Detenciones de menores en las fronteras europeas. Devoluciones en caliente. Solidaridad a la carta entre los Estados miembros. Criminalización de los refugiados. Acuerdos con dictadores. En definitiva, un endurecimiento del acceso a la protección internacional y de los procedimientos para acceder a una cada vez más fortificada Europa.

Estas son algunas de las denuncias que las ONG de derechos humanos están lanzando a escasas horas de que se produzca el último paso para sacar adelante el controvertido Pacto de Asilo y Migración Europeo. El Parlamento Europeo, dividido, vota el miércoles las últimas regulaciones de un pacto que para la mayoría de los líderes europeos es un logro "histórico" y para la sociedad civil "histórico para mal".

Los Veintisiete llegaron en diciembre, bajo la Presidencia española del Consejo de la UE, a un acuerdo migratorio que ponía fin a ocho años de política sobre esta cuestión inexistente. Las ONG ya mostraron por entonces su alarma y preocupación por un paquete que suponía un "duro golpe a los derechos humanos".

Una de las medidas de controversia, que se mantiene tras los últimos filtros de la Eurocámara, es la detención de menores en las fronteras. Una de las novedades es que los centros de detención de la UE tendrán, además, que contar con los mismos estándares y condiciones. "El pacto conllevará más detenciones en las fronteras externas de la UE, de familias con hijos, lo que es una clara violación del Derecho Internacional", afea Marta Gionco, miembro de la ONG PICUM.

Una investigación posterior a la fumata blanca de finales del año pasado reveló que Francia había liderado el lobby para incluir este requisito, lo que le llevó un choque directo con Alemania, que terminó cediendo.

"El voto final del miércoles es la última oportunidad de la UE para proteger a los niños que buscan seguridad en Europa. Ello tendrá un impacto para los menores que huyen de los conflictos, el hambre o de una muerte casi asegurada. Es obligatorio que la UE lo entienda y actúe en consecuencia", advierte Federica Toscano, experta de Save the Children Europe.

El Pleno del Parlamento Europeo vota este miércoles la última batería de legislaciones del pacto. Es el último paso. De obtener la fumata blanca, el Pacto de Asilo y Migración sorteará su último obstáculo y estará preparado para entrar en vigor, a más tardar en junio de 2026.

Sobre el resultado del plebiscito, el eurodiputado popular Tomás Tobé ha asegurado en una rueda de prensa previa que "nadie puede saber cuál será el desenlace". No obstante, se ha mostrado optimista porque el paquete ya obtuvo el sí previo de la comisión encargada y cuenta con un fuerte respaldo de los eurodiputados del Partido Popular, los Socialdemócratas y Renovar Europa. Incluso entre las filas del centro-derecho hay diferentes puntos de vista.

La neerlandesa liberal Sophie in't Veld, una de las voces más autorizadas de la Eurocámara en los temas migratorios, ha reconocido que se abstendrá en algún dossier. "Siento que tenemos una obligación con los ciudadanos europeos para demostrarles que Europa funciona y cumple. Pero también tenemos que reconocer que hay algunas dudas justificadas sobre este paquete", ha asumido la política de Renovar Europa. 

Además, la eurodiputada ha advertido de que la verdadera prueba de fuego llegará cuando los Estados miembros comiencen a aplicar las nuevas normas y cuando la Comisión Europea aplique los mecanismos para hacer cumplir que todo ello se haga en consonancia con los valores europeos.

Las ONG se echan las manos a la cabeza

Más de un centenar de ONG, como Amnistía Internacional u Oxfam, están pidiendo a los eurodiputados que lo rechacen. "Está más claro que nunca que el Pacto de Asilo y Migración hará retroceder la legislación europea sobre asilo para las próximas décadas, llevará a un mayor sufrimiento y aumentará el abuso de los derechos humanos para muchas personas en cada paso de este camino", denuncia Eve Geddie, la directora de Amnistía Internacional sobre temas europeos.

"El Parlamento Europeo debería establecer un estándar más alto para una política común de asilo humana y sostenible. Sin embargo, este paquete de propuestas corre vergonzosamente el riesgo de empujar a más personas, incluidas familias con niños, a la detención de facto en las fronteras de la UE y de negarles una evaluación justa y completa de sus necesidades de protección", agrega Geddie. La estrategia adoptada es que el pacto se concibe como un todo, por lo que es terreno desconocido qué pasará si el miércoles la cámara tumba alguna legislación.

El Partido Popular es el más entusiasta con el resultado de un acuerdo que endurece el asilo y premia la externalización de la migración y los retornos. La sensación generalizada es que el pacto en sí no entusiasma a nadie, pero sí es suficiente para que las principales familias políticas puedan tragar con él y dejarlo cerrado antes de la nueva legislatura que se abrirá paso tras las elecciones europeas de junio.

El grupo de La Izquierda, que votará en contra, advierte de que "ser leal a Europa es decir que no a un pacto que mantiene al Reglamento de Dublín igual, no soluciona las muertes en el Mediterráneo, trata a los refugiados como delincuentes y pone en riesgo los procesos justos de asilo".

La crisis de refugiados de 2015, cuando llegaron a las costas de personas más de un millón de personas huyendo principalmente de la crisis de Siria, hizo volar por los aires el Reglamento de Dublín, que establece que el primer país al que llega un solicitante de asilo es el responsable de gestionar su caso.

El nuevo reglamento mantiene la esencia de Dublín, aunque añade algunas excepciones como la reagrupación familiar o las cualificaciones. Otro de los objetivos que se quedan por el camino es el de la solidaridad. Los Veintisiete se comprometen a reubicar a 30.000 personas al año, pero si uno se niega puede compensarlo con el pago de 20.000 euros o material destinado al control migratorio. En momentos de crisis, la Comisión Europea, bajo petición previa, contará con 15 días para pedir a las capitales esfuerzos adicionales.

Otra de sus novedades es incorporar el concepto de instrumentalización de los migrantes –una forma de justificar el cierro fronterizo responsabilizando a dictadores como el bielorruso Lukashenko de utilizar a los refugiados para poner presión a la UE– y la toma de datos, a través de Eurodac, de todas las personas que llegan a los confines comunitarios.

"La UE está a punto de aprobar el conjunto de políticas migratorias más mortíferas de la historia. En lugar de centrarse en la asistencia social y la seguridad para todos, estas leyes significarán criminalización, más perfiles raciales y prisiones, y más tecnología similar a las armas para la vigilancia de las fronteras", apunta Sarah Chander, cofundadora de Equinox Initiative for Racial Justice.

Por último, el pacto hace referencia a establecer acuerdos con países terceros, sin detallar cuál se considera un "destino seguro", para retornar a los migrantes. Bruselas establecerá una lista estándar pero cada país puede añadir sus propias aportaciones.

Las ONG denuncian que la experiencia previa es muy reveladora: la UE está regando con millones a países en manos de dictadores como Túnez o Egipto a cambio de que ejerzan control migratorio. Algunos países como Italia han cerrado acuerdos con Albania para externalizar la migración y otros como Dinamarca contemplan trasladar sus centros de recepción a Ruanda. "Esos acuerdos [europeos] van en contra de nuestros valores. La pregunta aquí es si ayudan a la gente o a esos regímenes. No son transparentes y no creo que estén alienados con los valores europeos", ha reconocido el socialdemócrata Matjaž Nemec.