáreas de más de 800 fincas rústicas que serán compradas o expropiadas a sus propietarios] está en una zona donde está prevista la ampliación de la Red Natura", apunta Ana Díaz Freiría, investigadora y coordinadora de campañas en Ecoloxistas en Acción. "El informe de impacto ambiental es absolutamente deficiente, no se cumplen los requisitos de concesión de los fondos Next Generation y no se contemplan escenarios de cambio climático a largo plazo cuando se trata de una concesión de uso de agua del Ulla por 75 años", añade.

Ría de Arousa

El Ulla nutre de agua dulce la ría de Arousa, donde se desarrolla la actividad marisquera más importante de Galicia. Y los biólogos y las profesionales que se dedican a ella creen que la contaminación de Altri que llegará al estuario alterará su delicado equilibrio ecológico y acabará con los bancos de almejas, berberechos y otros bivalvos de los que viven miles de familias.

"Si esos 30 millones de litros al día de agua contaminada llegan a la ría, se acaba el marisqueo", subraya Juana Imma Rodríguez Paz, mariscadora de A Illa de Arousa (Pontevedra). "Son más de 9.000 puestos de trabajo", añade.

"Industria colonial"

Serxio Núñez, del colectivo vecinal Santiso Vivo, recuerda que Altri ha reconocido que la suya es una "industria de enclave", como se conoce en términos económicos a las actividades productivas que aprovechan recursos de un territorio para llevarse a otro lugar la creación de valor añadido.

Olaia Ledo, responsable del área de Ecoloxismo del BNG, alerta de que lo que la empresa portuguesa pretende es explotar los recursos hídricos y forestales de Galicia para vender celulosa a otros países, principalmente a la industria papelera china: "No podemos entender que la UE admita a estas alturas una industria colonial".

Sostenimiento del rural y de la actividad agroganadera

Diego Sánchez García es agricultor y ganadero en Agolada y forma parte de la asociación Queremos Parcelarias Xa, que lleva años reclamando a la Xunta que complete el proceso de concentración parcelaria en el municipio. Eso permitiría una explotación racional y rentable del campo, para contribuir a fijar población rural y mejorar la distribución de riqueza. "Altri no sólo va a destruir lo que podría haber, sino lo que ya hay", apunta.

Diego Sánchez recuerda que mientras a los agricultores y ganaderos se les obliga a hacer planes de uso de agua y se les exigen duros requisitos en el uso de abonos y en el tratamiento de purines, "con Altri parece que hay barra libre". "Hay vecinos a los que se expedienta por despedregar una finca en Red Natura, pero a Altri se le permite todo", añade el alcalde de Santiso, Manuel Aldán.

En A Ulloa y en las comarcas riberelas del Ulla hay centenares de agricultores y ganaderos que producen en ecológico, y cuya actividad se vería amenazada si Altri cumpliera con las perspectivas de contaminación de las que alertan sus representantes. Como la de los productores de la Denominación de Orixe Queixo de Arzúa-Ulloa, la más importante de Galicia y la segunda en producción de todo el Estado.

Según Xoán Castro, director del Centro de Investigaciones Agrarias que la Xunta de Galicia tiene en Mabegondo (A Coruña), la factoría emitirá una cantidad anual de nitratos similar a la que producen 55.000 cabezas de ganado vacuno, alrededor de un 10% de toda la cabaña bovina de la comunidad.

Camino de Santiago

La planta de Altri se ubicará a menos de un kilómetro del Camino Francés de Santiago, por el que cada año transitan más de 2,5 millones de peregrinos y sobre el que se ha desarrollado una industria turística local sostenible que se basa en su cuidado y en la promoción de su riqueza natural, cultural y paisajística.

El Camino fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993, pero según Xoán Carril, alcalde de Arzúa (A Coruña), una de las localidades que atraviesa, "podría perder esa catalogación". "Por eso esto es un problema de país, no sólo de los municipios directamente afectados o de sus vecinos, añade.

Uno de los criterios de la Unesco para la declaración es que el patrimonio a proteger sea "un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional de las tierras o del mar, representativas de una cultura (o de culturas), o de la interacción entre el hombre y su entorno natural, especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles".