¿Existe una extraordinaria y urgente necesidad para aprobar el último decreto del Gobierno, diseñado —en teoría— para tratar de controlar la actividad online de los independentistas catalanes? Hay motivos más que justificados para la preocupación, y ya hay quien pide directamente a la Diputación Permanente del Congreso que frene su tramitación y no lo convalide, algo que debería suceder en los próximos 30 días.

El texto normativo proporciona a La Moncloa una serie de poderes extraordinarios para intervenir la actividad en las redes en cualquier nivel y casi por cualquier razón, con el punto de mira (y la excusa) en las actividades de Tsunami Democràtic y los CDR.

No obstante, en una carta, la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI) pide a la Diputación Permanente del Congreso, "que vote en contra de convalidación de este Real Decreto Ley [para lo que cuenta con 30 días], de modo que esta materia pueda ser regulada, con todas las garantías necesarias, como un Proyecto de Ley la próxima legislatura".

Se trata del polémico Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

En él, preocupan sobre todo tres puntos fundamentales que afecta a la libertad de expresión:

1) El 'decretazo' no sólo se circunscribe a atacar la república digital catalana. De hecho, afecta a todo tipo de organización de protestas en todos los niveles, debido a la amplitud de supuestos englobados en la expresión genérica "orden público". Tal y como expicó el pasado martes Eva Belmonte de Civio, la primera en publicar el alcance de esta nueva norma, ésta "permite al Gobierno intervenir o cerrar sistemas de comunicaciones digitales (AKA, por ejemplo, webs) si hay amenaza del orden público".

2) También Belmonte, en su análisis, se fijó en un inquietante aspecto del decreto: entre los supuestos de intervención se incluye la posibilidad de intervención gubernamental "cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes". "O sea, se permite cierre cautelar si afecta a operadores PRIVADOS", destaca.

3) La censura granular. Aunque ya era posible con la normativa anterior suspender parcialmente una red de comunicaciones, Enric Luján, de @CripticaOrg, pone el foco en la intención del decreto de dar poderes al Gobierno para intervenir "cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".

El decreto añade, además, una nueva 'capa' en manos de la Moncloa para la validación de los sistemas de identificación electrónica: somete a un régimen de autorización previa por parte de la Administración General del Estado a los sistemas que sean distintos a aquellos del certificado y sello electrónico aprobados por éste, entre otras medidas ya explicadas.

Un decreto a prueba

Muy pronto, este decreto tendrá su bautizo de fuego: según informa El Nacional, Tsunami Democràtic recuerda que durante la jornada de reflexión de las próximas elecciones, este sábado día 9, "se podrá interactuar por primera vez con la aplicación móvil de la misma plataforma".

Este grupo, además, plantea "la acción más ambiciosa propuesta hasta ahora". En un comunicado, que la plataforma ha distribuido a través de las redes sociales, Tsunami explica que entre el día 11 y el 13 de este mes se llevará a cabo esta acción "ambiciosa".

Pantalla de Tsunami Democràtic, en estos momentos bloqueada desde algunos de sus dominios.

 Pide a los ciudadanos independentistas que quieran participar en la acción, aún no concretada, "preparar ropa de abrigo, baterías extra para el móvil, comestibles, saco de dormir y tienda de campaña y una actitud tenazmente no violenta", así como "pedir fiesta en el trabajo uno de estos días" y estar dispuesto a desplazarse.