La baja o permiso por nacimiento sigue siendo una situación que en España, para bien y para mal, afecta básicamente a las mujeres. Tanto el padre como la madre tienen derecho a no trabajar durante varias semanas posteriores al parto. Pero hay un periodo que pueden compartir, y la realidad es que pocas veces lo hacen.

La parte intransferible de la baja por nacimiento es de seis semanas en el caso de la mujer (tiempo que se considera imprescindible, en condiciones normales, para su recuperación) y de cuatro en el caso del hombre. Ambas son ampliables cuando hay partos múltiples y cubren también los procesos de adopción, tutela y acogimiento.

La parte que se puede compartir es de diez semanas, en el bien entendido de que el derecho a disfrutarlas corresponde a la madre y, por lo tanto, ella tiene la última palabra. Si decide ceder parte de ese tiempo a su pareja y ésta lo acepta, debe comunicarlo a la Seguridad Social en el momento en que comience la baja.

El derecho a compartir el permiso por nacimiento se estableció para fomentar la corresponsabilidad de los dos progenitores en los primeros meses de vida de sus hijos, y para que no recayeran exclusivamente sobre las mujeres los inconvenientes derivados del paréntesis laboral que conlleva la maternidad.

Sin embargo, sus efectos prácticos, al menos a día de hoy, son muy limitados, según se deduce de los últimos datos que obran en poder del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A lo largo del año pasado, hubo 261.118 bajas por nacimiento, de las que sólo 3.350 (el 1,3%) fueron compartidas.

Las tres comunidades autónomas con más bajas en términos absolutos fueron Andalucía (46.791), Catalunya (46.272) y Madrid (44.881). La primera de ellas es donde hubo menos compartidas (el 0,8%), frente al 1,3% y el 1,2% de las otras dos, respectivamente.

Sea el padre o la madre quien se toma el permiso, tiene derecho a percibir el 100% de su base reguladora por incapacidad temporal, con cargo al Estado y sin cargo alguno para la empresa a la que pertenece, si es asalariado. En 2016, el coste total de la prestación superó los 1.767 millones de euros.