Los sucesos conocidos durante el mes de agosto en aguas del puerto de València vuelven a revelar los daños causados por las políticas migratorias tanto estatales como europeas. En tan solo una semana, cuatro personas que viajaban como polizones en barcos mercantes han fallecido en dos trágicos casos que se encuentran actualmente en investigación.

En el primero de ellos, dos migrantes perdían la vida tras lanzarse al agua desde un carguero de bandera liberiana que atracaba en el recinto portuario. Unos días más tarde, fueron localizadas cinco personas que viajaban ocultas en el contenedor del buque "Sag Good Timing", también bajo bandera de Liberia. Dos de ellas habían fallecido asfixiadas y los tres supervivientes, rescatados con síntomas de deshidratación, han sido retornados a su teórico país de origen tras el procedimiento llevado a cabo por la Guardia Civil.

"No entendemos la rapidez con que se realizan instrucciones sobre casos con muertes violentas, consecuencia de la inexistencia de vías seguras", expresa Jaume Durà, coordinador territorial de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valenciano. La entidad ya está detrás de las investigaciones para esclarecer los hechos de ambos casos y, en función de las circunstancias, trasladar sus denuncias a los organismos oportunos.

Como en tantos otros casos, el abogado muestra su sorpresa ante unas actuaciones que cree que requieren mayor exhaustividad: "Nos preocupa cómo puede ser que el barco se vaya al día siguiente tras interrogar únicamente al capitán y la tripulación. En el segundo caso, además, las tres personas supervivientes son también testigos de lo que ha podido pasar y, sin embargo, han sido retornadas. Tenemos que supervisar cómo se ha hecho esa instrucción".

Garantiza la asistencia letrada

En esta búsqueda de transparencia se incardina la vieja lucha de las entidades humanitarias. Desde hace años, los movimientos sociales exigen el acceso de estas personas a una correcta asistencia jurídica para dar cabida a la posibilidad de permanecer en territorio español y poder solicitar asilo o refugio. Un asesoramiento legal que, según el protocolo vigente, está determinado por las autoridades policiales, que son las que instruyen los casos mediante un cuestionario guiado a partir del cual se acaba interpretando si el migrante ha expresado o no su deseo de acogerse a protección internacional.

Este monopolio policial en el procedimiento ha sido ampliamente criticado por numerosos abogados y organizaciones civiles, que apuntan que puede esconder devoluciones "en caliente" y vulneración de derechos. CEAR ya ha expresado en numerosas ocasiones que autorizar el acceso de asistencia letrada solo cuando el polizón manifiesta de una manera expresa su intención de entrar o solicitar asilo en España, además de hacer muy difícil que se produzca en la práctica por las dificultades idiomáticas y el deterioro psicológico sufrido tras un encierro prolongado, puede provocar situaciones dramáticas como las vividas recientemente en el puerto de València.

"Entendemos que las personas que viajan como polizones quieren desembarcar en un puerto seguro pero demasiadas veces los buques continúan su recorrido con ellos manteniéndose a bordo tras esos procedimientos en los puertos", apunta Durà. El abogado considera urgente la modificación del protocolo para que las entidades especializadas en materia jurídica y humanitaria puedan subir al barco junto con las autoridades policiales desde el primer momento y garantizar, de esta manera, el derecho de los polizones, documentados o no, a contar con asistencia letrada y social, y no solo cuando soliciten asilo o pidan la entrada oficialmente en España.

Finales inciertos

No en vano, desde CEAR esperan desde febrero de 2019 noticias del Ministerio del Interior, tras la recomendación que el Defensor del Pueblo formuló para modificar las instrucciones sobre polizones extranjeros con el objetivo de proteger a posibles solicitantes de asilo. La Institución considera que la Instrucción conjunta sobre polizones de 2007 de las direcciones generales de la Policía, la Guardia Civil y la Política Interior y de Inmigración sobre tratamiento de polizones extranjeros debe incluir "la obligación" de comunicar "por escrito a la autoridad portuaria la presencia de solicitantes de asilo en el interior de buques que estén en aguas jurisdiccionales españolas".

No es gratuito que la misma recomendación recuerde que se debe comunicar a la autoridad portuaria "su obligación de no autorizar la salida del barco hasta que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) se pronuncie sobre los expedientes de estas personas", ya que entre los derechos que les corresponden se incluye el de permanecer en territorio o en aguas españolas mientras se resuelve su solicitud.

Y es que la resolución llega tras la denuncia ante la Institución de un caso de diciembre de 2017 en el que dos ciudadanos que declararon ser de origen sirio y palestino llegaron como polizones al puerto de Marín, en el cual formalizaron una petición de asilo político en España. El barco, sin embargo, zarpó con ellos a bordo sin esperar a que se resolviese su demanda. Lo más grave es que, desde ese momento, los solicitantes no han podido ser localizados nunca más ni se ha sabido si fueron desembarcados y dónde. La OAR admitió a trámite sus solicitudes con la nave en alta mar, pero estas dos personas ya no han podido beneficiarse.

Consultados para este artículo, el Ministerio del Interior reconoce que la recomendación del Defensor del Pueblo está en estudio y que la voluntad es atenderla. El departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska sostiene que es "un tema muy retrasado" porque implica a tres ministerios —Interior, Migraciones y Transportes— y desde febrero de 2019 "ha habido dos procesos electorales, una legislatura fallida y un posterior estado de alarma".

Brumas y opacidad

"Es vergonzoso pertenecer a un estado de derecho en el que está pendiente un procedimiento más garantista. Seguimos esperando esta modificación como agua de agosto", expresa Javier Galparsoro, abogado que siguió la pista del barco que zarpó de Marín para intentar dar con el paradero de los dos polizones. "Les tocaba desembarcar y desaparecieron. No me gustaría pensar en lo peor", se lamenta.

Galparsoro es uno de esos abogados con larga experiencia en extranjería que ha vivido infinidad de dificultades para poder acceder a los barcos donde se ha revelado la presencia de polizones. "La propia policía tejía una especie de muro de silencio en torno a los buques para que no se accediera a ellos. He tenido que sortear muchas prohibiciones y casi colarme en los barcos. Por querer oír y auxiliar a unas personas, incluso hubo un compañero de València que fue detenido por la policía, hace más de diez años", rememora el abogado.

Presidente de CEAR en Euskadi desde 1996, Galparsoro ha intervenido en unos 170 casos de polizonaje en los puertos de la cornisa Cantábrica. Es un gran conocedor del complejo entramado marítimo y cuenta con un gran caudal de información, reclamaciones, vivencias, dudas y quejas. "Todo este tejido ha roto con un esquema fundamental de la Ley de Extranjería y, por supuesto, de las normas internacionales", subraya.

Y añade: "La del polizón es la figura más opaca que existe en este ámbito: hay mucho sigilo, hay miedo, amenazas y también sanciones a los armadores que no comuniquen la presencia de polizones en un buque. Todo esto genera ansiedad y preocupación; he vivido episodios dramáticos con polizones que incluso han sido arrojados por la borda", relata. El abogado se refiere al conocido caso del pesquero panameño Wisteria, que puso el municipio gallego de Ribeira en el centro mediático de 2004, y en el que se acusó al capitán de ordenar arrojar en alta mar a cuatro personas senegalesas que viajaban clandestinamente. La denuncia de un tripulante activó una investigación que, sin embargo, acabó cerrándose sin esclarecer los hechos.

Esta opacidad que envuelve los casos de polizonaje también es referida en informes tan demoledores como el elaborado por el observatorio Migreurop en 2011. En esta investigación se pone de manifiesto, a través de casos reales, el trato aplicado sobre los migrantes, que va de la captura y el encierro a bordo hasta la expulsión y la ejecución de planes de seguridad cada vez más represivos en los puertos de llegada. El mismo documento denuncia la "externalización" en puertos europeos de la gestión de los polizones a empresas privadas como las aseguradoras de las navieras, que ven en estos pasajeros un riesgo para su actividad económica.

No es de extrañar, ante esta compleja situación, la dificultad de trazar cifras reales de las personas que arribaron a puertos españoles viajando como polizones. A pesar del secretismo que guarda el Ministerio del Interior, los informes anuales de CEAR han ido revelando parte de los datos conseguidos a través de preguntas parlamentarias dirigidas por diputados como Jon Iñarritu o Ricardo Sixto. Unos números oficiales que pueden ayudarnos a entender un drama humano que sigue levantando muros y desconectando vidas.