Una mujer colombiana acudió el pasado 15 de noviembre a la comisaría de Policía de Xirivella (País Valencià) para denunciar la pérdida de su pasaporte, pero salió de dependencias policiales con una citación para comparecer días después ante la Brigada de Extranjería para analizar su caso, al encontrarse en situación irregular.

Este tipo de citaciones a personas extranjeras sin permiso de residencia suelen acarrear una propuesta de sanción por estancia irregular en el país que puede culminar con la apertura de un expediente de expulsión o con una multa de entre 501 y 10.000 euros.

Según denuncia el colectivo València Acull, la mujer había perdido su pasaporte en la calle y acudió a la Policía para denunciarlo. Se identificó con su cédula y el agente le pidió que esperara para consultar su "situación". Después, dos agentes le entregaron una citación para comparecer ante Extranjería "en relación a su situación en España".

Una vez firmó la citación, la mujer les preguntó a los agentes si la iban a deportar. Estos le respondieron que estudiarían su caso y le hicieron una advertencia. "Si no me presentaba, me detendrían y a los tres días me deportarían", asegura la mujer.

El policía que la atendió se negó en un primer momento a tramitar la denuncia de su pasaporte y le dijo que lo haría cuando acudiera a la cita con Extranjería, según el relato de la afectada. Tras insistir, el agente accedió a cursar la denuncia.

Quejas del Defensor del Pueblo y la ONU

El Defensor del Pueblo ha instado en numerosas ocasiones al Gobierno a que dé instrucciones para que las Fuerzas de Seguridad no incurran en estas prácticas con las personas extranjeras en situación irregular que acuden a denunciar a comisaría como víctimas de un delito o a realizar trámites cotidianos. En esta comunidad autónoma ha habido casos de madres multadas o propuestas para expulsión cuando fueron a expedir el DNI de sus hijos recién nacidos con nacionalidad española.

En la práctica, estos procedimientos equivalen a que muchas personas opten por no denunciar ante el miedo a ser deportados o sancionados económicamente. Según el Defensor, esta práctica, muy repetida en las comisarías valencianas,  "tiene claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado y constituye una quiebra del principio de equidad, de proporcionalidad y de seguridad jurídica".

València Acull, que denuncia con mucha asiduidad este tipo de situaciones, recuerda que el Relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes ha exigido que las víctimas "sean regulares o irregulares, tengan garantizado el derecho a recurrir a los tribunales y otros operadores de justicia para proteger sus derechos humanos y evitar la impunidad".

También señala que la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Directiva 2012/29/UE sobre protección de las víctimas de delito y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa establecen la protección jurídica de todas las víctimas.

El Gobierno y, en concreto, el Ministerio del Interior rechazó en 2021 aplicar la recomendación del Defensor del Pueblo, elevada desde 2019. Argumentaba que los agentes solo siguen la normativa dictada por la Ley de Extranjería. En este campo, las únicas denunciantes en situación administrativa irregular que no corren el riesgo de salir de comisaría con una multa o una orden de expulsión son las víctimas de violencia de género y las víctimas o testigos de trata de seres humanos.