El PP de Villa del Prado pagó 634.395 euros en contratos menores por servicios de electricidad y fontanería a dos empresas en un periodo de sólo cuatro años. Entre 2014 y 2017, el Ayuntamiento de este municipio madrileño, de apenas 6.300 habitantes, abonó 355.456 euros a la empresa Instalaciones Eléctricas Cochele, y 278.930 euros a Instalaciones Barbero S.L., tal y como se recoge en la documentación a la que ha accedido Público.

Todo, sin publicidad ni concurso público, como denuncia la oposición. De hecho, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid interpuso este lunes una querella contra la alcaldesa, Belén Rodríguez Palomino, al apreciar indicios de un posible delito continuado de prevaricación.  Así se desprende del documento fechado el 12 de noviembre, y rubricado por el teniente Fiscal de la Comunidad de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga.

La actuación de la Fiscalía tiene lugar tras la interposición de una denuncia ante la Fiscalía de Área de Móstoles por parte del grupo Vecinos por Villa del Prado, con representación en el Consistorio. El pasado 5 de enero, el concejal de esta formación José Manuel Martín Salamanca denunció estas contrataciones. En este texto no se hace mención a los ejercicios 2016 y 2017, pero el concejal explica que proporcionó esta información a Fiscalía después de presentar su primera denuncia.

En su escrito a la Fiscalía, Martín afirma que "desde hace más de diez años" se están llevando a cabo este tipo de trabajos fraccionados, e incluso "sin expediente de contratación" en algunos casos, como ocurrió en 2014 y 2015 con la contratación de los servicios de Instalaciones Barbero S.L., por los importes de 80.741 euros y 92.672 euros, respectivamente. 

Por su parte, en declaraciones a este medio, el concejal de Vecinos por Villa del Prado especifica que los documentos a los que harían referencia estas contrataciones ni siquiera existen: "Hay una  sucesión de facturas fraccionadas para eludir los contratos. Así, lo que hacen es omitir los contratos, los pliegos" denuncia. 

Además, y según relata en la denuncia, ​Martín reiteró ante el equipo del Gobierno este "proceder irregular", logrando el compromiso de que la Corporación trabajaría en la elaboración de los pliegos de contratación. "Nos contestaron que se han puesto a trabajar en el pliego. Por lo tanto, no solo no convalida lo irregular e ilegalmente realizado hasta ahora, sino que supone un reconocimiento expreso de la contratación ilegal por parte del Ayuntamiento de Villa del Prado", reza el escrito.

En la línea, el texto recuerda el límite legal de 18.000 euros para los contratos menores, y sostiene que el Ayuntamiento de Rodríguez Palomino "está tratando de evitar los mecanismos de control". "El fraccionamiento del precio​, que es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Villa del Prado, persigue asegurar la adjudicación a un contratista eliminando tanto a eventuales competidores como las ventajas que de la concurrencia se derivan para la Administración", zanja el escrito. 

Este medio ha intentado contactar con Rodríguez Palomino, sin éxito.