Un médico y psicólogo que hizo un peritaje, a petición de la justicia francesa, a la presa etarra Iratxe Sorzábal concluyó que las secuelas que presenta "son muy altamente compatibles" con sus alegaciones de haber sido torturada al ser arrestada en España en marzo de 2001.

El resultado del informe médico fue comunicado este miércoles ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París que examinó tres euroórdenes españolas por las que España reclama la entrega de Sorzábal por sendas acciones de la organización terrorista en Irún, Alicante y Gijón en 1995 y 1996.

La abogada de la etarra, Xantiana Cachenaut, señaló a los jueces que "con este peritaje tienen la prueba de que las alegaciones de tortura de Sorzábal tienen fundamento" y pidió que se desestimen las tres demandas de la Audiencia Nacional de España.

Un juez de instrucción había accedido a la solicitud de Cachenaut de encargar a un experto médico que aplicara el llamado Protocolo de Estambul para la búsqueda de secuelas de las supuestas torturas a la etarra.

Sorzábal, de 46 años y natural de Irún, cumple condena en Francia y tiene causas pendientes en ese país, donde deberá permanecer reclusa al menos hasta 2027. El próximo juicio contra ella en Francia será en febrero.

Según su versión, al ser detenida confesó la autoría de una serie de hechos bajo tortura, algo que denunció pero que fue archivado.

Quedó en libertad en septiembre de 2001 y pasó a la clandestinidad hasta su detención en el País Vasco francés el 22 de septiembre de 2015 junto al también etarra David Pla, y ambos fueron imputados como dirigentes de la organización terrorista.

La fiscal, que aseguró este miércoles que el contenido del informe pericial "deja estupefacto", requirió que se presente el original del estudio, y también pidió un complemento de información a las autoridades judiciales españolas sobre la cuestión.

La sala de instrucción debe pronunciarse el próximo 17 de enero sobre las cuestiones que le han sometido el Ministerio Público y la defensa.

De las tres euroórdenes objeto de la audiencia -todas por estragos terroristas-, una se refiere a su presunta implicación en la colocación de una carga explosiva que estalló junto a la aduana de Irún el 8 de octubre de 1995 y causó daños materiales.

La segunda, a la colocación de un artefacto en el aeropuerto de Alicante que fue descubierto por una empleada de limpieza el 29 de julio de 1995.

La tercera, a dos explosiones de sendas bombas en una farmacia y en los juzgados de Gijón el 2 de noviembre de 1996.