Para unos es un día histórico. Para otros se trata de una jornada negra. Las instituciones europeas celebran el cierre del Pacto de Asilo y Migración. Tras 48 horas de negociaciones maratonianas y siete años de disputas feroces, la UE ha cerrado poco antes de Navidad su legislación más difícil, divisoria y trascendental de este mandato. Las ONG y los grupos de izquierda se echan las manos a la cabeza por lo que consideran un acuerdo que merma los derechos humanos y la protección del refugio.

Los representantes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo han cerrado a primera hora de la mañana, en los bautizados como trílogos, el Pacto de Asilo y Migración. Tras acordar los cinco reglamentos pendientes, Europa pone los pilares para endurecer la política migratoria. Las personas que lleguen a las fronteras externas serán sometidas a controles más estrictos de identificación, a través de Eurodac. Posteriormente, serán trasladadas a centros de detención. Incluidos menores. Aquellos que no reúnan las condiciones de asilo serán expulsados por vías y plazos más rápidos bajo el riesgo de ser deportados a países no seguros.

"Este acuerdo será un retroceso en la legislación europea en materia de asilo durante las próximas décadas. Su resultado probable es un aumento del sufrimiento en cada paso del viaje hacia el asilo (…) Provocará que más personas sean detenidas de facto en las fronteras de la UE, incluidas familias con niños y personas en situación de vulnerabilidad. Se reducirán las salvaguardias para las personas que solicitan asilo en la UE, y más personas se canalizarán a través de procedimientos de asilo fronterizo deficientes, en lugar de recibir una evaluación justa y completa de sus solicitudes de asilo", lamenta Eve Geddie, directora de la oficina de Amnistía Internacional para Europa.

Uno de los puntos más difíciles de esta última tanda de negociación ha sido establecer los parámetros en torno a la instrumentalización. En rueda de prensa, Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado que ha gestionado el dossier de crisis, ha matizado que solo afectará a "actores no estatales hostiles" y no a las ONG de búsqueda y rescate. Con este instrumento, los países europeos podrán dotarse de varias herramientas y exenciones cuando actores externos utilicen a las personas como arma de chantaje, como han hecho en el pasado Bielorrusia, Marruecos o Turquía. Sin embargo, las ONG temen que dé carta blanca a la vulneración de derechos humanos o del Derecho Internacional.

El Parlamento Europeo se ha tragado varios sapos. Para los legisladores era una línea roja el concepto de solidaridad obligatoria entre Estados miembro. El texto final fija en 30.000 las personas que deben ser reubicadas cada año. Los países que no estén dispuestos a ello podrán pagar una compensación económica de 20.000 euros. Y los fondos de ayuda podrán ser destinados a aumentar la vigilancia o incluso levantar vallas. En los momentos de grandes llegadas, como la acontecida en 2015, la Comisión podrá proponer reubicaciones obligatorias. Pero muchos expertos comienzan ya a cuestionar si la nueva ley será solvente, efectiva y funcional en el futuro.

Desde las tres instituciones lo han vitoreado como un acuerdo y como un día histórico. Pero también reconocen que no será la panacea para resolver todos los dilemas. Sin embargo, tras años de bloqueo, la UE ha priorizado un acuerdo imperfecto a un no acuerdo. En los pasillos de la capital comunitaria premiaba la urgencia de alcanzar el pacto antes de las elecciones europeas de junio, donde se prevé un fuerte ascenso de la extrema derecha.

"No es perfecto. Y no ofrece soluciones a todos los problemas complejos. Pero es mucho mejor que lo que teníamos antes. Demuestra que Europa tiene soluciones y resultados", ha resumido Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. "No tener un resultado positivo hubiese sido un golpe muy duro para Europa", ha reconocido López Aguilar. "Alcanzar un acuerdo pasa por renunciar para obtener", ha afirmado la también negociadora Fabienne Keller.

Con el paso de estos años, se ha ido instaurado en Europa un endurecimiento de las políticas de asilo. Las fuerzas populistas y antiinmigración han marcado el paso y la agenda ante una izquierda que se ha ido quedando falta de alternativas y respuestas. El mes pasado, el ultra Geert Wilders ganó las elecciones en Países Bajos con la promesa del cierre total de fronteras en el corazón de su programa. Y horas antes del acuerdo europeo, Emmanuel Macron sellaba en Francia otra legislación que endurecía el asilo y disminuía los subsidios y ayudas sociales a los refugiados. La portada de Liberation amanecía así: "Me habéis elegido para interponerme en el camino de la extrema derecha. Este voto me obliga". Emmanuel Macron, 24 de abril de 2022. "Agrupamiento Nacional sella con la ley de inmigración una victoria ideológica". Marine Le Pen, 19 de diciembre de 2023.

Malestar en la izquierda

La decepción y las críticas han cundido entre las fuerzas de izquierda y las organizaciones de derechos humanos. "Hoy es un día dramático para los derechos de las personas que buscan protección en Europa: el sueño de los populistas de derecha de la UE hecho realidad. En las negociaciones sobre el pacto migratorio, el Parlamento Europeo se ha dejado pisotear por los Estados miembros", ha afeado la eurodiputada alemana Cornelia Ernst, de Die Linke. "Este acuerdo cambiará profundamente la ley europea de asilo. Luchamos duro, pero no pudimos evitar el debilitamiento de las salvaguardias humanitarias. En muchos aspectos deteriorará la situación en las fronteras exteriores", ha aclamado Terry Reintke, de Los Verdes.

Una lectura que comparten desde el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE, por sus siglas en inglés): "Mientras los populistas llaman a este día un día histórico para la migración y el asilo en la UE, las personas con conciencia notan las terribles consecuencias del pacto migratorio, que acelerará las deportaciones, ampliará el concepto de país seguro y verá la solidaridad en la construcción de vallas y muros". "El acuerdo final implica resultados extremadamente decepcionantes en todos los ámbitos. Su principal impacto será aumentar el sufrimiento en las fronteras y hacer más difícil buscar seguridad", coincide Olivia Sundberg, de Amnistía Internacional.