"Qué muertas le duelen más al Estado español", se preguntaba este lunes Antonia Ávalos, doctora mexicana en Estudios de Género y fundadora de la asociación sevillana Mujeres Supervivientes. Ávalos se refería a las mujeres migrantes en situación irregular víctimas de violencia de género en España, "un Estado incapaz de proteger su vida y las de sus hijos", añadía. "Estas mujeres no existen para el Estado. Las deja en total indefensión y se vuelve cómplice de sus maltratadores", apostillaba. Así resume esta experta el momento en el que el racismo institucional se cruza también con el maltrato.

Ávalos es una de las portavoces de la campaña "muros invisibles" que han lanzado este lunes la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Red Latinas) y la Asociación de investigación y especialización sobre temas iberoamericanos (AIETI). En total, un conjunto de más de 30 organizaciones de todo el país se han organizado para escenificar "una llamada de atención urgente" a los distintos ministerios encargados de dar protección a las víctimas de violencia machista.

En un acto en Madrid han expuesto este lunes las conclusiones del Foro Estatal sobre violencia institucional basada en género contra las mujeres migrantes, sus hijas e hijos, que tuvo lugar los días 16 y 17 de marzo. Entonces pusieron en común las "múltiples barreras" que tienen que superar las mujeres migrantes, sobre todo las que están indocumentadas, para salir con apoyo institucional del infierno del maltrato. Pero también han lanzado una lista de 22 cambios urgentes que ponen el foco en primer lugar en la Ley de Extranjería.

Hay una cifra que les alarma sobremanera. Desde que se empezaron a contabilizar oficialmente los casos de mujeres asesinadas por su parejas o exparejas, el 67% eran españolas, mientras que el 33% eran extranjeras. Pero las mujeres extranjeras solo representan un 6% de la población, han incidido. "Es una enorme desproporción. Nos parece una guerra de exterminio y estamos alarmadas, sobre todo en los casos de mujeres en situación irregular, que están en total desprotección", añade Ávalos. 

Denunciar el maltrato ya es un riesgo

Denunciar como víctima de un delito es una situación de enorme riesgo para cualquier personas en situación irregular, ya que el hecho de comparecer ante la Policía puede acarrear una sanción, una orden de expulsión y la privación de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), considerados cárceles racistas por numerosas organizaciones.

Las pocas excepciones que se contemplan para que el peso de la Ley de Extranjería no recaiga al denunciar se hacen con las víctimas de violencia machista, para las que se establecen permisos de residencia y trabajo por causas excepcionales. "Pero no funciona así en la practica. No basta solo con la denuncia", señala Ávalos.

Para conseguir una orden de protección como víctima es necesario un informe fiscal o una sentencia condenatoria. "Eso es muy complejo para todas las mujeres. Es un camino largo y complicado, pero es el doble de duro para una mujer sin recursos, sin apoyo familiar o sin hablar el idioma", explica. La doctora insiste en que sin condena, la denunciante sin papeles puede acabar en un CIE y las comunidades autónomas pueden retirarles las custodias de sus hijos por carecer de medios económicos.

Estereotipo de "víctima ideal"

"Es una doble revictimización y un castigo. Hablamos de mujeres que viven en los márgenes. Que sufren la irregularidad, que trabajan en la economía sumergida, con ingresos muy bajos. Sin posibilidad apenas de acceder a un alquiler porque no tienen contrato. Mujeres rotas sin redes de apoyo y totalmente inseguras", especifica la fundadora de Mujeres Supervivientes.

Las entidades denuncian que el actual sistema frente a la violencia de género solo "responde a un estereotipo de víctima, a una suerte de víctima ideal, para
acceder a la protección.

Cambios en la Ley de Extranjería

Por eso, las organizaciones han señalado como prioritario un cambio en la Ley de Extranjería para que se condicione la autorización de residencia y trabajo por causas excepcionales a un informe de los servicios sociales o los servicios especializados de la Administración Pública, en lugar de los requisitos actuales.

Pero también exigen cambios para proteger a los hijos de las víctimas, y eso pasa por "regularizar su situación de inmediato" para evitar preventivamente su exclusión educativa y social. "Si las mujeres son irregulares, sus hijos también. Solo tienen derecho a ir al colegio, pero no a otros recursos como becas. Es una violencia estructural que no les da las mismas oportunidades y les obliga a hereda la indefensión", remarca Ávalos.

También demandan modificaciones en la ley "del solo sí es sí", que deja fuera las mujeres indocumentadas, porque sigue siendo necesario que denuncien y que el proceso acabe en condena o que los jueces deduzcan que ha sido víctima de violencia sexual. "Sabemos que no es tan fácil probar, que falta formación y perspectiva de género en las instituciones judiciales, pero también falta una visión antirracista", señalan. Una enorme tarea pendiente para la retrasada ley contra el racismo, pero también, dicen, para el Ministerio de Justicia, al que piden que impulse una "formación obligatoria, continua y evaluable sobre la perspectiva de género, violencias machistas, antirracismo y otros temas que sensibilicen a jueces, juezas, Fiscalía y abogadas y abogados del turno de oficio".

"El objetivo de esta campaña es que nos escuchen y nos vean, que se reúnan con nosotros", aseguran sus portavoces. "No es un acto de confrontación con el Ministerio de Igualdad. Es una llamada de atención al único ministerio que hasta ahora ha sido realmente sensible a estas cuestiones", apuntala Ávalos. "No se puede avanzar en igualdad, en feminismo, si no se avanza paralelamente en antirracismo", concluye esta experta, que recuerda que todavía está pendiente el debate parlamentario sobre la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de migrantes, que ha reunido más de 700.000 firmas de apoyo.

"Les guste o no a los gobernantes, hay racismo todos los días", ha señalado Hodan Sulaman, del grupo de Mujeres Africanas, quien ha hablado de delitos que no se comenten en España pero que también deberían contar con la protección de las instituciones, como las víctima de mutilación genital femenina o de matrimonios forzados.

Las organizaciones promotoras recuerdan que esta hoja de ruta es el resultado de años de trabajo diario con mujeres migrantes víctimas y supervivientes, con expertas y organizaciones de mujeres migrantes, pero también de organizaciones nacionales que la respaldan. De hecho, Ávalos insiste en destacar una de las frases más contundentes de la magistrada Gloria Poyatos, miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España: "La violencia de género institucional es una de las más perversas formas de agresión, porque quien la ejerce, lo hace bajo el amparo legítimo del Estado de derecho". Si se le añade el racismo institucional, el daño es doble, recuerdan.