Que el Instituto Nacional de Estadística iba a rastrear en noviembre los móviles de los españoles era ya sabido. Sin embargo, ahora conocemos exactamente cuando. Su primera fase se extenderá desde este lunes hasta el próximo jueves, 21 de noviembre. Así, comienza a concretarse algo más una operación que, desde que ha trascendido al público, se ha movido en una nebulosa, no solo de fechas, sino incluso en lo relativo a su posible legalidad. 

Este seguimiento se producirá gracias al acuerdo que alcanzó el INE con Vodafone, Movistar y Orange con el objetivo de obtener información sobre la movilidad de los ciudadanos. El seguimiento comprenderá en total ocho días: los cuatro que van desde hoy hasta el jueves (todos ellos días laborables); el 24 de noviembre (domingo); 25 de diciembre (festivo); 20 de julio, y 15 de agosto. Así, se recogen datos de días laborables, festivos y de diferentes épocas del año. 

Los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los telefónos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. Este es el argumento que esgrimen tanto desde el INE como las operadoras para asegurar que la iniciativa no entra en colisión con la Ley de Protección de Datos.

Con la información obtenida se tiene la intención de, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.

Estadística aseguró en su momento que "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal". No obstante, en el momento en el que trascendió dicha operación, expertos en la materia como la abogada Paloma Llaneza ya cuestionó esto asegurando a Público que "los datos anónimos han dejado de existir con las nuevas inteligencias artificiales". 

La jurista aseguraba que las operadoras, con su defensa del anonimato de estos datos, ya llevaban vendiendo este tipo de paquetes de información a otros agentes ajenos al INE durante un tiempo. Otros juristas expertos del sector como David Maeztu eran incluso más contundentes y, ante sus serias dudas sobre la legalidad de esta operación, directamente invitaban a la Agencia Española de Protección de Datos a "iniciar un procedimiento para averiguar qué es lo que ha pasado aquí".