"Mi compañero no quiso hacer su trabajo, pero yo sí", le dijo una policía en la comisaría de Castelló (País Valencià) a C. B., un ciudadano colombiano que había acudido a informar del cambio de su domicilio y a preguntar si había alguna novedad sobre una denuncia por estafa que había interpuesto en la misma comisaría varios meses antes.

C. B. no supo si la Policía había tomado alguna medida contra su supuesto estafador. En cambio, sí fue informado de que en ese momento se le incoaba un expediente "preferente de expulsión", ya que se encontraba en situación irregular en España.

El hombre no comprendía por qué la primera vez que fue a denunciar a comisaría, el pasado enero, el agente que le atendió no tuvo problemas en registrar su denuncia y, ahora, sin ningún cambio en su situación, se enfrentaba a la deportación tras haber denunciado como víctima de un presunto delito.

En su primera visita a comisaría, C. B. se identificó con su pasaporte, aunque la denuncia se tramitó con su Número de Identidad de Extranjero (NIE), que obtuvo al solicitar protección internacional en España tras huir de Colombia. A pesar de que su solicitud había sido rechazada en 2020 y, por tanto, carecía de permiso de residencia, "el agente que me atendió se mostró comprensivo con mi caso y me trató amablemente. Me tomó declaración y salí de allí tranquilo", recuerda el hombre en conversación con Público. 

No pensó que fuera a tener problemas cuando regresó seis meses después a la misma comisaría a informar de que se había traslado a vivir a València, en vista de que estaba pendiente del avance de su denuncia por estafa en la compraventa de un coche.

Sin embargo, se equivocaba. En su nueva visita, otra policía comprobó su pasaporte, confirmó que su solicitud de asilo había sido denegada y, siguiendo lo dispuesto por la Ley de Extranjería, iniciaba su proceso de expulsión preferente.

La agente entendía que se daban las circunstancias para pedir su deportación en lugar de una sanción económica por estancia irregular en el país. 

Paso por el calabozo

"Llegó otro policía y me dijeron que estaba irregular, que les acompañara. Me metieron en el calabozo y me dijeron que iban a pedir mi expulsión del país", explica el afectado. Recurrió a una abogada de oficio que presentó alegaciones ante la Subdelegación del Gobierno en Castelló, pero según confirma C. B., sus alegaciones fueron rechazadas la pasada semana. Al filo de su deportación al país del que huyó por extorsiones de organizaciones criminales, este colombiano confía en que su abogada siga peleando para evitarlo. 

El colectivo València Acull (València Acoge) ha denunciado este martes este nuevo caso de indefensión de las personas extranjeras en situación irregular en España. Es el quinto caso similar que se conoce en lo que va de año en las comisarías valencianas de la Policía Nacional.

Denunciar la pérdida o robo del pasaporte, realizar trámites administrativos cotidianos o expedir el DNI de los propios hijos, con nacionalidad española han sido motivo de multas y/o expedientes de expulsión por estancia irregular en esta región en los últimos años.

Salvo esta, todas estas propuesta de sanción o expulsión que han denunciado públicamente desde València Acull han terminado archivadas por las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias, por lo que no han tenido ningún efecto más allá de generar angustia y miedo a los afectados y, sobre todo, desconfianza en la Policía a la hora de denunciar delitos por parte de ciudadanos extranjeros.

Interior desoye al Defensor del Pueblo

Así lo ha señalado en reiteradas ocasiones el Defensor del Pueblo, que ha pedido varias veces al Ministerio del Interior que dé instrucciones claras a a los agentes de comisarías y oficinas de  Extranjería para las personas indocumentadas puedan presentar denuncias sin temor a acabar expulsadas o con una multa que va de los 500 a los 10.000 euros.

Para el Defensor, estas prácticas "tienen claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado y constituye una quiebra del principio de equidad, de proporcionalidad y de seguridad jurídica".

En ese línea se mueven también la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Directiva 2012/29/UE sobre protección de las víctimas de delito y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, que establecen la protección jurídica de todas las víctimas.

A pesar de la insistencia del Defensor del Pueblo ante los repetidos casos de indefensión en comisarías españolas, el Ministerio del Interior rechazó en 2021 aplicar estas recomendaciones, ya que los agentes solo siguen la normativa establecida por la Ley de Extranjería. La norma, tras una modificación durante el Gobierno de Mariano Rajoy, establece que las únicas denunciantes en situación administrativa irregular que no corren el riesgo de salir de comisaría con una multa o una orden de expulsión son las víctimas de violencia de género y las víctimas o testigos de trata de seres humanos.