Salas de retención "sobreocupadas", con unas 250 personas "con el consiguiente deterioro de las condiciones higiénicas y escasez de comida". Es lo que describen los magistrados titulares de los Juzgados de Instrucción 6, 19 y 20 de Madrid, con competencias en materia jurisdiccional y de control relativas a los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) en la Comunidad de Madrid.

Recientemente, los jueces han visitado las instalaciones donde se recluye a las personas inadmitidas en las terminales T1 y T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Allí se hacinan centenares de personas que buscan asilo político o protección internacional en España, mientras se estudia su caso de forma urgente y se decide si son deportadas o pueden permanecer en el país. 

Los magistrados han requerido al Ministerio del Interior y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que "adopten con carácter urgente" medidas "precisas para poner fin a la situación de hacinamiento" que se vive en estos lugares.

El deterioro en estas estalaciones lleva sucediendo desde hace años, pero ha ido a peor a medida que aumenta exponencialmente el número de personas que llegan a España para pedir asilo. Los magistrados hablan de un "exceso de solicitantes de asilo ingresados en tales salas" y de riesgo de "salvaguarda de los derechos de tales personas", entre las que han contado hasta 19 menores de edad. También critican la situación de familias al completo allí retenidas, "cuya intimidad se está viendo vulnerada".

La decisión de estos jueces llega después de una queja formulada por la coordinadora Estatal del Servicio Jurídico la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) el pasado verano.

Según esta queja, además del hacinamiento, se estaban dando casos continuos de retrasos en la formalización de las solicitudes, lo cual empeoraba la ya deficiente situación, ampliando los plazos de espera de los retenidos.

Según han informado estos jueces, durante su visita pudieron comprobar que "muchos de los ingresados en dichas salas están durmiendo en colchones instalados en el suelo, sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad, que permitan proteger sus derechos básicos en las circunstancias en las que se encuentran, tratándose en algunos casos de familias y menores edad".