La Unión Europea está cerca de poner el broche definitivo a una de sus grandes asignaturas pendientes de la última década: la inmigración. Tras ocho años de política de asilo ausente y respuestas en forma de parches, los europeos rozan la consecución de una de las legislaciones más divisivas y difíciles de los últimos tiempos. Entretanto, las ONG denuncian que Europa camina hacia una normalización de los abusos de derechos humanos para los refugiados y solicitantes de asilo.

Tras años de impasse, el paquete asilo está pendiente de cerrar los últimos flecos. Pero los últimos metros son siempre los más complicados. Con los parámetros generales acordados en torno a la reubicación de refugiados por parte de los Veintisiete o en su defecto el pago de una multa de 22.000 euros por cada persona rechazada, todavía son muchos los detalles para culminar un dosier que consta de nueve propuestas legislativas.

Representantes del Parlamento, la Comisión y el Consejo se dieron cita el jueves en torno a los conocidos como trílogos, las negociaciones finales donde dialogan las tres instituciones. Las expectativas para la fumata blanca eran bajas. No hubo acuerdo. Y la presión se traslada ya al nuevo encuentro que se celebrará en Bruselas el próximo 18 de diciembre.

Cerrar el pacto de asilo sería uno de los grandes regalos europeos de Navidad para España. La Presidencia española del Consejo, que culmina su andadura con la batuta europea el 31 de diciembre, se apuntó esta semana un acuerdo histórico sacando adelante la primera ley del mundo que regula la Inteligencia Artificial. En los últimos días de diciembre tiene pendiente lograr los ambiciosos acuerdos en torno a las reglas fiscales y al pacto de asilo. De conseguirlo, sería un broche de oro a este semestre.

A falta de conocer los detalles finales de cómo quedará el acuerdo final, uno de los debates en marcha ronda en torno a los niños y menores no acompañados. A los pequeños de seis años en adelante se les podría tomar las huellas dactilares a través del sistema Eurodac, además de trasladarlos a centros de detención de migrantes en los confines europeos.

"Los líderes europeos están debatiendo a qué edad un niño debería ser encerrado en las fronteras de la UE. Su presunto crimen: buscar protección en una región que se muestra orgullosa de exportar los derechos humanos al resto del mundo. Europa debería ser un refugio protegiendo a los niños en lugar de deportarlos", afea Willy Bergogné, director de Save the Children. "La nueva propuesta distópica para encerrar a niños de seis años es la punta del iceberg de un desastre humanitario", coincide Hope Barker, experto del Border Violence Monitoring Network.

Otra de las sombras en materia de derechos humanos se cierne sobre las preocupaciones que algunos legisladores y ONG están denunciando en torno a la discriminación racial. Las personas que lleguen a las fronteras europeas serán sometidas a perfiles raciales y el control no solo será en fronteras, sino en las propias calles de los Estados miembros.

En el seno del Consejo lo defienden como una necesidad para agilizar el registro, la identificación y el intercambio de datos entre los Estados miembros y evitar así dobles dosieres o procedimientos. Hasta 18 organizaciones de derechos humanos de todo el continente han advertido de que Europa "está abriendo la puerta a los abusos" a migrantes con "un potencial e irreversible ataque" al sistema internacional de la protección de los refugiados y al Estado de derecho.

Otro de los núcleos del pacto es acelerar la expulsión de las personas que no reúnen las condiciones de asilo. La UE está llamada a delimitar qué entiende por países terceros seguros. Y la Eurocámara ha dejado claro que no puede imponerse el modelo Ruanda, el plan británico que busca deportar a los migrantes al país africano antes, incluso, de que cursen su solicitud de asilo. También espinosa y abierta está la cuestión de cómo plasmar el papel de ONG o de las operaciones de búsqueda y rescate y de cómo configurar el mecanismo de gestión de crisis para situaciones extremas como las desatadas por la guerra en Siria en 2015 o la de Ucrania en 2022.

En esta recta final de las negociaciones muchos ojos están puestos en el Parlamento europeo. La Eurocámara siempre se ha mostrado inflexible y tajante a la hora de marcar sus líneas rojas, como imponer algún tipo de obligatoriedad de acogida o en defensa de los derechos humanos. "Estamos abiertos a opciones más flexibles y voluntarias [de acogida], pero todos los Estados miembros deben estar", señaló esta semana el eurodiputado Tomas Tobé, del Partido Popular Europeo, en una charla con periodistas. Por su parte, el eurodiputado Damian Boeselager, de Los Verdes, asegura que la lucha por establecer cuotas obligatorias en tiempos de crisis continúa.

Presión tras el auge ultraderechista

La dura posición de los países, unido a la presión del cronómetro, hacen prever que la Eurocámara acabará cediendo en algunas de sus posiciones. En los pasillos de Bruselas hay consenso en que esta es la última oportunidad de sacar el pacto adelante. Restan siete meses para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, a las que los populistas de extrema derecha y antiinmigración llegan en un buen momento de forma, como escenifican los últimos resultados electorales en Países Bajos, Finlandia, Suecia o Eslovaquia.

Con todas las expectativas que hay en torno al pacto, la realidad es que no será una panacea. La obsesión en Bruselas es que sí sea equilibrado. Algunos de los detalles que están todavía por dirimir pasan por ver cómo quedará la reforma de Dublín, uno de los pilares en materia de legislación migratoria que hasta la fecha imponía que el primer país de llegada es el responsable de cursar y tramitar las peticiones de asilo. Desde 2015, año de la bautizada como crisis de refugiados, este sistema saltó por los aires dejando colapsados a los países de primera línea ante la pasividad y rechazo de ayudar de la mayoría de socios comunitarios, especialmente en el Este.

Tal y como está dibujado en estos momentos, el macro pacto se sustenta sobre varias etapas. En la primera fase habría normas comunes sobre la toma de huellas y la identificación de migrantes y refugiados en toda la UE. En la segunda entraría en juego el sistema de Eurodat para el intercambio de datos. Después, se estudiará la solicitud de asilo a través de un procedimiento más ágil.

En la cuarta entra en juego Dublín. Se busca incorporar el elemento de solidaridad entre socios europeos y no solo el de responsabilidad. Así, las personas que reúnan las condiciones de asilo serían trasladadas a un país no solo atendiendo al lugar al que han llegado, sino teniendo en consideración otros incentivos como la reunificación familiar o sus cualificaciones.