Carolina Martínez y Clemente Bernad nunca imaginaron verse en una situación así. En el momento en el que atienden a este periódico se encuentran en el coche, camino de Pamplona. Allí serán juzgados este miércoles y jueves por un delito de "revelación de secretos" y "atentar contra la intimidad" tras ser denunciados por la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, que les pide dos años y seis meses de prisión. La Fiscalía, por su parte, solicita dos años de cárcel y una multa de 12.000 euros. 

¿Pero qué han hecho estos documentalistas para ser juzgados? Muy simple. Realizar un documental sobre el Monumento a los Caídos de Pamplona e intentar investigar qué sucede en la misa que cada día 19 de cada mes de cada año la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, una organización fundada en 1939 por excombatientes requetés, celebra en el Monumento a los Caídos frente a las tumbas donde hasta hace poco tiempo se encontraban los restos de los generales golpistas Mola y Sanjurjo. El acto, que se disfraza de misa, es en realidad un acto de exaltación franquista, según denuncia la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). De hecho, se celebra cada día 19 en honor al día que el golpe de Estado del 18 de julio llegó a Navarra.

 "Nos sentimos fatal. Es una acusación injusta y no creemos que hayamos cometido ningún delito. La sensación ahora es como si fuéramos a un matadero, pero es injusto. No damos crédito a todo esto. Este es un viaje que preferiríamos no estar haciendo", explica a Público Carolina Martínez, mientras Clemente Bernard conduce el vehículo que les llevara a los juzgados de la capital navarra. 

Los cineastas accedieron al templo con el permiso del Ayuntamiento, que es el propietario del mismo, y durante el documental no exhibieron ninguna imagen de la ceremonia de exaltación. Sin embargo, los miembros de la Hermandad les acusan de haber colocado un micrófono y una cámara oculta en una rejilla y alegan que esta práctica viola el artículo del Código Penal 197.1, que señala que será sancionado quien “utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen”. 

"Nunca imaginamos que nos podría pasar esto. No tenemos la percepción de haber hecho nada malo ni haber cometido delito alguno. Somos dos ciudadanos muy normales que no imaginamos nunca este lío y tampoco nos gusta toda esta visibilidad que la polémica nos está dando", prosigue Carolina, que prefiere mantener silencio sobre el caso hasta que no se produzca una sentencia en firme. 

Monumento a los Caídos de Pamplona.

¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?

El periplo de Martínez y Bernard comenzó en enero de 2017 cuando en el marco de las jornadas ¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?, organizada por la asociación memorialista ZER Dilemas Urbanos y Derivas Ciudadanas, presentaron el documental A sus muertos. La cinta se estructura alrededor de seis preguntas sobre el monumento en el que los autores denuncian el desconocimiento de la ciudadanía sobre el significado del lugar, las 3.500 víctimas republicanas en Navarra y el papel de Sanjurjo y Mola en la represión. 

El objetivo era, precisamente, reflexionar sobre un monumento que cada mes acoge un acto de exaltación del golpe de Estado de 1936 y la dictadura bajo el amparo de la Iglesia católica y sobre su posible futuro. El propio Ayuntamiento de Pamplona mantiene abierto un concurso de ideas para ver qué hacer con el monumento una vez el Consistorio había exhumado del lugar los restos de los dos generales golpistas. 

A raíz de la realización del documental, los autores recibieron una denuncia de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz. La denuncia fue admitida a trámite por "revelación de secretos" y a la petición de dos años y medio de prisión se sumó la Fiscalía, que pide dos años de cárcel y 12.000 euros de multa para cada uno de ellos.

¿Quiénes son los Caballeros Voluntarios de la Cruz?

Pero, ¿quiénes son los Caballeros Voluntarios de la Cruz? Es una organización fundada en 1939 por excombatientes requetés para “mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España“. El objetivo de esta Hermandad fue conseguir una organización formada por caballeros que fuesen una “mezcla de guerrero y de monje”.

Según propias palabras, tal y como recoge Nueva Tribuna, encontraron “en Navarra y en varias capitales de España, un crecido número de excombatientes de todas las clases sociales”, hallando “en dicha Hermandad el estímulo necesario para mantener despierto, vivo como el primer día de la Cruzada, el apego fervoroso a aquellos ideales santos que les impulsaron a abandonar su hogar para defenderlos con las armas en la mano”.

Manifiesto de apoyo y solidaridad de la ARMH

El caso de Clemente Bernad y Carolina Martínez ha levantado una ola de solidaridad en el mundo de la Memoria histórica. Rápidamente se puso en marcha un manifiesto de apoyo, que ha recabado cerca de 2.000 apoyos, bajo el título La libertad no es un delito. 

“No puede considerarse un delito investigar con fines de documentación artística el uso que, de un espacio público, el ominoso Monumento a los Caídos de Pamplona, hace una organización de tan dudosa cualidad democrática como es La Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz”, denuncia el manifiesto. 

Asimismo, la ARMH, presidida por Emilio Silva, ha denunciado en reiteradas ocasiones que este juicio se trata de un "atropello la persecución judicial" que están sufriendo los documentalistas. 

"Es evidente el interés informativo y social que conlleva el hecho de que un acto de enaltecimiento de la dictadura franquista se celebre dentro de un edificio de propiedad municipal y amparado por la Iglesia Católica. La conmemoración del golpe de Estado de 1936 podría tratarse de un delito de odio y discriminación que lleva a cabo la Hermandad todos los meses", denuncia, en conversación telefónica con Público, Emilio Silva. 

El presidente de la ARMH también destaca "la impunidad" de un grupo que exalta cada mes de cada año el golpe de Estado franquista mientras juzga a dos documentalistas que solo pretendieron denunciar el homenaje mensual a dos golpistas como Mola y Sanjurjo. "El juicio pone en evidencia la discriminación en la que viven las víctimas del franquismo. Los que niegan su existencia, los humillan y menosprecian reciben amparo de la justicia, mientras que las víctimas permanecen en el olvido", sentencia Silva.