España repatrió el año pasado a 11.384 personas extranjeras, un 22% más que en 2017, cuando se ejecutaron 9.326 expulsiones o devoluciones, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo para su informe anual con motivo de su condición de Mecanismo de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. El organismo destaca que se expulsó a una media de 31 personas al día, una cifra superior a la media de los últimos cinco años, en los que no subió de 30.

En concreto, se ejecutaron un 19,4% de las 58.549 órdenes de expulsión o devolución que incoaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que fueron más del triple que la abiertas el pasado año. Un dato que llama la atención al Defensor del Pueblo, ya que las órdenes de expulsión duplicaron a las de 2017 y las de devolución — que suelen motivarse por intento de entrada irregular al país o por violar una prohibición previa de entrada— aumentaron un un 243% respecto al año pasado, según los datos de Interior.

Las razones de que las órdenes de devolución se hayan disparado hay que buscarlas en el aumento de las llegadas de migrantes en patera, que en 2018 aumentaron hasta la cifra récord de 56.145, casi tres veces más que en 2017, cuando arribaron de forma irregular 21.971 personas migrantes por vía marítima.

El informe incide en que sólo se pudo efectuar la devolución de 7.203 migrantes irregulares de las 50.263 órdenes expedidas, es decir, que sólo se devolvió a su país de origen al 14,3%. "Ello ilustra la dificultad que implica la política de repatriaciones", afirma el organismo, que aconseja que la apertura de expedientes de devolución tengan en cuenta "que, en buena parte de los casos, no está en la mano de las autoridades españolas" resolverlas.

Sí son más eficaces las órdenes de expulsión, de las que se ejecutaron 4.181 de las 8.286 incoadas, algo más del 50%. La mayoría de ellas (47,3%) tiene como motivo la estancia irregular en el país, mientras que un 23% fueron expulsiones por  sustitución de la pena por delitos y un 17,4% fueron expulsiones por condenas de más de un año de prisión.

El informe también detalla que los llamados vuelos de deportación se han mantenido en cifras similares aunque el número de migrantes repatriados por esta vía aumentó un 75%, entre otras razones, "por el aumento de las repatriaciones a Colombia y Rumanía y, sobre todo, por la apertura de una ruta de Frontex —la agencias europea de control de fronteras— a Senegal", señala. En total, hubo 24 vuelos de retorno en los que se repatrió a 843 personas, mientras que en 2017 fueron 22 para 481.

Bajan los ingresos en CIE pero persisten las carencias

Por otra parte, pese al aumento de llegada de migrantes en patera, el número de migrantes encerrados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) descendió levemente, ya que "no están previstos [...] para fenómenos de importante afluencia de personas que acceden irregularmente por las costas", sino para la espera mientras se ejecuta una orden de expulsión o devolución, destaca el Defensor del Pueblo. Fueron 7.855 las personas internadas en uno de los ocho CIE que funcionan en el país, un 4,64% menos que en 2017.

Un 35,5% de los internados procede de Marruecos, desde donde llegaron de forma irregular casi 13.000 personas, un 147% más que en 2017. Los ciudadanos argelinos supusieron el 31% de los internos en CIE, por lo que la población magrebí supera los dos tercios de la población privada de libertad en estos criticados y opacos centros de detención, seguidos por los migrantes de Guinea Conakry (5,3%) y Senegal (4%), entre otras de las 89 nacionalidades registradas.

El informe vuelve a alertar sobre las presencia de menores de edad encerrados en los CIE. Hasta 88 se han detectado el pasado año, frente a los 48 de 2017.

Durante las visitas del personal del Defensor del Pueblo a cinco de los CIE, "se han seguido detectando carencias", algunas graves, como la falta de espacios para separación entre internos con antecedentes y los encerrados por una simple estancia irregular (una falta administrativa, no un delito). El documento también denuncia que los CIE siguen sin contar con presencia de personal médico las 24 horas del día o la falta de asistencia psicológica y psiquiátrica. También resalta que en ninguno de centros visitados se realizan análisis sobre consumo o enfermedades infectocontagiosas. También se han reportado las malas condiciones de las instalaciones en el de Valencia y el de Murcia, o la petición de cierre del del Algeciras, donde está prevista la construcción de un nuevo CIE en un periodo de tres años.

También denuncia que no se cumple siempre con el derecho de los internos a recibir visitas de ONG alegando motivos de seguridad o También se ha detectado que el derecho de los internos a recibir visitas de ONG o el "evidente clima intimidatorio" que se da en algunos centros como el de Aluche, en Madrid, donde  los internos tiene que atravesar un pasillo de agentes  equipados con escudos, cascos y defensas antiditurbios para ir del comedor a sus celdas. En este CIE, donde se han denunciado en reiteradas ocasiones malos tratos a los internos por parte de los policías, el Defensor del Pueblo "apreció que el centro no parece
contar con un sistema de registro de estas denuncias que permita un análisis agregado sin perjuicio de darles curso de forma individual a la autoridad competente"

Del mismo modo, el informe denuncia que, en viarios CIE,  los partes médicos de los internos por agresiones y otras dolencias no son remitidos a los juzgados de control, a diferencia de lo que sucede con los de los policías que les custodian, remitidos siempre al juzgado de guardia.