Mallorca vuelve a estallar contra lo que muchos ya tildan de atentado medioambiental y en contra de los derechos de los animales en la isla. En esta ocasión, se trata de un proyecto de macrogranja avícola presentado este mes por la empresa ganadera Avícola Son Perot. Público ha intentado en reiteradas ocasiones ponerse en contacto con la entidad pero todavía no ha recibido respuesta por su parte.

Esta semana, Greenpeace ha alertado de que, en caso de construirse finalmente este complejo cerca de los pueblos de Sineu y Maria de la Salut, constituiría la granja avícola más grande de España en términos de emisiones de amoníaco. 

Esta organización advierte asimismo de los graves estragos que causaría no sólo en la vida cotidiana de estas poblaciones colindantes sino, en un plano más amplio, en el medio natural de la isla y en el bienestar de los animales que habitarían en el recinto. El complejo industrial incluiría la edificación de diez naves industriales, estercoleros y otras infraestructuras auxiliares.

La preocupación vecinal e institucional ante esta amenaza contra la sostenibilidad en la isla se ha traducido, por el momento, en la presentación de varias mociones en los ayuntamientos de Sineu y Maria de la Salut, en este último por unanimidad. Los vecinos, por su parte, ya han empezado a movilizarse a través de una recogida de firmas en colaboración con los ayuntamientos. 

Esta empresa de explotación y gestión ganadera, ubicada en el pueblo de Manacor, cuenta con unos oscuros antecedentes en materia de cumplimiento de la normativa sobre protección ambiental y animal. En mayo del año pasado, Son Perot ya recibió una multa de 200.000 euros por parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Consellería por una infracción grave al no contar con la debida Autorización Ambiental Integrada (AAI), obligatoria para las granjas con más de 40.000 aves (esta empresa contaba con más de 135.000).

En su defensa, la empresa alegó que el establecimiento contaba con "todos los procesos necesarios para asegurar que no hay riesgo para la salud de las personas", tal y como transmitió el diario mallorquín Última Hora. No obstante, no han podido determinar de qué forma se garantizaba que se cumplía con los niveles óptimos de emisiones o vertidos según la normativa vigente.

Hoy, los mallorquines temen que la historia se repita, ya que el proyecto prevé la edificación de varios fosos de aguas residuales que generarían más de 30.625 toneladas de residuos, lo que a su vez incrementaría sustancialmente la polución y la emisión de componentes tóxicos en los aledaños de la granja. Por ello, los vecinos de Sineu temen los olores insoportables, el polvo producido dentro de las naves y los problemas de insectos y plagas que traería consigo este complejo.

Además, se gastarían cada año más de 60.000 metros cúbicos de agua en un territorio asfixiado desde hace varios años por la sequía y las fuertes olas de calor. Debido a los estragos de la sequía persistente, los pueblos de Mallorca anunciaron este año varios cortes de suministro de agua durante algunas horas del día. El agua necesaria para producir únicamente el alimento de las gallinas, sería de más de 61.000 metros cúbicos al año.

Pero la problemática de las macrogranjas trasciende el caso concreto de esta explotación ganadera: cada vez son más las organizaciones ecologistas y medioambientalistas que insisten en la urgencia de poner coto a la construcción de estos complejos industriales en plena crisis climática.

"Este tipo de macrogranjas generan grandes volúmenes de desechos animales, como estiércol y residuos de alimentos, que pueden contaminar los recursos hídricos locales", sostiene en conversación con Público Yolanda Morales, portavoz nacional de PACMA. Además, añade, "la emisión de gases como el amoníaco y metano el contribuyen a la contaminación del medioambiente, exacerbando el cambio climático a nivel local y global". 

Precisamente la contaminación de las aguas a causa de los nitratos que segregan las explotaciones ganaderas es un problema cada vez más acuciante en Mallorca. Así lo revela el estudio de Greenpeace sobre la Red Ciudadana de Vigilancia de Nitratos, publicado el pasado mes de mayo, que denuncia el "envenenamiento" o contaminación por nitratos del 54% de las aguas subterráneas y el 61% de las superficiales en la isla. El Tribunal de Justicia de la UE ya condenó a España el pasado mes de marzo por incumplir la Directiva de Nitratos, donde se menciona a Illes Balears por no haber declarado zonas vulnerables en áreas afectadas.

Esto ocurre en un contexto de incremento sin precedentes de explotaciones ganaderas de aves en toda España: según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, de los 7.100 complejos industriales que hay actualmente en España, el 53% corresponden al sector avícola y porcino, es decir, más de la mitad. Estas, afirman varios informes de asociaciones ecologistas como Greenpeace, emiten hasta 28 sustancias contaminantes, entre las que destacan el amoníaco y el metano. 

Si bien existen regulaciones y los controles periódicos para garantizar la preservación de las condiciones de salubridad y bienestar dentro de estos recintos, estos brillan por su laxitud y falta de contundencia contra los empresarios. Según los expertos en medio ambiente, se trata de normativas que a penas alcanzan para garantizar intoxicaciones alimentarias en los consumidores. Bilbo Bassaterra, activista climático y cofundador de la organización ecologista Futuro Vegetal, teme que en el caso de esta macrogranja se incurra de nuevo en violaciones de la una normativa ambiental ya de por sí "insuficiente".

"Es imposible garantizar ningún tipo de bienestar animal en estos espacios, por mucha ley que se haga, porque hay tantísima población de aves que tendrías que tener muchísimo personal encargado solamente de vigilar que estos animales estén bien, lo cual económicamente no sale rentable para la explotación", alega a este medio.

Normalmente, en este tipo de negocios la ausencia de personal suficiente para vigilar la aplicación de las normas repercute en que "numerosos desperdicios se viertan en el terreno y éstos se filtren hacia las aguas subterráneas, contaminando en muchos casos incluso el agua con el que se bebe y se baña las poblaciones cercanas", ha afirmado. 

El alto precio de esta construcción la pagarían, en primera y última instancia, los propios vecinos de los pueblos colindantes. Desde un planteamiento meramente económico, como advierte Bassaterra, supondría la pérdida masiva, directa e indirecta, de puestos de trabajo en el territorio insular: las grandes superficies como ésta acaban comiéndose a los pequeños negocios locales de la isla, que a menudo luchan en balde por su supervivencia. 

Toni Llinàs, agricultor y ganadero mallorquín, lleva toda la vida dedicándose a la cría de gallinas para la venta local a través de un pequeño negocio ubicado en el pueblo de Sant Llorenç del Cardassar, que ahora camina sobre la cuerda floja. "En la isla el producto local es muy apreciado por los consumidores, pero los costes de producción son muy elevados, por lo que tener una superproducción de producto local afecta mucho al pequeño trabajador, que no podrá competir con los precios que puede ofrecer dicha superproducción", establece.  

A cambio, los pocos y mal pagados empleos que se crean son, por lo general, muy precarios, altamente peligrosos por la ausencia de medidas de seguridad laboral y desempeñados en su mayoría por personas migrantes: "Solamente se benefician aquellos que se lucran con ellas directamente", sostiene el activista.  

Un proyecto que va en detrimento de la salud ciudadana

Además, añade Llinàs, "otro problema es el de las bajas o gallinas muertas que pueden suponer cientos de cadáveres diarios y Mallorca no está preparada para la eliminación de dichos cadáveres", lo que pone en tela de juicio la capacidad de las islas de cara a hacer frente a la desproporcionada huella de carbono que generan las grandes industrias.  

Por otro lado, en lo referente a la salud de los habitantes, el informe de PACMA, "La sombra oculta tras el velo de la productividad", que analiza las distintas externalidades negativas derivadas de las grandes industrias ganaderas, revela que los contaminantes procedentes de las macrogranjas pueden causar problemas respiratorios al deteriorar la calidad del aire en las áreas próximas, lo que afecta directamente a los residentes de las comunidades cercanas y a los propios trabajadores de las macrogranjas.

El riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas (que se transmiten del animal al hombre) como la gripe aviar, las cuales han aumentado considerablemente en los últimos años, se vincula con las condiciones de hacinamiento en que viven estas aves, que favorecen la transmisión de enfermedades. 

"La insalubridad propia de un espacio sobresaturado, lleno de excrementos y restos de todo tipo, produce un cóctel perfecto para enfermedades y la propagación de las llamadas 'superbacterias'", asevera Morales con preocupación. Todo ello sin contar con que la ausencia de enriquecimiento ambiental puede provocar problemas de comportamiento, lesiones físicas y estrés crónico en los animales alojados en estas instalaciones.