La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido este lunes que se autorice la entrada por "razones humanitarias" a solicitantes de asilo debido a la situación de "hacinamiento" de las salas destinadas a estos procedimientos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En concreto, ha solicitado que se autorice la entrada "excepcional" por "razones humanitarias" en territorio nacional de personas "en necesidad de protección o con necesidades específicas", asignándoles la correspondiente cita para formalizar su solicitud de asilo en la provincia que corresponda.

Además, ha pedido que se implementen recursos humanos y materiales necesarios "para reducir el tiempo de internamiento de las personas solicitantes de asilo al mínimo indispensable establecido en la Directiva europea", así como "mejorar" la coordinación entre los actores implicados: la Dirección General de la Policía, la Oficina de Asilo y Refugio y AENA, abogados y abogadas e intérpretes, para "garantizar las condiciones mínimas de acogida y la rápida tramitación de las solicitudes".

Igualmente, ha solicitado que se atiendan a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las disposiciones de los jueces de control derivadas de las quejas presentadas por CEAR y eliminar el visado de tránsito impuesto recientemente a las personas procedentes de Kenia.

La organización ha señalado que, desde agosto de 2023, ha habido un aumento "exponencial" del número de solicitantes de protección internacional en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dando lugar a una "sobreocupación" en las salas de atención a solicitantes de asilo ubicadas en la Terminal 1 y Terminal 4, y retrasos "alarmantes" en la formalización de las solicitudes.

"Plagas de chinches y acumulación de basura"

Así, la entidad ha denunciado el "hacinamiento" e "insalubridad" han alcanzado "puntos críticos", que, según ha expuesto, ha provocado "plagas de chinches, acumulación de basura y escasez de toallas para la higiene personal". "Al no haber camas suficientes, muchas personas duermen en colchones inflables en el suelo de las zonas comunes (fuera de las habitaciones), en ocasiones compartiendo cama. Esto menoscaba sus derechos a la intimidad y a la vida familiar, así como a su dignidad humana", ha destacado la coordinadora estatal del Área Jurídica de CEAR, Elena Muñoz.

Respecto a las salas de protección internacional e inadmitidos destinadas a la acogida de los solicitantes de asilo, la ONG ha asegurado que estas "exceden" su capacidad y que llegan a albergar actualmente a más de 390 personas en "condiciones indignas e inhumanas". Además, ha lamentado que alrededor de 182 personas aún no han podido formalizar su solicitud de asilo, principalmente procedentes de Senegal, Marruecos, Somalia, Venezuela y Colombia.

También ha precisado que los retrasos en la formalización de las solicitudes alcanzaron hasta 18 días en diciembre, aunque la situación ha mejorado levemente, reduciéndose a ocho días. "Esto dificulta la detección de necesidades específicas (menores, víctimas de trata, salud física o mental, discapacidad), e impide que puedan tener un trato diferenciado al que tienen derecho", ha criticado.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que estos hechos suponen una vulneración de la Directivas europeas, que establecen un plazo de tres a diez días para el registro de la solicitud de asilo; no prorrogar internamientos por causas que no sean imputables al solicitante; garantizar condiciones materiales de acogida dignas, un nivel de vida adecuado y la protección a la salud física y mental; evaluación temprana de las necesidades específicas de acogida y de garantías procedimentales especiales para personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, CEAR ha recordado que el internamiento de solicitantes de asilo en los CIE en pleno procedimiento "obstaculiza" el derecho de defensa. El pasado 16 de enero, el Juzgado de Instrucción nº 46 ordenó el traslado de 50 personas que se encontraban en Barajas al CIE de Aluche, aunque finalmente solo cuatro fueron internadas. Ante estos hechos, la Fiscalía y CEAR pidieron la nulidad de esta medida, que se revocó el 19 de enero.