La empresa papelera portuguesa Altri, que planea levantar un macrocomplejo industrial para la producción de celulosa en la localidad lucense de Palas de Rei, ha iniciado una campaña de greenwashing para blanquear la imagen del proyecto y asimilarlo a los conceptos de sostenibilidad medioambiental y economía verde.

La compañía, cuyos planes apoyan el Gobierno, la Xunta y la Confederación de Empresarios de Galicia, pretende así contrarrestar la contestación social contra la fábrica entre los vecinos de las comarcas afectadas, las asociaciones ecologistas, parte de los sindicatos y la oposición en el Parlamento gallego.

Los expertos consideran que la industria papelera es una de las que más degrada el medio ambiente, tanto por el elevado consumo de agua y madera, que contribuye a la deforestación, al monocultivo de especies de alto rendimiento, a la destrucción de bosques autóctonos y a la desertización; como por el vertido de sustancias tóxicas al aire, el suelo y los ríos.

Por contra, Altri asegura que la suya es "una planta de última generación, en línea con las directrices de la UE, que situará a Galicia en la vanguardia de una nueva industria basada en la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua".

Pagina web

La empresa lo explica así en una web que activó el pasado miércoles y en la que bautiza sus planes como Proyecto Gama. La página está diseñada en suaves tonos verdes e ilustrada con fotos y vídeos de bosques, arroyos de agua limpia y senderistas de paseo en espacios naturales. La empresa defiende en ella el carácter ecológico del proyecto para rebatir las críticas de quienes alertan sobre su actividad contaminante.

Según la documentación presentada a la Xunta y ofrecida a exposición pública a través del Diario Oficial de Galicia, Altri ocupará una parcela de 366 hectáreas de parcelas junto al río Ulla y el Camino de Santiago que serán compradas o expropiadas a sus propietarios. La instalación tendrá capacidad para producir 400.000 toneladas de pasta de celulosa y otras 200.000 de tejido semisintético lyocell.

Para ello, procesará cada año 1,2 millones de toneladas de eucaliptos, la especie que llegó a Galicia desde Australia hace 175 años y que ya ocupa alrededor de un tercio de toda la superficie arbolada de la comunidad. Además, a rendimiento máximo, la planta extraerá cada día 46 millones de litros de agua del río Ulla, que canalizará a través de 12 kilómetros de tuberías que afectarán a otras 800 parcelas. De ese volumen devolverá al río 30 millones de litros diarios de aguas residuales depuradas a una temperatura de 27 grados.

Del Ulla se abastecen de agua potable una veintena de municipios gallegos desde su nacimiento en el interior de Lugo hasta su desembocadura en la ría de Arousa, en Pontevedra, donde las plataformas vecinales, ecologistas y de mariscadoras han advertido también sobre los efectos que tendrán los vertidos de la factoría sobre los ecosistemas del estuario. El proyecto también contempla la emisión a la atmósfera de gases de azufre, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas de otros compuestos tóxicos.

Identificación con la sostenibilidad y el respeto al medio

El argumentario de la campaña de greenwashing que ha puesto en marcha Altri niega sin embargo esos efectos e identifica su actividad con la sostenibilidad y el ecologismo.

Así, asegura que lo que fabricará no será pasta de papel, sino "fibras solubles de base celulósica y por consiguiente, degradables" y lyocell "que no acarrea la generación de microplásticos". Afirma que las emisiones a la atmósfera cumplirán todos los parámetros exigidos por la ley y que el agua extraída del Ulla "se devolverá al río una vez depurada", garantizando que la actividad de la fábrica "no supondrá ningún impacto en la fauna ni la flora local" ni afectará a los bancos marisqueros de Arousa.

Lo cierto es que la empresa sí reconoce que los hasta 30 millones de litros de agua que verterá a 27 grados al río podrían elevar en hasta tres grados la temperatura natural de su cauce. E implícitamente admite que no se tratará de agua limpia, sino depurada cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa que rige la gestión del Ulla. Altri atribuye a una cuestión "estrictamente técnica" que no pueda reutilizar el agua y que necesite abastecerse diariamente del río.

En cuanto a las infraestructuras, la compañía explica que aunque ocupará 366 hectáreas de terreno la superficie construida de la planta no superará las 112, y que estará rodeada "de un cinturón verde de especies autóctonas" de otras 61 hectáreas. Sobre las emisiones tóxicas, detalla que los gases recibirán un tratamiento previo de acuerdo a la normativa legal para evitar que produzcan lluvia ácida, y que la altura de la chimenea que los expulsará -75 metros- garantiza que no perjudicarán a la salud humana o animal.

La consultora de Blanco y Alonso

Para preparar su aterrizaje verde en Galicia, Altri ha contratado en España los servicios de la firma Acento Public Affairs, especializada en consultoría y lobby para las relaciones con las administraciones públicas. Está liderada por los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), y recientemente quiso fichar al que fuera ministro de Consumo de Pedro Sánchez, Alberto Garzón (IU).

En el consejo asesor se sientan antiguos cargos políticos como la popular Elena Pisonero, exsecretaria de Estado de Economía en los gobiernos de José María Aznar; el socialista Valeriano Gómez, ministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero; la también socialista Elena Valenciano, que fue eurodiputada y vicesecretaria general del PSOE; y José María Lasalle, exsecretario de Estado de Cultura con los gobiernos populares de Mariano Rajoy.

Fue el propio José Blanco, natural del municipio en el que se instalará la factoría, quien aseguró en octubre pasado que con la fábrica se crearían 1.500 puestos de trabajo. La empresa admite ahora que serán "alrededor de 500", pero anuncia otros 2.000 empleos indirectos en "servicios industriales, seguridad, limpieza, mantenimiento, logística, transporte, hostelería, forestal" y hasta 4.000 durante la construcción de la planta.

La firma estima la inversión total en 850 millones de euros y calcula que hasta el 25% podría ser financiado con fondos públicos con cargo a las ayudas europeas.

Greenfiber y Greenalia

El primer paso en el proceso de greenwashing de Altri fue renombrarse como Greenfiber, que significa fibra verde y es el nombre de la filial de la empresa gallega con la que Altri se ha aliado para sacar adelante su proyecto: Greenalia, una de las compañías eólicas y de renovables más importantes de Galicia, cuya marca también tiene reminiscencias verdes y en cuyos órganos de dirección se sientan varias personas bien relacionadas con el mundo de la empresa, la política, la Administración pública y el sector financiero.

Su presidente es José María Castellano, exvicepresidente de Inditex y expresidente de NovaCaixaGalicia, y en el consejo de administración se sientan Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente con Alberto Núñez Feijóo, y Antonio Couceiro, exconselleiro de Industria con Manuel Fraga (PP) y expresidente del Deportivo, cuyo accionista mayoritario es Abanca, heredera, precisamente, de NovaCaixaGalicia.

Afectados por el proyecto de Altri y representantes de las organizaciones civiles que se oponen a él tienen previsto viajar a Bruselas a mediados de este mes en una visita organizada por la diputada del BNG en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, que pretende trasladar a las autoridades comunitarias los efectos nocivos que, en su opinión, tendrá la fábrica.

La eurodiputada de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop también se ha dirigido a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre la viabilidad de la instalación y sobre la posibilidad de que su inversión sea sufragada con fondos europeos.