Con el auge de la segunda ola y el endurecimiento de restricciones ha habido un aumento de protestas en Catalunya, por diferentes motivos y organizadas por una variedad amplia de colectivos. El movimiento por la vivienda es uno de los que se mantiene más movilizado ante la ejecución imparable de desahucios, pero también ha habido protestas de sectores económicos como la restauración y la cultura, y también algunos estallidos violentos atribuidos a grupos de extrema derecha. El ataque con pintura a la fachada del Palau de la Generalitat activó todas las alarmas y obligó al Govern a reforzar la seguridad de las conselleries que están en la primera línea de la gestión de la pandemia, como Salut o Treball.

"Cuando hay una crisis, se agudizan muchos malestares", explica Jordi Mir, profesor universitario y experto en ética, filosofía moral y movimientos sociales. Las movilizaciones suelen responder siempre a realidades que ya existían previamente. Así pues, las que estamos viendo se deben a cuestiones que ya estaban allí pero que la situación actual ha hecho emerger con fuerza. "En una situación de crisis como la actual vemos como el malestar existente va en aumento, y los colectivos que se organizan o que ya estaban organizados son los que hacen crecer movilizaciones en un sentido u otro", apunta el investigador.

Para entender por qué ahora hay protestas y durante la primera ola no, Mir señala que hay que mirar todo lo que ha pasado desde que comenzó la pandemia y la gestión política que se ha hecho. "Ha habido un conjunto de decisiones que hay quien no valora satisfactoriamente porque le afecta muy radicalmente en sus proyectos vitales", dice.

Protestas heterogéneas

Si por algo se caracterizan las protestas recientes es por su heterogeneidad. El investigador identifica diferentes tipos: por un lado están las protestas de sectores concretos, como la restauración, que tienen relación directa con su situación laboral.

Por otro lado, hay grupos que manifiestan una especie de "enmienda a la totalidad" a las decisiones que se están tomando. La izquierda independentista anticapitalista, por ejemplo, ha impulsado una serie de convocatorias con un planteamiento más genérico que "cuestiona cómo se está gestionando políticamente la pandemia".

Por último, Mir apunta a otros colectivos, "más difíciles de identificar pero vinculados a espacios de extrema derecha", que podrían aprovechar la coyuntura para "intentar capitalizar el malestar para hacer crecer unas ideas políticas afines a su posición" .

El historiador y experto en extrema derecha Carles Viñas descarta, sin embargo, que esta estrategia pueda tener éxito. "La extrema derecha tiene la voluntad de tener un papel protagonista, pero le falta músculo". No tiene suficiente gente y le falta coordinación, por lo que no ha tenido éxito en coordinarse a nivel estatal: "Tiene debilidad organizativa".

El último fin de semana de octubre, con la aprobación de nuevas restricciones como el confinamiento de fin de semana, coincidieron en Barcelona muchas manifestaciones de signos y colectivos diferentes y contrarios. Hubo disturbios en la capital catalana pero también en ciudades como Madrid o Bilbao y se señaló a grupos ultras. Viñas apunta que la movilización de la extrema derecha fue "bastante espontánea", lejos de conseguir una coordinación general. "Los ultras no eran el colectivo más abundante ni numeroso. Y si convocan ellos solos, son cuatro ", apunta.

Criminalización de la protesta

La existencia de un tejido social organizado desemboca en una mayor movilización. Uno de los movimientos que está haciendo más demostración de fuerza en los últimos meses es el que defiende el derecho a la vivienda. La consolidación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), creada en 2009, es uno de los factores que explica la fuerza del movimiento.

En esta materia, la pandemia ha agravado una situación ya crítica. "Estamos dando una respuesta desde abajo, organizada, pero no sólo a los desahucios. Podríamos decir que la vivienda lleva 10 años en crisis", afirma Silvia Abadia, coportavoz del Sindicat de Llogateres.

Recientemente, el Sindicat ha recibido 36 multas de 601 euros por intentar evitar un desalojo que se acabó ejecutando con "mucha violencia". Abadia dice que están "escandalizadas" con esta práctica que se está sistematizando en los últimos meses. "Parece que hay una intención por parte de los cuerpos policiales de criminalizar al movimiento y amedrentarlo a través de la persecución y represión con multas amparadas en la Ley Mordaza", critica.

Al mismo tiempo, la coportavoz incide en que la protesta es la única vía del movimiento para presionar por el cumplimiento de unas leyes que no se están aplicando: la obligación de los grandes propietarios de ofrecer alquiler social antes de desahuciar o la limitación de los desalojos mientras dure la pandemia, por ejemplo. "Sin todo este trabajo de gente organizada, no habría estos marcos legislativos. Se generan, se aprueban, pero sin el movimiento, no se respetan", afirma Abadia.

En toda Europa

Las movilizaciones a raíz de la segunda ola no son exclusivas ni de Catalunya ni del Estado. Las hemos visto en diferentes países europeos, con especial virulencia en Italia, pero también en Francia, Alemania o Bélgica. Precisamente, Viñas señala que los grupos de extrema derecha de aquí están intentando coger de ejemplo convocatorias como las que tuvieron lugar en las ciudades italianas de Roma o Nápoles: "Pero aquí no tienen suficiente fuerza", reitera el historiador.

A pesar de esta debilidad, Viñas hace un llamamiento a ver "por qué hay estos estallidos sociales" y apunta a un "demérito de las instituciones". Si la situación actual va a más y empeora, advierte, esto puede dar pie a que las movilizaciones de la extrema derecha tengan más recorrido.