"Lo que está pasando en el Pirineo es que se ha intentado adaptar el modelo del turismo de sol y playa a este territorio", nos dice el empresario Arriel Domínguez. "Construyeron las estaciones de esquí como infraestructuras turísticas, pero el grueso del negocio consiste en hacer casas — segundas residencias— cuya puesta en valor no depende, en este caso, de estar en primera línea de playa, sino a pie de pista", añade.

Lamentablemente, hay disfuncionalidades graves que afectan al valor de esos destinos turísticos. Las principales son la precariedad laboral y los problemas de acceso a la vivienda por parte de los trabajadores debido al elevado coste de los alquileres turísticos. Pero ahora, además, ha comenzado a escucharse un comentario entre la gente de los valles pirenaicos: "¡Pero si no cabemos más!".

Arriel Domínguez es uno de los titulares de una quesería familiar de Villanúa, además de un miembro señalado de la Asamblea Canal Roya, uno de los movimientos sociales que ha logrado impedir que el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) destruyeran la Canal Roya, un paraje de una belleza y un valor ecológico extraordinarios que nace en los ibones de Anayet, a 2.227 metros sobre el nivel del mar, y desciende entre praderas hasta el río Aragón, en la comarca de la Jacetania.

Hasta hace apenas unos días, los socialistas operaban como los valedores institucionales de un lobby de grandes empresarios que pretendían extender cuatro kilómetros de cables y pilonas para conectar por telecabina las estaciones altoaragonesas de Astún y Formigal con el fin de crear el mayor dominio esquiable de Europa.

Ha sido la contestación social de colectivos como el de Domínguez la que, en combinación con el apoyo de la prensa, ha logrado detener ese proyecto y romper la mordaza de algunos medios de comunicación como el Heraldo de Aragón, propiedad de los Yarza.

A juicio de los enemigos del proyecto, ahora la lucha es otra: conseguir que se blinde ese paraje declarándolo parque natural para impedir que una nueva camarilla de promotores inmobiliarios vuelva a tratar de profanarlo con el fin de llenarse los bolsillos mediante otro plan descabellado que maquille su codicia y su falta de respeto por el territorio con la socorrida excusa del "interés general".

El citado movimiento de contestación social ha abierto en el camino otro debate sobre la clase de futuro por el que apuesta el Pirineo. No se cuestiona que la nieve sigue siendo un activo que revaloriza el territorio. Lo que se ha puesto en entredicho es la filosofía de fondo del modelo. Hay, por ejemplo, una gran señal de alarma especialmente visible en las fiestas y los puentes señalados: parajes antaño apenas frecuentados soportan ahora hacinamientos humanos y largas filas de vehículos propias de Salou o Benidorm.

"En los días de gran afluencia, no solo se producen congestiones en las carreteras o en los focos de atracción turística del patrimonio cultural, sino en determinadas cumbres", señala Arriel Domínguez.

"Se trata de problemas que a la postre podrían hacer recelar a la población local", prosigue el quesero. "Ya se ha empezado a escuchar frecuentemente el término de ibicificación. Es algo que sale en las conversaciones. De entrada, parece que un espacio congestionado se relaciona con un día de mucho trabajo y buena caja. Pero la población también reacciona con estrés ante esas nuevas situaciones. Tiene sensaciones negativas hacia esa presencia masiva de turistas", explica.

"El mismo hecho de que haya surgido un movimiento social que cuestiona el modelo es una señal de debilitamiento del destino turístico. Es la constatación de que algo pasa aquí. Y ello por no hablar de que las inversiones, los recursos y las infraestructuras se concentran en apenas tres valles del Pirineo, mientras el resto del país se condena al abandono y debe esperar al periodo preelectoral para que se comprometan inversiones", añade.

Según el movimiento que se replantea este modelo, no cabe duda alguna de que el turismo de nieve pirenaico es una fuente alternativa de ingresos para el país. El problema es que esos ingresos se reparten de una forma bastante desigual no solo entre las comarcas, sino entre los estratos sociales.

Además, ciertos macroproyectos, como el frustrado plan de destrucción de la Canal Roya, ponen más el acento en los beneficios empresariales que en resolver los problemas estructurales que, en parejo, causan a los trabajadores.

Un ejemplo espeluznante del modo en que las pistas determinan el destino de la gente común de los valles que viven bajo su influencia ha sido lo acaecido recientemente en Seira. Este pequeño municipio ribagorzano se halla a las puertas de Benasque (Huesca). Apenas consta de poco más de un centenar de habitantes censados y alrededor de sesenta residentes, repartidos por cuatro pintorescos núcleos a los que separa el río Esera.

Hace ahora un par de años dieron comienzo unas obras de acondicionamiento y de mejora de varios tramos de la N260 (la que lleva hasta Benasque y Cerler) que los dejó completamente aislados. El municipio se halla exclusivamente conectado con el mundo por esa vía que penetra del lado de Campo y sale en dirección a Castejón de Sos.

La Administración tuvo la feliz idea de acelerar los plazos de la ejecución de las obras emprendiendo obras simultáneas por ambos accesos, de modo que la gente de Seira, Abi y Barbaruens fueron convertidos de forma intermitente en una especie de presos de tercer grado. Solo podían salir o entrar del municipio durante seis horas al día, lo que de facto les privaba del derecho constitucionalmente protegido de la libertad de movimiento. Hasta los mayores salieron a la calle a protestar.

Incluso a día de hoy siguen cortados los accesos del lado que les conecta a Campo, no solo de Seira, sino de todo el valle. ¿En función de qué se franquea o se cierra la puerta al mundo principal de la Alta Ribagorza? ¡En función de la temporada de esquí! Es decir, la misma Administración que entendía que no debe bloquearse el paso al valle de Benasque cuando las pistas de Cerler están abiertas no dudó en confinar a cien personas tras terminar la temporada pisoteando sus derechos básicos como si estuviera por encima de la Carta Magna.

En el sistema pirenaico de castas, los parias de estos pueblos pintan poco o nada. Esa es la dictadura que ejerce la nieve en ese territorio en el nombre de la presunta dependencia de su economía del turismo. El problema de poner casi todos los huevos de tu economía en la cesta del turismo es que si viene, por ejemplo, una pandemia se desmorona el chiringuito.

En Cerler, Benasque y Castejón de Sos, como en Baqueira, no es infrecuente que los empleados del esquí vivan en autocaravanas porque no pueden permitirse pagar un alquiler turístico. Muchos trabajadores sobreviven además en una eterna espiral de precariedad provocada por la temporalidad de sus empleos.

"De hecho, esa es una de las cuestiones que más preocupan en el país", nos dice el quesero Arriel Domínguez. "Y es algo que nos afecta a todos: pequeños empleadores y empleados. De un lado, los empresarios que gestionamos negocios tenemos muchas dificultades para contratar personal y, por el otro, ni te cuento los problemas que tienen los trabajadores para acceder, por ejemplo, a una vivienda", apunta.

Al movimiento social del que Domínguez forma parte le inquieta igualmente la deriva que ha tomado Aramón, un consorcio participado al 50% por Ibercaja y el Gobierno aragonés que gestiona el grueso de las estaciones aragonesas de esquí.

"En pistas como Formigal, el holding ha tenido una estrategia muy exitosa de comercialización de paquetes turísticos con alojamiento y esquí, en hoteles propios o asociados, que pagan una pequeña tasa. Pero ahora ha dado un nuevo paso al frente para mejorar sus cuentas: brindar servicios de restauración y hostelería fuera de la propia estación", expresa.

"Uno de los negocios que más inquietud provoca en Formigal y Sallent de Gállego es Marchika, la discoteca que cuadra las cuentas de los remontes", añade. En otras palabras, Ibercaja y el propio Gobierno de Aragón compiten ahora en el negocio con los pequeños empresarios proporcionando una alternativa de ocio nocturno que a muchos les parece bastante poco compatible con lo que vende el Pirineo, además de competencia desleal, dados los privilegios de los que disfruta el consorcio participado por Ibercaja.

Se trata de un paso más al frente para convertir esa bella cordillera en Benidorm. "Es una temeridad incorporar y apostar por el ocio nocturno porque erosiona el valor del destino y lo sitúa en decadencia", sostiene Domínguez.

"Seguramente, Aramón no tiene más remedio que recurrir a Marchika, pero cuadrar sus cuentas con una discoteca no lo convierte en un modelo de éxito, sino en un modelo a la deriva", afirma.

A todas esas cuestiones hay que añadir el enojo que ha causado el que, a juicio de los opositores al proyecto de la Canal Roya, el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, y el de la DPH, Miguel Gracia, trataran de vender como "interés general" un proyecto que en realidad solo beneficiaba a un puñado de empresarios.

Era tal la obcecación con la que Lambán y la consejera de Economía, Marta Gastón (empleada de Ibercaja y responsable de Aramón) defendían la telecabina que aprobaron a toda prisa una orden para neutralizar un informe desfavorable anteriormente emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio. Es decir, se sacaron de en medio a su propio Gobierno para satisfacer a la oligarquía de banqueros y empresarios para la que Gastón trabaja.

Su caso está en la oficina anticorrupción de Bruselas. A José Luis Martínez Álvarez, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Plataforma para la Defensa de las Montañas de Aragón, no le cabe duda alguna de que lo que se ha parado "es una ocurrencia, el clásico pelotazo".

¿Qué es lo que se ocultaba tras las probadas falsedades en las que se parapetaron los socialistas para favorecer al holding de la consejera de Economía? "Yo, personalmente, tengo la certeza de que todo este proyecto estaba vertebrado, en primer lugar, desde las pistas de Candanchú, que es una estación muy devaluada y que no pertenece al consorcio de Aramón. Sus propietarios son fundamentalmente Mariano Alierta, antiguo directivo de Movistar, y la familia Yarza, propiedad del Heraldo", explica.

"Esta estación ha recibido últimamente tres millones de euros del Gobierno y otros cuatro en créditos blandos. Se rumorea que había una operación de venta en marcha y la telecabina hubiera mejorado las condiciones de esa venta. En segundo lugar, la estación de Astún es propiedad de un gran promotor de la zona llamado Santacruz. Ese señor posee una pastilla importante de terrenos para la construcción de apartamentos y plazas hoteleras dentro de la propia estación", apunta.

"Estaban a la espera de que hubiera una oportunidad para activarlo y la propuesta de unión de estaciones brindaba una buena excusa. Se podrían hacer hasta ochocientos apartamentos. Además, existen otras operaciones inmobiliarias más difusas en el entorno de Canfranc", asegura.

De manera que, en opinión de José Luis Martínez, el "interés general" de Lambán, Gastón y Gracia no era tan "general" como pretendían. De hecho, existían otros intereses bastante menos generales. Que coincidieran en el tiempo las operaciones inmobiliarias con el plan para la destrucción de Canal Roya ha sido atribuido a la "casualidad" por los propios promotores.

"Y la lista prosigue", nos dice el portavoz de Ecologistas en Acción. "El hotel de la estación de Canfranc fue remodelado con treinta millones de euros públicos y después adjudicado para su gestión durante 67 años al grupo Barceló. El proyecto de unión de estaciones contemplaba la idea de que la telecabina naciera en la puerta del hotel". Otra casualidad.

En Jaca, hubo una manifestación que logró reunir, según fuentes policiales, a cerca de 2.500 personas (la localidad apenas tiene 10.000 habitantes). Se asume que la masiva y sorprendente contestación social que han enfrentado, en contra de todo pronóstico, Lambán, Gastón y Gracia, va mucho más allá de Canal Roya.

"Una de las cuestiones que preocupa incluso a los emprendedores de la zona es la enorme saturación de gente que se produce en los días y las fechas señaladas", añade Martínez, en la misma línea que Domínguez.

"Y los que se están quejando de ello no son los perroflautas o el típico ecologista como yo. Hablamos de gente que vive en el territorio y que está cansada de que durante los dos meses que hay esquí no pueden salir los viernes y los sábados a cenar a un restaurante. Dicen que es insufrible y que es ya más que suficiente. En realidad, el reto no es captar más turistas en esas fechas especiales, sino estirar las temporadas con otros usos y otras propuestas", continúa.

En opinión de quienes cuestionan el viejo modelo caduco del pelotazo inmobiliario que se esconde tras la defensa de la nieve a ultranza, el problema es la desfachatez, la arrogancia y la prepotencia con la que ese pequeño lobby aragonés decide sobre el territorio con la ayuda de sus valedores institucionales.

"¿Que por qué los montañeros han reaccionado de una forma tan airada a lo de Canal Roya? Porque también hay gente que vive de la montaña como guías y que consideraban que era un auténtico delito que se destrozara un espacio extraordinario e icónico", agrega Martínez.

"¿Y qué pasa con el eterno reparto de los fondos? A la gente de Jaca o Sabiñánigo no le vendes la moto de que el dinero público va en realidad al territorio porque sabe a ciencia cierta que acaba en los bolsillos de las cuatro familias de siempre. ¿Por qué no lo dedican, por ejemplo, a crear una etiqueta para producir y vender a buenos precios carne de calidad del Pirineo?", se pregunta.