BILBAO.— El Papa Francisco ha ordenado cerrar el caso de los presuntos abusos sexuales de un antiguo profesor del colegio vizcaíno Gaztelueta a un alumno del centro, ocurridos hace ocho años, al considerar que "no han sido probados".

La Dirección del centro, ubicado en Leioa (Bizkaia) y perteneciente al Opus Dei, ha colgado hoy un comunicado en su página web en el que hace público que ha recibido una notificación del Vaticano con dicha resolución.

En la nota se destaca que el Papa también ha ordenado "restablecer el buen nombre y la fama del acusado, sin que proceda adoptar, ulteriormente, ninguna otra medida en relación a la citada persona".

La nota dice también que se ha llegado a esta conclusión tras una "amplia investigación", que ha incluido "un minucioso análisis super actis, valorando los numerosos documentos públicos y privados", así como otros testimonios y entrevistas a diversas personas.

La resolución de la Santa Sede confirma, según indica el colegio, las conclusiones de las investigaciones del propio centro y las llevadas a cabo por la Inspección de Educación del Gobierno Vasco, Fiscalía de Menores y Fiscal Superior del País Vasco.

La decisión del papa de investigar canónicamente este caso se difundió el pasado 2 de octubre al publicarse una carta, con fecha de diciembre de 2014, remitida por Francisco a la familia de la supuesta víctima en la que les informaba de la instrucción religiosa del caso.

Los padres del menor habían escrito previamente al papa Francisco y le habían relatado los abusos sexuales que había sufrido su hijo en ese colegio.

El caso se hizo público en enero de 2013, cuando el padre de la víctima habló con varios medios de comunicación y criticó la falta de respuesta oportuna por parte del colegio, donde "lo negaron todo, porque quieren tapar la mala imagen del centro", reprochó entonces el padre.

Según relató, los presuntos abusos sexuales por parte del profesor, que es laico según ha precisado hoy el Obispado, se cometieron en los cursos 2008-09 y 2009-10, cuando su hijo cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria y tenía 12-13 años.

Tras conocer lo que ocurría en la primavera de 2011, la familia decidió no denunciar los hechos hasta que el estado anímico del joven le permitiese afrontar un proceso legal, lo que ha hecho en la actualidad con una querella en un juzgado de Getxo, cuya instrucción continúa abierta.