Alrededor de 300 personas que residen desde hace años en viviendas de la Sareb, el llamado banco malo, han exigido este martes al Ministerio de Asuntos Económicos que retome la mesa de negociación colectiva a la que se comprometió hace un año, cuando los afectados y diferentes colectivos por el derecho a la vivienda lanzaron el Plan Sareb y ocuparon la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para forzar las conversaciones.

Esta es la tercera vez que los agrupado en el Plan Sareb recurren a la protesta para forzar la negociación, y como medida de máximos piden que se realice una auditoría pública de la entidad, ya que las cuentas públicas de Sareb y el FROB carecen de transparencia, y que sea vinculante, de manera que conlleve que las viviendas de Sareb a formar un parque de vivienda público. Es una antigua demanda de los colectivos por la vivienda y también de Unidas Podemos.

En esta ocasión, la protesta se ha dirigido hacia el Ministerio de Economía, en cuya puerta se han concentrado decenas de afectados y activistas, rodeados de un gran despliegue policial. Lo mismo ha sucedido al mismo tiempo en Barcelona, València, Alacant y Valladolid, donde decenas de personas se han congregado en sedes relacionadas con Sareb y el Ministerio para expresar sus demandas.

Varios representantes del los afectados han podido acceder al ministerio para entregar sus reivindicaciones a los responsables. En primer lugar exigen la retirada de cualquier demanda judicial y la suspensión de todos los desahucios pendientes incluidos en un dosier que ya recibieron representantes de la Sareb y del FROB hace casi un año y que, según denuncian, muchos siguen adelante.

También demandan que el banco malo no venda ninguno de los inmuebles detallados, donde ya residen familias que llevan tiempo negociando un alquiler asequible con la entidad. Piden que esas negociaciones se lleven a cabo de forma colectiva, y no caso por caso. También quieren que el banco malo deje de recurrir a la vía judicial y la amenaza del desahucio como primera respuesta a la hora de negociar soluciones.

En cuanto a las personas que han llegado a algún tipo de acuerdo con la Sareb para permanecer en las casas, los afectados reclaman que la entidad elimine las "cláusulas abusivas en los contratos" que, aseguran, ofrece. Al mismo tiempo, piden la firma de nuevos contratos con una duración mínima de siete años y prorrogables durante otros tres,  como establece la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Según han explicado los activistas, representantes del Ministerio de Economía ha recibido sus demandas y se han vuelto a comprometer a estudiarlas y a seguir reuniéndose. Es lo que prometieron ya hace casi un año, aunque la mesa de negociación cayó en punto muerto mientras la deuda de la Sareb comenzó a consolidar como pública y elevó casi tres puntos el déficit español.