La Fiscalía y las asociaciones feministas Plataforma 8 de Marzo de Sevilla y Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres han pedido ante la Audiencia Nacional que se anule el sindicato de prostitutas OTRAS, cuya creación fue autorizada por el Gobierno —como adelantó Público—, porque pretende ser una vía para legalizar la prostitución por cuenta ajena.

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles una vista para analizar si se anulan los estatutos y se expulsa del registro al citado sindicato, como piden ambas entidades, y tanto las asociaciones como el Ministerio Público han coincidido en sus argumentos.

Ambas partes han solicitado la nulidad de los estatutos y la baja del sindicato del registro porque, han asegurado, el objetivo de su constitución es legalizar la prostitución por cuenta ajena y establecer un marco legal para el proxenetismo. "Se pretende utilizar esta vía para que se legalice la prostitución", ha aseverado el fiscal Benito Ejido.

"La pretensión real del sindicato es crear un marco para los contratos de trabajo de prostitución por cuenta ajena y un marco legal al proxenetismo. (...) Aquí se trata de legalizar un sindicato para dar cobertura legal al proxenetismo, no para defender los derechos de las trabajadoras", ha advertido la abogada de las asociaciones Charo Carracedo.

Las demandantes han subrayado que los estatutos del sindicato persiguen la normalización del uso sexual de las personas y colisionan frontalmente con el ordenamiento jurídico. La ley no permite "ofertar a una persona para su uso sexual", ha recalcado Carracedo, y OTRAS tiene la "pretensión implícita" de "abrir la puerta al proxenetismo organizado como patronal".

El fiscal ha recordado que el Código Penal sanciona el proxenetismo, prohíbe que alguien saque provecho y beneficio a través de la explotación de una persona, de la prostitución ajena. Y ha explicado que el Código Civil establece que la validez de un contrato laboral requiere que su objeto y su causa no sean ilícitas, algo que no ocurre en la prostitución por cuenta ajena.

Tanto la Fiscalía como las demandantes han apuntado que la prostitución no puede ser objeto de una relación laboral y, por tanto, no puede constituirse un sindicato para que haya interacción entre trabajadores y empresarios. "No tiene cabida un contrato laboral de prostitución aunque medie el consentimiento", ha destacado la abogada de la Plataforma 8M, Sara Vicente.

De establecerse ese contrato laboral, ha aclarado Carracedo, los empresarios podrían determinar la selección de la clientela de las prostitutas, la fijación del precio de los servicios sexuales, las "modalidades de uso" del cuerpo de la mujer o "el número de invasiones" que tendría que soportar para fijar su productividad. "El cuerpo no puede ser objeto de comercialización", ni fuente de enriquecimiento de terceros, ha continuado, y menos que eso sea amparado por el marco normativo.

El fiscal ha expresado que cualquier actividad laboral que supusiera la explotación de la mujer sería constitutiva de delito y que el consentimiento de una relación laboral de prostitución supondría la cesión del derecho de libertad sexual de manera anticipada.

Por su parte, la abogada de OTRAS, Mariola Felipe, ha defendido que el sindicato no es "exclusivamente de prostitutas", que el trabajo sexual es "mucho más amplio que la prostitución" y que su objetivo es defender los derechos de las mujeres. "OTRAS es un sindicato que defiende a las mujeres, en ningún caso a las empresas ni a los explotadores", ha continuado, para añadir que su ámbito de actividad tendría que ver con bares de alterne, industria pornográfica, centros de masaje y espectáculos eróticos.

Asimismo, Felipe ha criticado que la impugnación del sindicato es un "movimiento ideológico", un juicio sobre la prostitución libre: un ejercicio no regulado pero tampoco ilegal, ha dicho. "Entendemos que no les guste que haya un sindicato así. A nosotros tampoco nos gusta que haya uno como Manos Limpias", ha aseverado Felipe.

Antes de comenzar la vista, el juez ha preguntado a la abogada de OTRAS si quería excluir de los estatutos del sindicato el ejercicio de la prostitución, algo que ha rechazado. "¿Por qué no se ha excluido expresamente la prostitución? Porque se pretende utilizar esta vía para que se legalice", ha remarcado el fiscal.

El Ministerio de Trabajo, pendiente de los tribunales

Para este miércoles estaba prevista una segunda vista sobre este asunto que ha sido suspendida a la espera de que el tribunal se pronuncie, ya que el fondo del asunto es similar.

Se trata de la demanda de la organización L'Escola A.C., en este caso contra el Ministerio de Trabajo, al considerar que no cumplió con su función al permitir el registro del sindicato OTRAS. A su vez, esta asociación presentó un recurso de revisión para evitar que este sindicato, con sede en Barcelona, tuviera efecto alguno. 

La vista se reactivará una vez la Audiencia Nacional dicte sentencia sobre la nulidad o no del sindicato.