La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado las penas impuestas a 18 personas por el Juzgado Central de lo Penal del mismo órgano judicial, José María Vázquez Honrubia, a penas de entre cuatro y seis años y nueve meses de cárcel al considerar acreditada su participación en la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) de las campañas electorales de 2007 y 2008 que organizaron las empresas de la trama Gürtel.

Los magistrados confirman las penas impuestas hace un año por tres piezas de la rama valenciana de la Gürtel que se juzgaron en la Audiencia Nacional, en la que, además varios acusados, entre ellos el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, los líderes de la trama y nueve empresarios reconocieron que las campañas para las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y las generales de 2008 fueron pagadas con dinero negro.

Por estas declaraciones, el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional afirmó en su sentencia, que ahora ha sido ratificada, que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) se financió de manera "tan absolutamente irregular" durante dichos procesos electorales.

Entre los 18 condenados se encuentran el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a quien le impusieron cinco años y tres meses de prisión; el número dos de la red corrupta, Pablo Crespo, penado con cinco años de cárcel; y el responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez el Bigotes, condenado a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los populares.

Estas penas se acumulan a las impuestas ya por las irregularidades en Fitur -la única sentencia firme por el Tribunal Supremo-; por la primera época de la trama Gürtel -en esta última El Bigotes resultó absuelto- y por los amaños de los contratos con empresa pública Aena.

El magistrado Vázquez Honrubia también consideró culpable al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa, que podrá eludir su condena de cuatro años de prisión a cambio de una multa de 192.000 euros y 365 horas de trabajo comunitario gracias a la colaboración que está prestando para esclarecer determinadas piezas del caso Gürtel y de la presunta caja b del PP. El juez Vázquez Honrubia lo dictaminó así, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el pasado marzo cuando emitió un auto en el que elogió la colaboración "excepcional" del exdirigente 'popular'.

Confesión de Costa

En el juicio en la Audiencia Nacional, Costa hizo una declaración sorprendente, confesando que el PP valenciano que él dirigía junto con Francisco Camps se había financiado con dinero negro y que él lo supo desde el principio y no hizo nada para evitarlo. Esta revelación supuso la reapertura de una de las piezas de la trama Gürtel, la relativa al expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), por la que el expresidente valenciano se encuentra procesado y por la que Anticorrupción solicita dos años y medio de prisión.

De los 18 acusados, solo Correa, Crespo, el Bigotes y el considerado cerebro financiero de la red corrupta, Ramón Blanco Balín -condenado a 3 años de cárcel- recurrieron esta sentencia, pero los magistrados tan solo han estimado parcialmente el recurso del líder de la Gürtel en el sentido de modificar las cuantías de las multas impuestas por delitos contra la Hacienda Pública por las que fue condenado.

La resolución que se ha dado a conocer este martes confirma que Orange Market, empresa que organizó los eventos y actos electorales, y el PPCV no respetaron los límites cuantitativos y requisitos a la formación por las leyes de régimen electoral y de financiación de partidos políticos.

Rebasaron los límites legales

Asimismo, subraya que los responsables del PP valenciano condenados rebasaron completamente los límites legales del partido e idearon un sistema de forma que la empresa de Correa cobrara los servicios prestados a través de empresarios simpatizantes y beneficiarios de adjudicaciones de obra pública, que "aceptaron ese acuerdo con la esperanza de obtener una posición ventajosa en futuras adjudicaciones".

Además de Costa, el titular del Juzgado Central de lo Penal condenó a la exgerente del partido Cristina Ibáñez, a tres años y cuatro meses de prisión; al exsecretario David Serra, a tres años y cuatro meses de cárcel; y a la extesorera Yolanda García, a tan sólo cuatro meses. Si bien, absolvió al exvicepresidente Vicente Rambla.

La Sala explica en su resolución que el modus operandi fue el diseño de un sistema que consistía en el pago de cantidades en metálico y en dinero negro y en el pago de cantidades que se justificaban con unas facturas que no respondían a la realidad, porque el servicio reflejado en las mismas no había sido prestado al destinatario de la factura, sino al PPCV.

A su vez, afirman los magistrados, los ingresos que los responsables y socios de Orange Market obtenían por esta "singular" forma de cobrar sus servicios no eran transparentes para la Hacienda pública, por lo que varios de los acusados han sido condenados también por delitos fiscales por impago del impuesto de sociedades, del IVA e incluso del IRPF.