Pasó 20 horas en la comisaría de Zapadores de València, a pesar de que el máximo que dicta la ley para realizar una identificación es de solo seis horas. Llegó a pasar por el calabozo, aunque en su expediente no constaban antecedentes penales ni había cometido ningún delito para ser detenida. Además, la mujer tenía cita para iniciar los trámites para solicitar protección internacional, después de meses intentando conseguir turno sin éxito debido al colapso del sistema de citas.

La organización València Acull (València Acoge) ha denunciado este jueves el caso de una mujer colombiana que fue retenida el pasado 8 de septiembre cuando recorría en coche la ciudad junto a un conocido. En un control de tráfico, no muy lejos de la comisaría de Bailén, le pidieron la documentación, pero la mujer solo portaba fotografías de su pasaporte en el móvil por miedo a perder su documento.

Según explica el colectivo en un comunicado, el primer policía que le pidió los documentos "no puso objeciones e incluso, al parecer, comprobó que no tenía ninguna orden de búsqueda pendiente". Sin embargo, prosigue València Acull, "llegó otro agente que cuestionó la validez de la identificación".

"Los únicos que tienen derechos son los españoles"

"Le dije mi nombre y apellidos y el número de pasaporte, como una forma de corroborar que los datos que yo decía concordaban con la identificación de mi móvil. Insistió en que esa no era forma de identificarme y me devolvió el móvil", ha declarado la afectada.

Añade que le ordenaron apagar el teléfono cuando estaba escribiendo a familiares para explicarles la situación y pedirle que se acercaran con su documentación. "Le dije que yo tenía derechos, que no era una delincuente. El policía me dijo que yo no tenía derechos, que aquí los únicos que tienen derechos son los españoles", incide la afectada.

"La actuación policial fue irregular porque en el procedimiento de expulsión incoado no consta que la detuvieron únicamente para identificarla y se superó el tiempo legalmente permitido para una identificación", denuncia València Acull. Los agentes le dijeron que tenía que ir a comisaría, que no tardaría mucho más de diez minutos en salir ya identificada. Pero acabó retenida casi 21 horas.

Allí se le incoó el procedimiento de expulsión sin mencionar que había sido conducida a esa comisaría con el único objetivo de identificarla. Así, denuncia la organización, "trataron de evitar el límite de seis horas que establece la ley" para este fin.

Ya en comisaría, la afectada siguió insistiendo en que algún familiar podía personarse en comisaría con su pasaporte original, y les repitió que tenía cita para solicitar asilo después de varios meses intentando conseguirla. "Me dijeron que lo iban a comprobar y tras verificar que era cierto, me indicaron que esa cita no servía, sin más explicaciones".

En el expediente de expulsión especifica que la mujer estaba indocumentada y sin permiso de residencia en España. Aunque también justifica el procedimiento de expulsión de forma incongruente, ya que menciona que no tiene antecedentes, pero en el siguiente párrafo se dice que a la estancia irregular se une el hecho de "constarle numerosos antecedentes penales".

El miércoles de esta semana, la afectada pudo solicitar asilo pese a tener abierto un procedimiento de expulsión. Su abogado de oficio ha presentado alegaciones solicitando el archivo del procedimiento.

Desde València Acull exigen que la Delegación del Gobierno archive la propuesta de expulsión e inicie una investigación y depure responsabilidades sobre la "irregular actuación policial de la que fue víctima".