A Melo le ha llegado una factura del hospital por haber atendido a su hijo mayor. Y al pequeño no le permiten federarse para poder jugar al fútbol. Su padre, de origen dominicano, obtuvo la nacionalidad española, pero sus hijos están enfangados en un limbo burocrático, pendientes de una cita que les permita residir legalmente en nuestro país. Y darle patadas a un balón. Y que te curen sin que te cobren.

“Me está dando más brea tramitarles la documentación que haberlos traído a España”, se queja este cocinero de 45 años, residente en un pueblo del norte de Madrid. “En noviembre expira el visado de los niños y, si no consigo antes los papeles, el problema se va a hacer más grande”.

Los hijos de Melo, de trece y quince años, llegaron en junio con visados de residencia para reagrupación familiar en régimen comunitario. Su progenitor preparó toda la documentación para solicitar en una Oficina de Extranjería la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea, un paso previo para tramitar en comisaría la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).

“No pude dar ni el primer paso, porque no logré que me dieran cita. Luego, me quedé sin trabajo y no podía pedirla, pues tener un contrato laboral era uno de los requisitos de la solicitud. Y, desde que volví a emplearme hace un par de meses, he vuelto a la carga, pero tampoco ha habido manera”, se queja Melo. “En resumen: en este tiempo no conseguí que me atendieran. Soy español y mis hijos se han quedado sin papeles”.

Una situación kafkiana

“No logramos que la Oficina de Extranjería los convocasen el mismo día para que pudiesen acudir ambos niños. Hasta que se le terminó el contrato laboral y no tuvo la oportunidad de seguir intentándolo. Un galimatías administrativo que hace sufrir a la gente sólo para que le den una cita, porque luego comienza el período de tramitación”, denuncia su letrada, Wendy Garrido, miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM).

Afortunadamente, Melo ya tiene otro trabajo, aunque durante un tiempo sus hijos atravesaron una situación kafkiana, que podría agravarse a finales de año. “Pasó tanto tiempo buscando una cita que se quedó en paro, algo que no le sucedería si la Administración fuese más ágil. De lo contrario, los niños ya tendrían hoy los papeles”, protesta Garrido, convencida de que el sistema de obtención de citas está perjudicando a muchos extranjeros y nacionalizados, como le sucede a su cliente.

¿Qué ocurre si los críos no obtienen los papeles a tiempo? “Pasarían a estar en una situación irregular. Por ejemplo, no podrían abrir una cuenta bancaria, ni federarse a un club deportivo, como le ha ocurrido al pequeño, pues le exigen la Tarjeta de Identidad de Extranjero”, añade la abogada. “Si el padre volviese a quedarse sin trabajo, no perdería sus derechos como ciudadano español, pero los niños no podrían obtener la tarjeta de residencia, porque el progenitor debe justificar que cobra un salario y puede afrontar su manutención”.

Concentración ante las dependencias del Área de Trabajo e Inmigración bajo el lema 'Sin citas no hay derechos'.

Silvia Díez Jordão, letrada especializada en extranjería y miembro de APAEM, también critica el proceso. Explica que los trámites más sencillos pueden realizarse a través de internet o de la ventanilla única, pero cuando se trata de vivir o trabajar en el país, las gestiones son cuesta arriba. “Cuando son presenciales y se carece de cita, no hay manera humana de avanzar, lo que impide el acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos”, critica.

La abogada recuerda que se he ha encontrado con denegaciones de la solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE porque la persona que pretendía vivir con los suyos legalmente tenía un contrato temporal. “No vale cualquiera. Aunque, con la precariedad laboral, los empleos no sólo son eventuales sino también precarios y con bajos salarios, lo que merma las concesiones”, añade Díez Jordão. “Por no hablar de los largos plazos de tramitación, que en algunos casos se extienden hasta los cinco meses”.

“Correr con los pies atados”

“¿Hay alguna razón oculta por la que la Administración no concedan algunas citas? ¿Es sólo una cuestión de demanda? ¿Acaso de falta de personal?”, se pregunta la letrada de Melo, quien reconoce que llegó a pagar una considerable suma de dinero a un locutorio para que le facilitara llegar hasta la ventanilla. “Lo hice porque no había manera de fijarla y estaba desesperado, pero al final no me sirvió de nada: el trámite que realizaron fue erróneo y luego no me devolvieron lo que les había pagado”.

Resultado: sus hijos, fruto de una relación anterior, corren el riesgo de quedarse desprotegidos si no consiguen la cita, el primer paso para regularizar su situación en España. “La Administración no es consciente de que, mientras tanto, la vida normal de las personas continúa. De modo que, como le sucedió al propio Melo, pueden perder el empleo y quedarse sin la posibilidad de efectuar la solicitud”, explica Silvia Díaz.

“Es como correr con los pies atados”. La metáfora podría apropiársela el hijo menor, quien debe aportar numerosa documentación para jugar al fútbol en un club federado, desde el permiso de residencia de sus progenitor hasta su contrato de trabajo. Algo que no podría haber hecho durante el tiempo que su padre estuvo parado.

El crío necesita la Tarjeta de Identidad de Extranjero, pero para acceder a ella necesita superar varios trámites. “En cambio, si acudes a la sede electrónica, verás que no hay citas disponibles. Es el mantra de cada día”, se queja la abogada, quien ironiza sobre la agilidad de las distintas administraciones. “Sin embargo, si tienes que presentarte en Hacienda, sí que te convocan con celeridad…”.

Funcionarios desbordados por la carga de trabajo

“Los curritos de la Administración que se dedican a recibir y gestionar los trámites de Arraigo (regularizaciones) y de Régimen Comunitario en Madrid es de hastío”, explica un miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM). “Están hasta las narices de la carga de trabajo. No hay gente suficiente, porque no se vienen cubriendo las bajas, ni las jubilaciones, desde la época de los recortes por la crisis”.

El miembro de APAEM, acostumbrado a lidiar con las barreras a las que se enfrentan los solicitantes, asegura que “en la práctica hay entre cuatro y cinco personas por Oficina de Extranjería atendiendo al público”, lo que les reporta un “complemento específico de atención al público” de unos 8.000 euros al año. Se refiere a los auxiliares administrativos, puesto que los administrativos, según él, reciben “a partir de 12.000 euros al año, cuando sólo hacen trabajos de control y estadístico”.

Sin embargo, critica el abogado de APAEM, “todos los empleados reciben ese complemento, aunque no atiendan al público, incluyendo los cargos responsables”. Por ello, la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid se pregunta “qué sentido tiene destinar ese dinero inútilmente a esas personas, en lugar de usarlo para solucionar esta situación que arrastramos desde hace dos años”.

Cartel en una Oficina de Extranjería que, paradójicamente, señala las personas que no se han presentado a una cita.

También alude con sorna a un cartel presente en las oficinas de Extranjería que cifra las personas que no se han presentado a una cita, por lo que recomienda anularla en el caso de que no puedan presentarse a ella. “Así, otra persona podrá acudir en su lugar”, sugiere el aviso.

“Le pasan la responsabilidad al solicitante extranjero”, protesta el miembro de APAEM. “Además de no responder a la realidad, dado que computan todas las citas dadas para la provincia, en lugar de desglosarla por oficina y por trámite”.

“Necesito trabajar ya mismo”

Melo cruza los dedos para poder arreglar la situación de sus hijos antes de que les caduque el visado, lo que permitiría, según él, eludir el pago al hospital que atendió al mayor. “En el Infanta Sofía me han dicho que no tendré que abonar la factura que me enviaron si regularizo a los niños”, añade el cocinero, quien insiste en que el pequeño se ha visto obligado a colgar las botas en los partidos oficiales. “Y si quieren hacer un viaje de estudios fuera de España, por ejemplo, tampoco podrán”, le secunda su abogada.

Wendy Garrido relata otros casos que llegan a su despacho. Parejas de españoles o españolas que no pueden currar porque no obtienen una cita para conseguir la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE. “En la Seguridad Social no les dan el alta, aunque tengan la resolución aprobada, si no tienen la tarjeta en la mano. Y, así, corren el riesgo de perder su permiso de trabajo”, lamenta la letrada. “Ni pueden abrir una cuenta en el banco, ni siquiera ser persona. Y si los trámites se eternizan y caducan los papeles, les bloquean sus cuentas hasta que obtienen la tarjeta de residencia”.

“Hay mucha gente que me dice: Yo necesito trabajar ya mismo, no puedo esperar siete meses. El problema es que se desesperen y dejen de luchar por la documentación o, directamente, se vayan del país”, añade Garrido, quien advierte de que los atajos para conseguir una cita pueden suponer otro perjuicio para los solicitantes. “Porque hay gente que paga el dinero y luego se da cuenta de que no le han concedido la que le correspondía, como le sucedió a Melo”.

Sin citas no hay derechos

El bloqueo burocrático ha llevado a la Asociación Apoyo y a la Coordinadora de Barrios a convocar este viernes una concentración ante las dependencias del Área de Trabajo e Inmigración de la calle Silva, 19, cuyo edificio alberga también la sede central de la Oficina de Extranjería. Bajo el lema Sin citas no hay derechos, los afectados denunciarán “el maltrato institucional de la falta de citas”, según reza el comunicado, que critica el impedimento para realizar los trámites de regularización administrativa reconocidos en la Ley de Extranjería.

“Es ya habitual tardar más de cinco meses en conseguir una cita para solicitar la autorización de residencia temporal por arraigo social, o la regularización de menores nacidos en España, o la reagrupación familiar… Y, sin esos documentos, las personas extranjeras no tienen los mismos derechos que las españolas. La falta persistente de citas en la Oficina de Extranjería de Madrid produce una violación silenciosa de derechos humanos”, añade la nota.

Los convocantes esgrimen casos de migrantes que perdieron la oportunidad de regularizar su situación tras una una espera que se dilató demasiado tiempo, lo que provocó que caducase su documentación o que sus potenciales empleadores dejasen de demandar sus servicios. “Dificultar el acceso”, añade el comunicado”, “es levantar una nueva frontera invisible para estas vecinas y vecinos de nuestros barrios”.

Melo sigue aguardando, mientras su paciencia se va consumiendo cada día. “Cuesta tan tanto fijar una cita que me da la impresión de que la Administración nos pone trabas a propósito”, se lamenta, entre la esperanza y la resignación. “Seguiré insistiendo, pero ahora mismo resulta imposible”