La promoción de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de forma íntegra por las administraciones públicas continúa siendo una asignatura pendiente en Catalunya y en buena parte del Estado español.

Esta realidad la vuelve a constatar un estudio acabado de elaborar conjuntamente por la cátedra de empresa Vivienda y Futuro de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores y Constructores (APCE).

Una de sus conclusiones es que entre el 60 y el 80% de los pisos sociales construidos a Catalunya durante la última década han sido obra de la iniciativa privada.

El dato se enmarca en un contexto, señalado por el informe La promoción de vivienda en los planes estatales y los fondos Next Generation, en que en la próxima década habrá que incrementar el ritmo de ejecución para dar respuesta a las necesidades de vivienda de una parte importante y creciente de la ciudadanía que no puede afrontar la compra de un piso.

Desde la óptica de las entidades en defensa de la vivienda, como es el caso del Sindicat de Llogateres, se recuerda que los promotores son uno de los colectivos que más se ha beneficiado del cambio de catalogación de los pisos protegidos, que después de 20 años, han pasado de forma automática al mercado libre.

En el informe se detalla que en los últimos 30 años, en Catalunya se iniciaron más de 200.000 viviendas de protección oficial. Antes del año 2000, el techo de viviendas empezadas anualmente estaba alrededor de las 20.000 unidades, cifra que, según los autores del estudio, se tendría que recuperar de forma inmediata para dar respuesta a la necesidad de vivienda a los nuevos hogares que se crearán los próximos años.

Tomando como base las estadísticas de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, el informe La promoción de vivienda en los planes estatales y los fondos Next Generation observa que, en la última década, entre un 60 y un 80% de las viviendas de protección oficial han sido impulsados por los promotores privados.

Proveer vivienda asequible

Dicho estudio ha sido llevado a cabo por el catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo; el director de la cátedra y catedrático de Economía Aplicada al TecnoCampus-UPF, Josep Maria Raya; y el doctor en Derecho Carles Sala Roca.

Los autores aseguran que el texto evidencia "la necesidad de articular mecanismos de colaboración público-privada por las promociones de viviendas de protección oficial, puesto que las promotoras públicas no han logrado ni la estructura ni el presupuesto suficientes para proveer de forma eficiente la vivienda asequible de alquiler".

En esta línea, añaden que las cifras demuestran que los promotores privados son, con diferencia, los principales productores de vivienda con protección pública. El estudio incide en la insuficiencia presupuestaria y de la carencia de programas adecuados como causa principal de la carencia actual de vivienda de protección oficial.

Una de las conclusiones principales es la incapacidad de las administraciones para actuar. "A pesar de la voluntad manifestada desde la década de los noventa de estimular las actuaciones de acceso al alquiler, las cifras que nos ofrece la estadística manifiestan claramente que las administraciones públicas no han sido nada eficientes en articular un sistema adecuado y de confianza para los promotores, públicos o privados", aseguran los autores.

Precisamente, en el acceso al alquiler es donde pone el foco una entidad como el Sindicat de Llogateres. Uno de sus portavoces, Enric Aragonès, manifiesta la necesidad de blindar que las nuevas promociones de viviendas calificadas de protección oficial se destinen a un parque público en régimen de alquiler a perpetuidad.

A pesar de que esta reivindicación está establecida por ley en Catalunya desde el año 2019, Aragonès precisa que "hay una gran cantidad de viviendas de protección oficial, levantados con dinero público, que después de 20 años han pasado al mercado libre y del cual se ha beneficiado la iniciativa privada".

Eliminar el modelo segregador

El Sindicat de Llogateres defiende que la medida para poder blindar el carácter social de una vivienda de forma perpetua "es una herramienta que tiene que ser masiva para ser eficaz y que no tenga un carácter estigmatizador".

Su portavoz indica que, de este modo, se evitaría la gentrificación, el fenómeno por el cual se expulsa a las clases medianas de los barrios tradicionales de las grandes ciudades.

En relación con la petición de los promotores, Aragonès aclara que la mejora en el acceso con la vivienda no se soluciona sólo con más promoción pública.

"La construcción de pisos sociales no exime de impulsar el control de los precios del alquiler o que la administración utilice herramientas como el tanteo y retracto o el cambio de usos de las construcciones vacías. Así también crecería el parque de vivienda pública".

Entre las medidas presentadas antes de las elecciones municipales del pasado mayo, el sindicato reclamó que todos los municipios catalanes modificaran su plan de urbanismo para establecer que las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de más de una determinada superficie situadas en suelo urbano consolidado tengan que destinar un porcentaje concreto de sus viviendas (30%) a protección oficial.

En relación con la responsabilidad municipal, la entidad apunta que los ayuntamientos pueden ejercer el derecho de tanteo y retracto para parar procesos especulativos, a menudo vinculados en mejoras urbanísticas, que actualmente están expulsando a miles de vecinos de muchas ciudades y barrios de Catalunya.

Más allá de determinar sobre quién tiene que recaer la responsabilidad de levantar nuevas promociones de viviendas de protección oficial, si a las administraciones públicas a o la iniciativa privada, otro factor a resolver es la creación de un registro único público de promociones cualificadas de Vivienda de Protección Oficial, que recoja las características de las promociones y sus viviendas.

Además, debe recoger la propiedad y gestora de estas, su ubicación, las subvenciones, préstamos y desgravaciones fiscales recibidas, la ganancia prevista a través de rentas en el tiempo de amortización de la promoción y toda la documentación exigida por los planes de vivienda necesaria para que una promoción sea cualificada de protección oficial. Sería una fórmula adecuada para dotar de transparencia al mercado.