"Es un paso muy positivo. ¡Ahora a su implementación! ACNUR está dispuesto a asesorar y apoyar". Así ha reaccionado Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al acuerdo alcanzado por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo para desbloquear el pacto de migración y asilo.

Las palabras de Grandi han levantado críticas y sorpresa a partes iguales. La agencia de la ONU encargada de velar por el derechos de las personas refugiadas en el mundo celebra un acuerdo criticado unánimemente por las principales organizaciones de derechos humanos de Europa, que han alertado de que esta línea política aumentará el sufrimiento de la personas migrantes y supone un enorme retroceso para el acceso y las garantías en el derecho a la protección internacional en Europa.

"impacto negativo en los derechos humanos"

Grandi solo ha valorado escuetamente el pacto en un mensaje en X (antes Twitter), en el que no entra a valorar los pormenores de los cinco reglamentos que se votarán –y aprobarán– en el Parlamento Europeo antes del próximo junio. Sin embargo, hasta cuatro grupos de expertos de la ONU habían advertido la pasada semana de varias propuestas legislativas de este pacto "pueden tener un impacto negativo en los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo, incluidos los niños y las personas en situación de vulnerabilidad".

Así lo manifestaron en una carta remitida el 15 de diciembre –víspera de las reuniones negociadores del pacto– a la delegación de la Unión Europea, compuesta por la presienta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

La misiva estaba firmada por Gehad Madi, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes; Mateo Gillett, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU; Tomoya Obokata, relatora especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; y Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Críticas a las detenciones de migrantes

En el documento, de 16 páginas, los representantes de estos comités de expertos de la ONU mostraban preocupación por las detenciones temporales de migrantes al llegar a territorio europeo. "Instamos a los Estados miembros de la UE a prescribir en la ley alternativas respetuosas de los derechos humanos a la detención de adultos por motivos de inmigración", especifican los expertos, que recomendaban utilizar la detención como "medida de último recurso para los adultos".

En el caso de los niños, hacían un llamamiento para "incluir una prohibición explícita de la detención de inmigrantes menores de 18 años y sus familias". Ninguna de las dos recomendaciones ha sido incluida en el pacto, que pone la detención, análisis exprés del caso y la deportación en la base de las nuevas políticas migratorias europeas. En lugar de las detenciones preventivas, estos relatores de la ONU pedían un "recepción y atención comunitaria, sin custodia y basada en los derechos humanos a todos los niños migrantes y solicitantes de asilo".

Deportaciones que implican "daños irreparables"

A los relatores les preocupaban los "procedimientos de retorno" que la UE quiere impulsar, tanto para los migrantes en situación irregular como para los que no pasen el proceso de selección en la frontera que se va a instaurar. Estos recibirán una orden de retorno o una denegación de entrada y pasarán a un "procedimiento fronterizo de retorno", una privación de libertad que "podría durar 24 semanas o incluso 40" si se declara una situación de crisis migratoria.

Estas deportaciones, dicen los expertos en su carta a la UE, "pueden entrañar un alto riesgo de devolución" de personas que no cumplan los requisitos para ser refugiados, pero también de personas que "según el derecho internacional de los derechos humanos, tienen motivos fundados para creer que correrían riesgo de muerte, tortura, malos tratos u otros daños irreparables a su regreso, incluidas las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas". Este perfil tendría derecho a la protección subsidiaria, otra modalidad de protección internacional que, sin embargo, ahora se vería comprometida.

"El Pacto excluye salvaguardias y consideraciones esenciales que garantizan los permisos de residencia nacionales y otros motivos humanitarios que están disponibles en el Código de Fronteras Schengen y los marcos jurídicos nacionales", refieren los expertos. Además, critican la dificultad de que los migrantes rechazados puedan recurrir judicialmente esta decisión.

Los expertos de la ONU recuerdan que "cualquier medida adoptada para legalizar políticas que resulten efectivamente en la expulsión de migrantes sin una evaluación individualizada de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos y el debido proceso son totalmente incompatibles con la prohibición de las expulsiones colectivas y el principio de no devolución", reconocido en la Convención de Ginebra sobre los refugiados.

Riesgo de crear "perfiles raciales"

Los relatores también apuntaban a los riesgos de crear "perfiles raciales" que parecen incurrir en racismo y discriminación. En concreto, se refieren al artículo 5 del reglamento de control, que permite el control de personas detenidas por meros indicios de haber entrado irregularmente a territorio UE.

Según los comités de la ONU, esta directriz "parece incumplir" varios protocolos internacionales y de la propia UE, entre ellos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos.