"Conforme al solicito efectuado por el interesado, este Organismo resuelve inadmitir a trámite la solicitud de acceso a la información requerida mediante escrito...". Con esta fórmula –u otra muy parecida- acaban sistemáticamente las solicitudes de acceso a la información pública que las diferentes asociaciones que se oponen a la ampliación del Puerto de València vienen realizando para conseguir los datos necesarios para la redacción de sus alegaciones.

Este es el caso, por ejemplo, de una petición para acceder a una copia del anteproyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores, presentada por el colectivo ecologista Per l'Horta el seis de octubre y rechazada el 30 del mismo mes. El anteproyecto fue remitido por la Autoridad Portuaria de València (APV) a Puertos del Estado para su aprobación el 31 de julio sin que se haya hecho público. El documento es importante porque de este depende que Puertos del Estado obligue o no a solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tal como exige el Ayuntamiento de València.

Fuentes de la Autoridad Portuaria aseguran a Público que el anteproyecto no se ha hecho público por "no tratarse de un documento definitivo, sino un borrador", hasta que sea aprobado por Puertos del Estado, que tiene la última palabra. Y es entonces cuando el proyecto será sometido a exposición pública, "como marca la ley". También se reafirman en una "política de máxima transparencia".

Des de Per l'Horta, José Trasancos reivindica conocer estos proyectos con anterioridad para poder argumentar posibles alegaciones: "el problema es que una vez aprobado la sociedad tiene entre 15 días y un mes para responder a un documento donde los técnicos han estado años trabajando, lo que genera indefensión".

En otra solicitud de acceso a la información de cuatro de septiembre, Per l'Horta exigía conocer el "origen y destino a hinterland de los contenedores y resto de mercancías del Puerto de València". Es decir, de donde vienen y a donde van los camiones que cargan y descargan en esta ciudad, una información básica para saber las necesidades de la red viaria valenciana. De nuevo la Autoridad Portuaria negó la información, esta vez alegando que "los agentes consignatarios de la mercancía únicamente transmiten los datos que la APV requiere para su gestión (…) el origen y destino Hinterland de la mercancía no se recoge en los sistemas de información de la APV". Las dudas aparecen cuando Aurelio Martínez, presidente de la APV, explicaba en un seminario virtual organizado por la Fundación Scito en julio que "sí que tenemos perfecto detalle de por donde vienen los camiones en todo momento". En la misma intervención, Martínez detalla que "en la entrada del puerto hay unas puertas perfectamente automatizada que transmiten online toda la carga, de donde viene, a donde va, etc. Y la valla se abre o se cierra en función de la carga y por tanto sabemos origen, destino a que terminal va, etc." Josep Gavaldà, miembro de la Comissió Ciutat-Port, la alianza ciudadana opuesta a la ampliación, denuncia que el Puerto "diga una cosa en un sitio y después lo niegue, porque esto no es serio y no podemos saber quien está mintiendo".

La APV también ha rechazado parcialmente otra solicitud de la Associació Ecologista Agró, donde pedía el acceso a los dos últimos planes estratégicos de la Autoridad Portuaria al considerar que estos "no disponen de información ambiental" y por tanto no estarían acogidos a la a la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Resolución de Transparencia

Esta política de denegación de información ya le ha supuesto a la Autoridad Portuaria una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), obligándole a ceder a la Asociación de Vecinos del Grau toda la información requerida sobre las condiciones de la concesión de una terminal a la naviera Unión Naval de Valencia, SA.

En este fallo, del 11 de agosto, el CTBG rechaza los argumentos de la Autoridad Portuaria basado en cuestiones formales, e insta a facilitar todos los documentos en un plazo de diez días. Según fuentes próximas a la APV, en su Consejo de Administración se llegó a debatir el recurso en los tribunales de esta resolución, pero finalmente "prevaleció el sentido común" y se optó por aceptarla y facilitar la información requerida por la AV del Grau.

Boro M. Tarín, abogado de Acció Ecologista-Agró denuncia el desgaste que comporta esta estrategia de la APV: "es muy pesado, aunque al final obtengas resultados, te obliga a batallar por cada documento".